NAIZ.INFO | Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las FSE en una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que el Ministerio español de Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías uno de sus pilares fundamentales.
En el anteproyecto también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.
En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves". En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro Jorge Fernández Díaz en el Congreso: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando estas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como "muy grave" entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros láser vehículos u otros medios de transporte como aviones.
Taparse con capuchas, gorros o pañuelos
En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones "graves", se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las FSE. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.
Los padres se harán cargo de los desperfectos que causen sus hijos
Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública. El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en Euskal Herria con las acciones de kale borroka. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción "grave".
Por su parte, las infracciones consideradas "leves" apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros.
Medidas contra los 'escraches'
En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.
