El delegado del gobierno del Estado español en Aragón, Gustavo Alcalde, continúa con su particular persecución hacia la protesta ciudadana y criminalización de los movimientos sociales zaragozanos y aragoneses que en el ejercicio de los derechos fundamentales de concentración y manifestación, así como de libertad de expresión, no se resignan a aceptar las políticas austericidas y liberticidas de los gobiernos del PP.
En este sentido, varias de las personas que participaron en las manifestaciones de apoyo a Gamonal en Zaragoza durante el pasado mes de enero, donde fueron identificadas hasta 150 ciudadanos y ciudadanas, recibían en los últimos días en sus domicilios apercibimientos de sanción administrativa y multas. Por todo ello, colectivos y personas afectadas acordaron entregar conjuntamente alegaciones a dichas sanciones y realizar una concentración el viernes 2 de mayo, a las 13.30 horas en la plaza del Pilar de la capital aragonesa para “condenar la represión que sufrimos cada vez que salimos a la calle a protestar o reivindicar”.
Prácticamente todas las sanciones resultan ser copia literal unas de otras y justifican las sanciones al amparo del artículo 23 de la Ley de Seguridad Ciudadana española, acusando a las personas notificadas de una infracción por tratar de provocar una alteración del orden público. El Régimen español basa estas acusaciones en que presuntamente todas las personas denunciadas habían pronunciado la frase “perros del gobierno, asesinos, vamos a por ellos”, durante las jornadas de lucha ciudadana en solidaridad con los vecinos del barrio burgalés de Gamonal.
Sin embargo, todas las personas que participaron en la entrega de alegaciones han negado haber proferido gritos, y mucho menos el que les atribuye el atestado policial. Así, una de estas personas explicaba como ese día “nosotras nos dirigíamos a la concentración en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en un grupo de unas 20 personas, cuando a la altura de la plaza Aragón nos paró la policía, el despliegue más impresionante que he visto, y nos pidió los dnis”. Otra de las personas ahora denunciadas continúa explicando que después “nos hicieron volver hacia la Madalena, de donde veníamos, y nos advirtieron que si gritábamos nos podían multar, con lo que no gritamos. Luego nos volvieron a identificar en otra calle cuando nos habían separado en grupos más pequeños. Pero nadie gritaba, y mucho menos el grito que nos atribuye el atestado policial”.
En la misma línea, el presidente del comité de empresa de AUZSA, Chabier Anadón, que también acudió junto a otros representantes políticos y vecinales para solidarizarse con las personas sancionadas explicaba que “cuatro de los sancionados son conductores que estaban comprobando horarios en la caseta de la empresa”.
Varias de las alegaciones han sido presentadas contando con la coordinación de la comisión de Derechos Humanos del 15M de Zaragoza y, por su parte, el colectivo laicista aragonés Mhuel se solidarizaba en una nota de prensa “con todas las personas que en este momento están multadas o apercibidas de sanción administrativa por parte de la delegación del gobierno, y les mostramos nuestro incondicional apoyo por defender su libertad de expresión”.
El colectivo laicista explica que “es para nosotras muy triste tener que recordar lo que prácticamente todas ya sabéis: cuatro sentencias condenatorias del TSJA contra la delegación del gobierno actual por vulneración de derechos fundamentales constitucionales, sobre derechos de manifestación y concentración . De ellos uno con pago de costas por temeridad civil acompañado de un auto judicial que haría dimitir a cualquiera. Aunque ‘solo’ se consiguió liberar la calle Alfonso de los ‘caprichetes’ del Delegado”.
Asimismo, Mhuel también recuerda que Gustavo Alcalde ha recibido “peticiones masivas de dimisión o cese desde todas las esferas -partidos, sindicatos, mareas, asociaciones, etc- sin éxito alguno. Y dos apercibimientos verbales del Justicia de Aragón por sus formas y maneras de tratar la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales”.
“También un escrito de reprobación del Defensor español del Pueblo al delegado recordándole los preceptos del tribunal constitucional y del tribunal de derechos humanos europeo sobre el ejercicio de derechos fundamentales. No ha hecho ni caso”, indica Mhuel.
Hace escasos meses también se produjo la intervención de Marea Ciudadana en la comisión de peticiones ciudadanas de las Cortes de Aragón, para denunciar e informar a los grupos parlamentarios sobre las actuaciones del delegado del gobierno del Estado español en Aragón. También dos preguntas del diputado en el parlamento español de la Izquierda Plural, Chesús Yuste, al gobierno del estado sobre el delegado, sus formas y maneras, “con contestaciones patéticas y desoladoras, arropándose en la comisión con el ilustre aragonés de pro Santiago Lanzuela ensalzando las virtudes del actual delegado”, señalan desde Mhuel, y una moción de CHA apoyada por IU Aragón en el Ayuntamiento de Zaragoza para reprobar y solicitar el cese del actual delegado, sin que ésta prosperará por el voto en contra del PSOE.
Desde Mhuel informan que “con mucha sinceridad y pluralidad, recogiendo todas las sensibilidades, hemos intentado atajar los ímpetus de Gustavo Alcalde y sus maneras de entender los conceptos de libertades y seguridad ciudadana. Quizás en algún momento se ha conseguido aminorar sus ansias de proponer su ‘ordeno y mando’, pero con las noticias recientes, vemos con muchísima decepción que para alguno no le vale que le corrijan ni tribunales ni otras instituciones del estado amén del clamor popular, y prefiere seguir sordo y ciego cumpliendo con unas obligaciones que creemos que sobrepasan sus atribuciones”.
Por todo ello, Jorge García, portavoz del colectivo laicista aragonés señala que Mhuel “quiere y pretende no llevarse a engaños, pero la realidad demuestra todo lo contrario a la teoría de los hechos manifestados. La lucha y el esfuerzo por cambiar este rumbo, no ha dado los resultados que esperábamos. El actual delegado es parte del problema y no de la solución, por eso mismo Mhuel seguirá luchando en los ámbitos que considere oportunos para preservar los derechos fundamentales de todas las personas que quieran ejercer su libre expresión y sus derechos de concentración y manifestación”.
