El concepto de pobreza energética fue expuesto por la investigadora Brenda Boardman y hace referencia al hecho de que un hogar no sea capaz de pagar una cantidad de servicios de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas o se vea obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Se considera que al fenómeno de la pobreza energética contribuyen tres factores, definidos a escala del hogar, como son la renta familiar, el precio de la energía, que en los últimos cinco años se ha incrementado en un 50%, y la eficiencia energética de la vivienda.
Albaro Abadías, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Monzón y en la comarca de Cinca Meya recuerda que “la pobreza energética es una manifestación más de la pobreza que con carácter general se extiende en nuestra sociedad como consecuencia de la crisis y los innumerables recortes en el Estado del bienestar, y es que esta situación alcanza a un gran número de hogares y es especialmente preocupante cuando existen hijos menores que sufren en el día a día la imposibilidad de sus familias de mantener en el hogar familiar una temperatura adecuada durante los meses de invierno”.
“Y es que el último Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja evidencia que el 58 % de las personas atendidas en 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada, un 16 % más que en 2011, y se calcula que este problema afecta a entre un 10 y un 15 % de la población”, afirma Abadías.
Por todo ello desde CHA han presentado sendas mociones en la comarca de Cinca Meya y en el Ayuntamiento de Monzón, para que "estas instituciones conscientes de la grave situación económica de numerosas familias, en situación de pobreza energética, se comprometan a garantizar el suministro de un mínimo vital de energía eléctrica y agua potable para aquellos hogares con escasos recursos económicos que no pueden atender sus necesidades básicas, especialmente en los casos en los que hay hijos menores de edad".
Se propone también solicitar al Gobierno de Aragón que constituya una mesa de trabajo contra la pobreza energética, con participación de asociaciones de consumidores, entidades sociales, compañías suministradoras y expertos en la materia, con objeto de regular de "fijar un sistema de tarifas sociales reducidas en los suministros de energía eléctrica y abastecimiento de agua para aquellos hogares con escasos recursos económicos que no puedan atender sus necesidades básicas; establecer un protocolo de actuación previo al corte del suministro en los casos de impagos reiterados, requiriendo la previa autorización de la administración; y realizar una propuesta de delimitación del concepto de consumidor vulnerable para su desarrollo reglamentario".
"Una vez elaborado este plan será trasladado al Gobierno de España para que en las materias de su competencia de cumplimiento a su contenido", concluyen.
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