Para Equo Aragón “el gobierno del PP con la aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, traspasa una línea roja peligrosa ya que la norma es un ataque frontal a principios democráticos y supone un intento de criminalizar la discrepancia y la movilización social”.
“El gobierno no se conforma con recortar derechos sociales fundamentales, como lleva haciendo desde que llegó a la poder, y ahora pretende silenciar a la ciudadanía e intentar que no se escuche su voz ante estos ataques, tomando medidas para intimidar el activismo. La norma vulnera la tutela judicial efectiva porque son el Ministro del Interior, sus altos cargos y los Delegados y subdelegados del Gobierno quienes pueden imponer las sanciones y sus correspondientes multas bajo su propio criterio, sin necesidad de aportar pruebas y sin garantías legales algunas ya que no hay juicio”, denuncian desde Equo.
Equo ha tachado de “ridícula e impropia del siglo XXI” la incorporación de una sanción, de entre 1.001 y 30.000 euros, por las “ofensas a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas. Esto atenta contra la libertad de expresión, no solo reconocida en la Constitución sino por la Declaración Universal de los DDHH. Además, entre las infracciones hay algunas que hasta ahora eran faltas, que por tanto debían ser impuestas por un juez tras un juicio de faltas en donde puedes acudir con abogado, y que ahora pasan a ser impuestas por el Gobierno. Al tiempo que se tipifican como faltas conductas que antes no lo eran”.
Equo también ha criticado la pretensión de poner en marcha un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, en el que se fichará a personas que hayan sido desobedientes. Para esta organización política también es especialmente grave que se pretenda imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio, o convoque movilizaciones por las redes sociales que acaben en altercados o de 600.000 por protestar ante la sede de un partido en la jornada de reflexión.
“Es una norma anti democrática, que criminaliza la movilización ciudadana y otorga una protección desproporcionada a cargos públicos y fuerzas de seguridad del Estado. Alertamos de la gravedad de esta norma y expresamos nuestro apoyo a las movilizaciones que se convoquen contra la misma”, concluyen.
