La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA) y la Federación de Asociaciones (FADSP) se oponen a la puesta en marcha en Aragón del modelo de unidades de gestión clínica del Ministerio de Sanidad.
En contra del criterio de la ADSPA y la FADSP de poner en marcha medidas que mejoren la coordinación de los recursos y niveles asistenciales, que estimulen la implicación y participación de los trabajadores sanitarios, que mejoren la racionalidad con instrumentos basados en la evidencia, y que reduzcan el poder de los gestores hospitalarios el Consejero Oliván anuncia la puesta en marcha de una experiencia piloto de Unidades de Gestión Clínica siguiendo directrices del Ministerio de Sanidad que "pretende utilizar la creación de estas Unidades para desmantelar y privatizar el sistema sanitario público".
"Fragmentar los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestionase aplicando las diferentes fórmulas de gestión privada (Ley 15/97), presupuesto propio y capacidad para comprar y vender sus servicios creando un mercado interno sometido a las leyes de la competencia. Dar entrada en los centros públicos a capital y proveedores privados, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnología sanitaria. Someter y controlar a los profesionales y trabajadores sanitarios. Laboralizar al personal privándole de las garantías del Estatuto Marco para controlar sus decisiones clínicas, reducir sus salarios, eliminar su estabilidad y condiciones laborales. Romper la unidad vinculándoles a diferentes empresas con múltiples condiciones laborales. Hacer cómplice al personal de las políticas de recortes asistenciales a los ciudadanos permitiéndoles quedarse con una parte de los ahorros generados en los procesos asistenciales. Cambiar el modelo sanitario público, universal, accesible y redistributivo establecido por la Ley General de Sanidad: Eliminar los actuales servicios y sustituirlos por entidades empresariales controladas por gerentes dotados de una gran capacidad de decisión y orientadas al beneficio personal. Acabar con el modelo comunitario basado en entidades territoriales y niveles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria y con participación social. Trasformar la AP en la portera del sistema para seleccionar pacientes y patologías de acuerdo a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión controladas desde los hospitales", son algunas de las "pretensiones" de Oliván a juicio de la ADSPA y la FADSP.
"Todo ello permitirá avanzar en la privatización de la provisión con financiación mixta, una parte a través de los presupuestos y otra por los copagos. Se pervierte y desacredita así el concepto de gestión clínica para modificar la situación del personal sanitario (deberá renunciar al Estatuto para poder integrase en las Unidades), se liga la Gestión Clínica a cambios del régimen jurídico de los centros, se fragmenta el sistema público y se da entrada al sector privado", aseveran.
Entre las consecuencias, la ADSPA y la FADSP destacan "un previsible aumento del gasto sanitario innecesario", ya que "las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas, mientras que el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías". "La pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para estas Unidades de Gestión Clínica", concluyen.
