La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón dejó, el pasado mes de octubre, sin mamógrafo ni ecógrafos el Centro de Especialidades de San José, ubicado en la calle Pablo Remacha. "Con ello se crea un evidente perjuicio a miles de pacientes, en la accesibilidad a un recurso sanitario y en el tiempo de demora para realizar las pruebas de radiodiagnóstico que necesitan" denuncian las organizaciones en defensa de los recursos médicos de los barrios de Zaragoza y por una Sanidad Pública y Universal.
La medida se llevó a cabo con una gran oposición ciudadana y con "procedimientos impropios de un Gobierno democrático", que incluyeron la "ocupación policial del centro y una entrada nocturna y furtiva", que causó daños en el mismo. Por todo ello asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales piden el cese del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón Ricardo Oliván.
"Su política de desmantelamiento de los recursos sanitarios públicos" ha cerrado el Centro de Atención a Drogodependientes de El Frago y proyecta alejar a Valdespartera seis Unidades de Salud Mental ubicadas en barrios de Zaragoza.
La presentación de la petición de cese de Oliván se realizará mañana viernes -15 de noviembre- a las 11.oo horas en la Consejería de Sanidad, en la Plaza de la Convivencia de la capital aragonesa. Al mismo tiempo se entregarán los documentos con 4.197 firmas de vecinos y vecinas en contra del cierre del Servicio de Radiología del Centro de Pablo Remacha y 1.606 tarjetas dirigidas a la Presidenta del Gobierno de Aragón en este mismo sentido.
A la entrega asistirán representantes de las organizaciones y colectivos que suscriben la petición de cese, así como trabajadores del Centro de El Frago.
IU pide al Gobierno que de “un paso atrás” y no proceda al cierre de El Frago
Por su parte, Izquierda Unida exige al Departamento de Sanidad y Bienestar Social que “de un paso atrás” y no cierre la Comunidad Terapéutica El Frago, previsto para mañana, 15 de noviembre. La portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, denuncia que el cierre de este centro va a suponer “perder el único recurso propio” de estas características en Aragón y una “notable pérdida de la calidad del servicio”, ya que todos los servicios que ofrece esta comunidad terapéutica dispensados por profesionales, con plantilla formada por 12 educadores con una gran experiencia en materia de rehabilitación de toxicómanos, un director y un oficial de mantenimiento.
“Su desaparición dejará sin alternativa pública de tratamiento de las adicciones a la Comunidad de Aragón y, a partir de su cierre, sólo habrá tratamientos privados o concertados, a los que muchos pacientes no van a tener acceso por cuestiones económicas”, denuncia Luquin, que acusa al consejero del ramo, Ricardo Oliván, de cerrar el centro “sin haber realizado la planificación necesaria para que estos profesionales tengan una opción laboral, los y las pacientes una opción de futuro y Aragón un centro público de estas características”.
Para la diputada, “todas las políticas aplicadas por Oliván siguen la misma hoja de ruta: la privatización de los servicios públicos aragoneses”. “Unas medidas recogidas en el “Informe para reformar la Administración”, que presentó el Gobierno el pasado junio y en el que contempla la supresión de los Centros de Rehabilitación de Toxicómanos de las Comunidades Autónomas”, recuerda Luquin.
A día de hoy, todavía no se conocen qué tipo de actuaciones y alternativas tiene previstas el Departamento de Sanidad y Bienestar Social para garantizar, con recursos propios y la misma calidad del servicio, la atención de las personas atendidas en el centro. Sobre este asunto, la diputada de IU señala que “el Gobierno pretende ‘transferir’ a las ONGs la prestación de este servicio”, y advierte que, con esta medida, “se perderá calidad en el servicio, ya que hasta ahora está prestado por profesionales y las organizaciones no gubernamentales apoyan su labor en el voluntariado”.
En cuanto a las y los trabajadores del centro, doce educadores, un director y un oficial de mantenimiento, para IU, es un nuevo recorte en los recursos humanos del servicio público que provocará una grave pérdida en la eficacia, eficiencia y calidad de la prestación.
“El cierre de este centro está dentro de la estrategia del Partido Popular, en general, y del consejero Oliván, en particular de “desmantelar los servicios sociales públicos para privatizarlos o, directamente, eliminarlos” y responde a la “política antisocial” que aplica el Departamento de Bienestar Social que está deteriorando gravemente las prestaciones que su Departamento debe garantizar a la ciudadanía desde ‘lo público’”, asevera Luquin.
Por ello, IU reitera que es “responsabilidad del consejero asegurar que la Administración pone a disposición de la ciudadanía los recursos públicos necesarios para cubrir sus demandasy más en una situación económica y social como la actual”.
El Consejo de Salud de Valdespartera rechaza el traslado de las Unidades de Salud Mental
Por otra parte, en la reunión celebrada ayer el Consejo de Salud del Centro de Salud de Valdespartera aprobó por una amplia mayoría el rechazo al traslado de las Unidades de Salud Mental del sector II de dicho Centro. Esta decisión ha sido plasmada en un documento de rechazo, el cual será remitido al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, al gerente del sector II y al Consejo de Atención Primaria.
El amplio rechazo dentro del Consejo refleja "el sentir de todo el tejido social representado en dicho Consejo, el profesional, el político y el vecinal", asegura la Asociación Vecinal de Valdespartera. Entre otras cuestiones, el Consejo considera que el traslado va en contra del principio de accesibilidad a los servicios sanitarios públicos, tal como postula la legislación vigente, y que resta calidad en la atención sanitaria a las personas con enfermedades mentales.
Además afirma que no se han tenido en cuenta las características especiales de éstos enfermos, y que originará una pérdida de la colaboración directa con el Equipo de Atención Primaria del Centro de Salud de referencia del paciente, ya que la ubicación en un mismo centro facilita la comunicación, así como la inmediatez en la atención en consulta a demanda.
Desde la Asociación Vecinal de Valdespartera muestran su satisfacción por esta adhesión al rechazo del traslado de las Unidades de Salud Mental y se reafirman en "nuestra voluntad de seguir trabajando junto con el resto de colectivos para conseguir que dicho traslado no se produzca".
