LA DIRECTA | Iolanda Fresnillo (investigadora y promotora del proyecto Haití, los otros terremotos) | El 12 de enero de 2010 un terremoto asoló buena parte de Haití, en una de las peores catástrofes que ha sufrido el país, y en el que aconteció una de las más amplias operaciones humanitarias que se recuerdan. Cuatro años después, Haití se encuentra atrapada entre la república de las ONG y el capitalismo del desastre.
Haití.- Las cifras son agobiantes, en todos los sentidos. Alrededor de 220.000 personas muertas. Más de 300.000 personas heridas. Más de un millón y medio de personas sin hogar, 100.000 hogares completamente destruidas y algo más de 200.000 gravemente malogradas. A los seis meses del terremoto, un millón y medio de personas, 360.000 familias, vivían en aproximadamente 1.500 campos de desplazadas, bajo las tiendas improvisadas o proporcionadas por ONG y agencias de cooperación oficiales.
La dimensión de la tragedia y el impacto que la cobertura mediática del terremoto tuvo en millones de personas en todo el mundo impulsó una de las mayores operaciones humanitarias que se recuerdan. Se recaudaron más de 3.060 millones de dólares por parte de ONG, instituciones religiosas y fundaciones privadas. En el primer mes después del terremoto, las ONG españolas recaudaron unos 72 millones de euros de aportaciones de la sociedad española, cerca de los 79 millones de dólares de ayuda de emergencia del gobierno español (que asciende a 464 millones de dólares prometidos de 2010 a 2012, que incluyen ayuda en la reconstrucción y contra la epidemia de cólera). Gobiernos y agencias de cooperación prometieron más de 13.000 millones para el periodo 2010 a 2020, unos 6.373 millones para los dos primeros años (2010-2012).
¿Dónde ha quedado toda aquella solidaridad? ¿Qué ha sido la reconstrucción que ONG, gobiernos e instituciones internacionales han impulsado para Haití?
El desastre de la reconstrucción
A diciembre de 2012 (última fecha en la que hay cifras disponibles), tan sólo el 66% de las prometidas realizadas a la Conferencia de donantes de Nueva York tres meses después del seísmo (5,3 mil millones de dólares) para 2010-2012 han sido desembolsados. La cuestión, pero, no es tan sólo el nivel de desembolso, sino que se ha priorizado en la ayuda de emergencia y reconstrucción, y cómo se ha hecho. En Haití hay una sensación generalizada que, después de tantas prometidas, la ayuda a la reconstrucción se ha quedado en nada y, en los peores de los casos, ha sido perjudicial.
Hay que tener en cuenta que el terremoto evidenció una situación de grandes desigualdades y empobrecimiento. Durante siglos, desde la colonización y a lo largo de los años de independencia teórica, Haití ha sufrido numerosas injerencias y, con la ayuda de la élite económica haitiana, se ha impuesto un modelo neoliberal al servicio del centro económico del sistema capitalista. “El terremoto llegó para evidenciar y agravar las deficiencias de un sistema profundamente injusto”, afirma Nixon Boumba de MODEP - Movimiento por la Democracia en Haití. Un sistema que se ha afianzado a través de la reconstrucción.
El Estado haitiano, muy debilitado por años de políticas neoliberales, fue gravemente afectado por el terremoto: el 25% de los funcionariado en Puerto Príncipe murió al terremoto, el 60% de los edificios administrativos y el 80% de las escuelas fueron destruidos. Esta circunstancia ha sido de alguna forma utilizada por donantes y agencias de cooperación para prescindir de las autoridades haitianas en el proceso de reconstrucción. Mientras que a la Conferencia de donantes de Nueva York se acordó fortalecer el liderazgo del gobierno haitiano, el cierto es que sólo el 1% de la ayuda de emergencia, y el 15% de la ayuda a la reconstrucción ha sido canalizada a través de las administraciones haitianas. Además, según el Observatorio de Políticas Públicas y de la Cooperación Internacional de CERFAS en Haití, el 76,7% del valor de los contratos concedidos por la Unión Europea en sus proyectos de reconstrucción durante 2010 y 2011 fueron atribuidos a empresas europeas. En el caso de los Estados Unidos, el desprecio al tejido económico haitiano ha sido todavía superior: sólo el 1.3% del valor contractual de los proyectos han sido concedidos a las empresas haitianas.
USAID, la agencia de cooperación norteamericana, ha sido uno de los principales actores en este proceso. Denunciada por la carencia de transparencia, retrasos significativos en la ejecución de proyectos y mala gestión, ha sido también un agente muy controvertido por la priorización de empresas norteamericanas y por el uso de la ayuda alimentaria, con impactos negativos sobre el campesinado del país, y en connivencia con ONG como Care o WorldVision.
La sensación es que, en general, las ONG también han pasado por encima de la voluntad y las prioridades de la sociedad civil haitiana. Las expresiones “invasión de ONG” o “República de las ONG” para hacer referencia a su papel en Haití, por parte de activistas locales, es muy frecuente. Para Vijaya Ramachandran del Center for Global Development, “el dominio de las ONG internacionales ha creado un Estado paralelo más poderoso que el gobierno mismo. Las ONG en Haití han construido una infraestructura alternativa para la provisión de servicios sociales y ha desincentivado al gobierno para construir capacidades para ofrecer estos servicios”.
Ya antes de 2010, las ONG proveían el 70% de la asistencia sanitaria. El 85% de la educación se daba a través de escuelas privadas, a menudo subvencionadas por el Estado a través de programas de cooperación, y muchas de ellas gestionadas por ONG o instituciones religiosas.
"El Banco Mundial tenía un programa llamado Education for all (educación para todo el mundo) que consistía precisamente en ofrecer recursos en escuelas privadas para facilitar el acceso a estudiantes sin recursos. El director de aquel programa es ahora el ministro de educación y este es el modelo que ha adaptado para la política pública de educación”, explica Patrice Florvilus, defensor a ultranza de la pedagogía de los oprimidos de Paolo Freire y abogado fundador de Defense des opprimés et les opprimées. “De hecho, el gobierno no tiene ninguna política de educación, sólo un proceso de mercantilización de la educación”, dice.
Otro ámbito donde la política de reconstrucción ha fallado estrepitosamente es en el derecho a la vivienda. Cuatro años después todavía hay oficialmente 172.000 personas que viven en campos de desplazadas. Según FRAKKA, el Frente de Reflexión y Acción sobre la Vivienda, la cifra ha sido falsamente reducida y se han eliminado algunos campos de la lista “oficial” de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), para mostrar cierto adelanto. Pero calculan que cerca de 300.000 personas siguen viviendo en campos.
La cifra de desplazadas se ha reducido en los últimos dos años raíz, en buena medida, de las expulsiones forzadas que autoridades y propiedades privados promueven a diferentes campos. Según las cifras de la OIM, hasta marzo de 2013, unas 16.104 familias habían sido desahuciadas sin acceso a ninguna alternativa de alojamiento. Hasta 75.000 personas viven hoy en día amenazadas de desahucio de los campos de desplazadas. 114.000 familias han sido reubicadas en viviendas provisionales y 55.000 han sido invitadas a marchar de los campos con la recepción, a cambio, de 500 dólares. Muchas de las que han acabado marchando, cobrando o no, huyendo a menudo por la violencia e inseguridad que se vive en muchos de estos campos, lo han hecho a los bidonvilles, los asentamientos y barrios populares que pueblan la zona metropolitana de Puerto Príncipe, para vivir en absoluta deficiencia de servicios básicos como el saneamiento o el agua potable.
Bajo ocupación militar
Otros de los actores claves en este proceso han sido las fuerzas militares extranjeras. En las primeras semanas después del terremoto, Haití sufrió una invasión militar de unos 16.000 marines de Estados Unidos, 6.000 efectivos de diferentes países europeos y otros contingentes (2.000 soldados canadienses o 2.000 brasileños, entre otros), que se unieron a los 9.000 cascos azules de la MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití) presentes al país desde 2004, además del contingente del país. La militarización de Haití, y la consecuente pérdida de soberanía, sigue hoy con la presencia de 7.600 soldados y policías de la MINUSTAH, una presencia más que contestada por la sociedad haitiana.
Para la Plataforma de Organizaciones Haitianas por los Derechos Humanos (POHDH), “la presencia de la MINUSTAH supone una de las principales violaciones de derechos humanos en nuestro país. Atenta contra el artículo primero del pacto de derechos civiles y políticos, puesto que constituye un ataque a la soberanía nacional y una violación del derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano”. La MINUSTAH acumula desde 2004 acusaciones de muertos, represión, violaciones y acoso sexual en todo el país. Estas no han cesado desde el terremoto de 2010. Y a ellas se tiene que sumar la epidemia de cólera, que ahora ya, sin ningún tipo de duda, se generó por la negligencia de la MINUSTAH el octubre de 2010.
Todos los estudios realizados hasta el momento afirman que la epidemia de cólera, que hasta ahora ha matado 8.300 personas y ha dejado más de 680.000 de afectadas, se inició por el derramamiento al principal río del país, el Artibonnite, de vertidos fecales del contingente nepalés de la MINUSTAH. El cólera se había erradicado en Haití y el tronco de esta nueva epidemia es nepalesa. En efecto, el caso del Cólera es para Mortimé Antonal un “crimen contra el derecho a la vida”. Patrice Florivilus, abogado que está impulsando junto con el movimiento de víctimas una denuncia contra el Estado Haitiano y la MINUSTAH por la epidemia de Cólera, afirma que se trata de un caso claro de negligencia criminal. A esta denuncia, se tiene que añadir la que la Oficina de Abogados Internacionales y el Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití han presentado a las cortes de Nueva York. Desde Naciones Unidas, han rehusado hasta ahora las demandas de compensación realizadas por las víctimas a través de estas entidades, aduciendo que disfrutan de inmunidad en sus actuaciones.
A pesar de la evidente oposición popular y la oposición del senado haitiano, el gobierno de Michel Martelly decidió el octubre de 2013 pedir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la renovación de un año más de los cascos azules al país. Una operación que cuesta cerca de 600 millones de dólares anuales. Unos recursos que todo el mundo piensa que estarían mejor destinados para cualquier de las otras necesidades imperiosas que tiene el país.
La reconstrucción económica... o el capitalismo del desastre
Haití perdió en el terremoto el 120% de su PIB. La reconstrucción se planteaba, pues, como un reto no sólo físico, sino también económico. Una economía ya muy debilitada, después de siglos de expolio y políticas neoliberales.
Al poco de un año de la catástrofe se celebró la segunda vuelta de unas elecciones rodeadas de polémica y denuncias de irregularidades. A pesar de la baja participación (que no llegó al 23% del electorado) y las constantes y consistentes denuncias, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) que monitorizaban el proceso declararon como ganador de las mismas a Michel Martelly. Conocido cantante de Compas, la música más popular en Haití, sin más experiencia en política que haber dado públicamente apoyo a Duvalier durante la dictadura, Martelly constituía la opción preferida de la Comunidad Internacional. Y el tiempo les ha dado la razón.
Para Boumba, activista de base de una lista interminable de movimientos sociales, “la reconstrucción en Haití después del terremoto se ha convertido en una vasta operación de capitalismo del desastre, que no busca socorrer las víctimas, sino servirse de las víctimas y de la catástrofe para hacer beneficios".
El concepto “Capitalismo del desastre”, lo populariza Naomi Klein, autora de la Doctrina del Shock, quien el 13 de enero de 2010, un día después del terremoto, publicaba en su blog como la Heritage Foundation ("una de las principales defensoras de explotar los desastres para profundizar sus poco populares políticas proempresas") no había tardado ni un día en notar que "la respuesta de los Estados Unidos al trágico terremoto en Haití ofrecía oportunidades para redefinir la disfuncional economía y el gobierno haitiano".
Según nos descubriría en 2011 Wikileaks, el mismo embajador de los Estados Unidos en Haití enviaba un cable el 1 de febrero del 2010 en que afirmaba que “la carrera por el oro ha empezado", en referencia a los negocios que podían surgir de la reconstrucción en Haití. Ya hemos visto como la cooperación institucional ha hecho realidad esta afirmación con la concesión de proyectos principalmente a empresas multinacionales de origen europeo o norteamericano.
El gobierno de Michel Martelly no se opone a esta visión, lo denomina Open for Business. Haití, abierto a los negocios. Amparada por Clinton, la estrategia “Abierto a los negocios” se ha dotado de una serie de apoyos institucionales, de los cuales destacan el Centro de Promoción de Inversiones y el Consejo Presidencial Asesor sobre Crecimiento Económico e Inversión en Haití, del cual forma parte el expresidente español José María Aznar. El objetivo del PACEGI es “transformar Haití de un lugar para 'hacer caridad ' a un lugar para 'hacer negocios'".
La estrategia “Haití: Abierto a los negocios” se plasma en tres ejes principales: la minería, las zonas industriales y el turismo.
“La minería es la muerte”
"Aceptar la minería es aceptar la muerte. Sólo rechazando la minería escogemos la vida". Es campesino de Terrier Rouge, al norte del país. Sus vecinos y él mismo han ido viendo cómo en los últimos meses la empresa canadiense Somin ha llegado con permisos de exploración emitidos por el gobierno, exigiendo acceso a las tierras. Muchos de los campesinos se han negado a firmar el acceso a sus tierras, “pero otros, desinformados, sí que están firmando". La reunión, en que se exponen los peligros de la minería de oro a cielo abierto, como la que está amenazando las tierras norteñas y nordeste haitiano, la ha organizado el Colectivo contra la Explotación Minera, y han acudido unas 30 personas de cuatro comunidades donde ya se están haciendo exploraciones. En una de las comunidades nos muestran uno de los documentos de acceso a las tierras para explorar, elaborado por la norteamericana Newmont, firmado con una huella dactilar (por alguien que, evidentemente, no sabía escribir).
El gobierno ha otorgado ya medio centenar de permisos principalmente a empresas canadienses y norteamericanas. “El Banco Mundial está detrás de la nueva ley minera que está a punto de aprobar el gobierno de Martelly, a pesar de la oposición del Senado", afirma Alain, uno de los portavoces del Colectivo contra la Minería. El Gobierno afirma que los recursos mineros que esconden las montañas en Haití, sobre todo oro, pero también cobre o bauxita, aportarán unos recursos que pueden contribuir al crecimiento económico del país. Los labradores saben que si les quitan la tierra, para abrirla en canal y sacar el agua, les están quitando la vida. Y que las promesas de trabajo no llegarán para todos.
Promesas de trabajo, realidades de explotación
En un país con un 80% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y dos tercios de la población en paro o subempleados, la promesa de trabajo tiene una fuerza extraordinaria. Y es bajo esta promesa que el gobierno fomenta la construcción de unas diez nuevas zonas francas industriales o la promoción de zonas turísticas de enclave.
Las primeras tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos, donde exportan en condiciones muy favorables productos textiles fabricados a bajo coste. Bajo coste conseguido gracias a unos sueldos de miseria, de 200 gourdes al día (3,3 euros al día) y condiciones laborales muy cuestionables. "Con 200 euros no me llega para dar de comer a mis hijos", explica una trabajadora durante una movilización por un salario digno de 500 gourdes (8,3 euros al día) y seguridad social. Ante la negativa del Gobierno de revisar el salario mínimo según sus demandas, las trabajadoras han iniciado a lo largo del mes de diciembre una serie de movilizaciones y han cerrado las fábricas durante dos días.
Las Zonas Industriales son la propuesta estrella de la reconstrucción. Lo proyecto insignia es Caracol. Se llevó 224 millones de dólares de los fondos para la reconstrucción, a pesar de estar situado a centenares de kilómetros del epicentro del terremoto, en una zona no afectada. “Se expropió a 366 labradores de zonas fértiles, se privatizó el río que pasa por el parque, se construyeron viviendas para familias que vivían a los campos de refugiados, aportando mano de obra barata por las fábricas, y se ha construido también una nueva central eléctrica, cuando el resto del país permanece a oscuras. Todo por Caracol. Con los recursos de la reconstrucción", afirma el economista Camille Chalmers. De los 20.000 puestos de trabajo prometidos, se han creado 1.388.
También bajo el encanto de la creación de puestos de trabajo se fomenta la inversión extranjera en turismo. La española Occidental Hoteles inauguró el año pasado el hotel de lujo Oasis Occidental, a la capital del país. Un hotel que fue construido con los fondos de Bush Clinton Haiti Foundation, recaudados para la reconstrucción del país. Además de la construcción de varios hoteles en la capital y del desarrollo turístico a la zona del Sudeste y Sur del país, el gobierno haitiano ha puesto toda la carne en el asador para el proyecto turístico a Ile a Vache. Los campesinos están siendo expulsados de sus tierras, no sin resistencia, para poder construir el aeropuerto que permitirá llegar hasta los diez complejos de lujo, el campo de golf y otros que quieren construir en este paraíso natural. La española Occidental, a través de Royal Oasis, ha presentado ya sus credenciales para participar en la inversión.
El acaparamiento de tierras, que se ha dado en el caso de la construcción de zonas industriales como Caracol y se está dando a Ile a Vache, es una tendencia que se inicia en Haití con esta política de reconstrucción económica y que, poco a poco, también empieza a amenazar la agricultura, con iniciativas agroindustriales que cuentan con el apoyo del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigidas fundamentalmente a la exportación.
El gobierno de Michel Martelly ha sido, además, acusado en varias ocasiones de corrupción y abuso de poder. Martelly se ha negado a convocar elecciones en el Senado y dos terceras partes de este no han sido renovadas, acumulando todo el poder así en el Parlamento, donde Martelly tiene el apoyo de la mayoría. Tampoco las elecciones municipales han sido convocadas. Y aquellos que se atreven a denunciar los abusos del gobierno de Martelly son perseguidos bien por las fuerzas policiales bien por la justicia bajo acusaciones falsas.
Un escenario de crecientes movilizaciones
La invasión de ONG, que algunos militantes de la izquierda no partidista afirman que empezó con el fin de la dictadura a finales de los 80, y se agravó con el terremoto, ha ido produciendo un efecto desmovilizador entre la sociedad civil haitiana. Algunos acusan a las ONG y la cooperación internacional de haber provocado una cierta infantilización de los movimientos sociales, a la vez que su institucionalización.
A pesar de todo, en los últimos tiempos se empieza a ver un incipiente renacimiento de algunos de estos movimientos. En el año 2009, obreras y estudiantes forzaron el incremento del salario mínimo (de 70 a 200 gourdes al día –de poco más de 1€ a 3,3€-) con masivas movilizaciones en la calle. Existía el compromiso institucional de revisar este salario mínimo al 2012, pero las autoridades haitianas no han hecho más que incrementarlo en 25 gourdes, cosa que ha sido vista poco más que como un insulto por parte de las obreras del sector textil. Un estudio de 2009 marcaba ya entonces que el coste de la cesta básica era de 612 gourdes diarios. Los cálculos más recientes de algunos economistas haitianos, según Bataye Ouvriye, del movimiento de apoyo a las obreras, es de 1.100 gourdes al día. Ante esto, a mediados de diciembre salieron a la calle, manteniendo mantener las fábricas cerradas durante casi una semana, reclamando un salario mínimo de como poco 500 gourdes (8,3€ al día).
Este es uno de los ejemplos de las numerosas movilizaciones que los últimos meses han ocupado las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas. A las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno de Martelly, a menudo convocadas por los partidos de la oposición, se suman las pequeñas movilizaciones locales contra expropiaciones de tierras o las exploraciones mineras.
Haití fue el primer país de América Latina en liberarse a raíz de una revuelta de esclavos contra el dominio colonial. Ni siglos de neocolonización, injerencias y capitalismo del desastre, ni las píldoras de la cooperación internacional, parecen haber conseguido eliminar el carácter dignamente rebelde del pueblo haitiano. Un pueblo que empieza a despertar del shock del terremoto para decir qué reconstrucción y qué futuro quieren para ellas mismas.
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