Un total de 37 organizaciones sociales, sindicales y de consumidores remitieron este jueves una carta a los Ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente del Estado español expresando su "honda preocupación" por los graves efectos que las sustancias capaces de alterar el sistema hormonal están ocasionando sobre la población y el medio ambiente y solicitando la implantación urgente de medidas para reducir la exposición a estas sustancias.
Los alteradores hormonales (EDC, por sus siglas en inglés) son sustancias químicas presentes en multitud de productos de uso diario, que están relacionados con problemas de salud reproductiva (por ej. infertilidad, malformaciones congénitas), tumores y otras enfermedades en órganos hormono-dependientes (mama, próstata, testículo, tiroides), enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad), enfermedades inmunológicas y alteraciones en el desarrollo del sistema neurológico, entre otras. Sus efectos se extienden al medio ambiente y a la fauna salvaje. Para muchas de estas sustancias existen ya alternativas.
Las 37 organizaciones firmantes suscriben un escrito de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne a 3.800 investigadores y profesionales de la salud pública en el Estado español. En esa carta, dirigida a la ministra de Sanidad, Ana Mato, se solicitaba, entre otras medidas:
- Formación de profesionales sanitarios y del ámbito educativo, en particular de aquellos en contacto con mujeres embarazadas y niños.
- Información ciudadana sobre medidas para reducir la exposición a EDC.
- Eliminación del uso de EDC en contratas y compras públicas (por ej. mantenimiento de edificios y carreteras, jardinería, guarderías, colegios, etc.).
- Prohibición de la exposición laboral a EDC de trabajadoras embarazadas y lactantes.
- Campaña de prevención de la exposición laboral a EDC.
- Prohibición de EDC en materiales y productos en contacto con alimentos y en artículos y productos de uso infantil.
- Apoyar la investigación sobre exposición a EDC en España y cómo prevenirla.
Las organizaciones sociales recuerdan a las ministras que muchas de estas actividades deberían haberse desarrollado ya a través de planes de obligado desarrollo en el Estado español, como son el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo o el Plan Nacional de Salud Medioambiental.
Los firmantes consideran que el Estado español "no puede permitirse seguir retrasando la adopción de medidas para reducir la exposición de la población y el medio ambiente a estas sustancias tóxicas" y se ofrecen a colaborar con las autoridades sanitarias y medioambientales para impulsar su adopción a todos los niveles (estatal, territorial y municipal).
