El último escrito presentado por la Abogacía del Estado, con respecto a la demanda presentada por Europa Laica y el Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL), consigue aplazar, sin fecha prevista para su celebración, el juicio contra el Ministerio del Interior por la condecoración impuesta a la Virgen del Santísimo Amor.
El escrito presentado por la Abogacía alegaba que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 7, y por tanto su titular, Ana María Jimena, carecía de “competencia objetiva para el conocimiento” de la causa. Así mismo, y con el fin de prorrogar indefinidamente la llegada del juicio, argumentaba que la Virgen del Amor no es “funcionaria”, por lo que la Abogacía del Estado solicitaba que la decisión fuera tomada por varios jueces, en concreto por el conjunto de la sala de lo Contencioso-Administrativo.
Los demandantes aceptaron el escrito de la Abogacía del Estado, aún definiéndolo como “una argucia legal para demorar y dilatar la vista oral, cambiar el titular y volver a empezar de nuevo con todas la diligencias”. Sin embargo, decidieron no entrar en el “rifirrafe competencial”.
La demanda presentada por ambas asociaciones cuestionaba que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, reconociese a una “figura religiosa, que no es persona ni por tanto tiene entidad jurídica, ni es, ni puede ser sujeto de derechos ni obligaciones” y advertían que la concesión de la medalla debía ser impugnada por ser “irracional” y “arbitraria”.
Ante la providencia dictada, el pasado lunes, por la jueza Ana María Jimena, que aplaza ‘sine díe’ el juicio, ambas asociaciones han anunciado que presentarán en los próximos días varios escritos para evitar que la causa se siga retrasando. Además, solicitaran a la jueza que reclame el expediente administrativo completo por el que se le concedió la medalla a la Virgen del Santísimo Amor, que debía haber sido entregado el pasado 12 de mayo.
La táctica de la Abogacía del Estado parece estar buscando una dilación en el proceso, que haga desesperar a los demandantes, o hacer caer en saco roto una causa, que desde el Ministerio del Interior, desearían no se hubiera iniciado nunca. Desde ambas asociaciones esperan que se resuelva el “incidente de competencia objetiva” lo antes posible y que se fije una nueva fecha para el juicio.
