Con motivo del Día Internacional de la Salud, que se celebra hoy 7 de abril, Médicos del Mundo hace público el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”. Este informe muestra que las medidas que han tenido que adoptar Aragón y las comunidades autónomas españolas para ejecutar el Real Decreto-ley 16/2012 son muy heterogéneas y están descoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios bajo administración del Estado español. El documento analiza detalladamente los mecanismos ideados por cada territorio para lidiar con las dificultades de aplicación de la reforma sanitaria. Unas medidas que no son más que “parches” que intentan paliar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado la legislación española.
Esta reforma estructural del sistema sanitario se justificó en términos de austeridad. Sin embargo, dos años después, la sociedad aragonesa, y la española desconoce el ahorro supuestamente producido. “Durante los dos años transcurridos desde su aprobación, diferentes mecanismos de Derechos Humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al gobierno del estado español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables”, explican desde Médicos del Mundo.
Un “menú” variado e incompleto
Andalucía, Aragón, Asturies, Canarias, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Euskadi, Galiza y País Valencià han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos. “Ocho de ellas en forma de “programa complementario” para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos y dos reconociendo el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente (Andalucía y Asturias)”, detallan desde la ONG.
“Entre el resto de territorios han definido condiciones de acceso a la atención médica -sin emitir tarjeta sanitaria- en determinados supuestos y con criterios diferentes entre unas y otras. Como resultado, encontramos un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria que varía considerablemente de unos sitios a otros. Otra característica de la mayoría de los ‘programas especiales’ es la escasa efectividad que están teniendo. Por ejemplo, sólo 1.470 personas han logrado cruzar con éxito la travesía burocrática necesaria para beneficiarse del programa gallego; apenas 500 han accedido al programa aragonés y sólo 145 al canario, una cifra ridícula si tenemos en cuenta que 48.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria en las islas”, denuncian.
También la prestación farmacéutica es regulada de manera desigual entre las distintas territorios, limitándose por lo general a cubrir únicamente algunos supuestos, así, “miles de personas enfermas están sin atención médica ni farmacéutica. Las personas que están sufriendo la exclusión sanitaria se encuentran en una situación de enorme desamparo, no solo por no recibir asistencia médica cuando la necesitan, sino también porque no están siendo informadas adecuadamente de sus derechos y de las distintas alternativas que se han puesto en marcha para paliar los efectos más negativos del Real Decreto-ley. Siguen produciéndose denegaciones de asistencia sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas -cuando ésta es obligatoria-; facturaciones de la asistencia en urgencias -aunque debe ser gratuita y universal-; y numerosos casos de incumplimiento de las normas de las que se han dotado las propias administraciones para minimizar los efectos adversos del cambio legislativo”, indican desde Médicos del Mundo.
“En realidad, toda la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo. Las personas inmigrantes con y sin permiso de residencia y las personas con ‘nacionalidad española’ han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La situación de precariedad económica de muchas familias hace que los copagos constituyan una barrera infranqueable para el acceso a los fármacos, impidiendo con ello el seguimiento de tratamientos que podrían poner fin a sus enfermedades o al menos disminuir su gravedad”, explican.
En cuanto a la violencia de género, y teniendo en cuenta que según datos de 2011, su incidencia entre mujeres extranjeras doblaría la que sufren las aragonesas, “la reforma sanitaria significa un grave retroceso en la estrategia contra este delito, al impedir el acceso a la atención primaria, donde se detectan muchos de los casos. Igualmente, resulta prácticamente imposible la detección temprana de enfermedades con riesgos para la salud pública si cientos de miles de personas que viven en el Estado español no acceden a la atención primaria”, detallan.
Conclusiones y recomendaciones de Médicos del Mundo
La ONG pide al gobierno del Estado español que “restituya el modelo sanitario acorde con el principio de universalidad de la asistencia sanitaria. Por su parte, las administraciones autonómicas, de manera transitoria hasta recuperar la universalidad del Sistema de Salud, deben poner en marcha acciones para hacer efectivo en su territorio el pleno cumplimiento y respeto del Derecho a la Salud: poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria, garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas, garantizar el acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica tanto para las personas inmigrantes excluidas del Sistema de Salud como para las nacionales que encuentran en el copago una importante barrera de acceso, divulgar ampliamente de forma adecuada y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico”, concluyen.
