LA DIRECTA | Jesús Rodríguez | El fiscal Miguel Ángel Aguilar ha descrito un escenario de ataque paramilitar perfectamente organizado, con individuos encapuchados, estructura jerárquica y el objetivo de matar. A pesar de todo, este viernes los dieciséis acusados de asesinato en grado de tentativa la noche del 23 de marzo de 2012 junto a la sala de conciertos Stroika de Manresa –que afrontan penas de hasta 30 años de prisión– lo han negado todo y han buscado como coartada una fiesta infantil que, supuestamente, se celebró en la misma hora del ataque pero a seis kilómetros de distancia.
Todos ellos de manera solidaria han ingresado 97.000 euros en la cuenta corriente del juzgado para indemnizar las víctimas de la paliza –que tendrán secuelas el resto de sus vidas–, y sus abogados intentaron pactar una pena de diez años de prisión a cambio de reconocer la autoría del ataque, pero aún así hoy uno tras otro han negado saber nada de los hechos y han buscado coartadas. El primero al prestar declaración ha sido Javier Cirera, a quien el fiscal considera líder del grupo y organizador del ataque. Cirera ha asegurado que aquel día fue a trabajar a la SEAT y después se desplazó hasta Manresa para comprar unas “chuches" por su hijastro, puesto que según ha explicado era el aniversario de la criatura y le habían organizado una fiesta al bar Hace falta Cal Curro del Pont de Vilomara. Así lo ha ratificado su compañera sentimental, Ana María Miñarro, quién según la fiscalía hizo tareas de vigilancia alrededor de la sala Stroika de Manresa un rato antes del ataque. Ella lo ha negado.
A continuación han declarado Víctor Enríquez, Cristian Triviño y Daniel Machado que, supuestamente, la noche de los hechos llegaron a la comarca del Bages en coche y toparon con un control antidroguas de la Guardia Civil. La fiscalía considera que se dirigían en su punto de encuentro donde se repartieron las armas para hacer el ataque, el hotel Don Cándido de Terrassa, pero ellos lo han negado y han dicho que fueron a cenar en Sant Vicenç de Castellet.
Antonio Fuentes y Cristian Ávalos, con una declaración de poco más de diez segundos, han negado tener ninguna relación con los hechos y no han querido responder las preguntas de la fiscalía, una estrategia de defensa que se ha repetido en todos los casos hasta el final de la sesión. En el caso de Jorge Hernández la abogada defensora ha insistido al desvincularlo de su pertenencia a grupos de “hooligans” de extrema derecha y él se ha esforzado al explicar al tribunal que durante el paso por la prisión hizo cursillos de terapia especializados en “habilidades sociales y resolución de problemas”.
Geolocalización muy cercana al lugar de los hechos
Ricardo Peregrina, vecino de Viladecavalls y tatuador de profesión, ha explicado como aquella noche después de tatuar a un cliente de origen latinoamericano –lo ha querido destacar diciendo que él tatua a quién sea sin discriminación por razones de raza, religión o ideología–, este hombre lo trajo hasta la fiesta infantil del bar de Pont de Vilomara, donde lo había invitado Javier Cirera. Ha tenido un lapsus durante la declaración, puesto que a pesar de decir que él no conducía se le ha escapado “me equivoqué de carretera”, y a continuación ha rectificado diciendo “nos equivocamos”. Un punto en común en todas las declaraciones: los vehículos con los cuales viajaron al bar donde se hacía la fiesta infantil confundieron el trayecto y no pueden asegurar que no pasaran cerca de la avenida de Dolors norteña de Manresa (lugar donde está la sala Stroika), donde se produjo el ataque neonazi. Fuentes de la acusación explican que esta versión exculpatoria de la fiesta infantil topa con una poderosa prueba: la geolocalización muy cercana a la sala Stroika de sus aparatos de telefonía móvil, según consta a un informe incorporado a la investigación.
Alberto Fernández y Carlos Pérez se conocían y residían en Tarragona. Según ellos aquella noche viajaron hasta Terrassa, donde supuestamente cenaron con Sergio Domínguez y otro amigo de Tarragona. Niaguen haber participado en ninguna agresión y no conocían ni la sala de conciertos ni los grupos que actuaban aquella noche. Jose Manuel Pousa, vecino de Esparreguera, se ha desvinculado también de los hechos. Ha aclarado que su declaración inculpatoria ante los Mossos y del juzgado de guardia la hizo por coacciones de la policía, que lo amenazaron con “no volver a ver sus hijos”.
Un tatuaje en el cuello con el número 88
Óscar Recio, vecino de Polinyà, ha prestado declaración vestido con camisa de manga larga, como la gran mayoría de los acusados, pero no ha podido evitar mostrar un tatuaje al cuello con el número 88 (que hace referencia dentro de la terminología neonazi al saludo 'Heil Hitler', la H es la octava letra del abecedario) y un tatuaje en la mano derecha con las palabras “Sangre y honor”. Hay que recordar que la Audiencia de Madrid desarticuló en 2010 la organización neonazi “Sangre y Honor”, una filial de la inglesa “Blood & Honour”. Recio, además, colgó hace tres años en Facebook unas fotos donde se lo veía con uniforme de las SS alemanas. También ha negado todas las acusaciones.
Daniel Rodríguez ha expuesto su coartada en coherencia con las palabras pronunciadas después por Genís Vila (los dos acusados). Ha asegurado que, acompañados de sus amigos Gerard y Sergio, fueron al bar Peña de Sabadell, pero que Cirera los llamó para invitarlos a la fiesta de aniversario del hijastro. Cuando se dirigían hacia Pont de Vilomara se pararon porque no conocían la dirección exacta y, después de esperar un rato, los enviaron “a la mierda”, porque los habían dejado “tirados”. Después optaron para ir hasta Castellar del Vallès, donde cenaron en el restaurante Blanco y Negro, donde trabaja un camarero que es muy amigo suyo. Rodríguez también ha aclarado que las botas militares que encontraron durante el cacheo en su casa eran un recuerdo de su paso por el ejército profesional. Por último, ha hablado Cristian Cibantos, quien con unas breves palabras ha negado su participación en los hechos.
El tribunal levantó la sesión a las 12.30 y la vista se retomará el 12 de junio con la declaración de los testigos y las periciales. Algunos periodistas y dos abogados de la defensa han cruzado unas palabras en el pasillo antes de marchar. Nadie se ha visto capaz de negar que en la sala no se ha dicho la verdad, entendiendo, que los acusados tienen el derecho constitucional a mentir. El 26 de junio el juicio tendría que quedar visto para sentencia.
