Impulsada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), de la que forma parte la FABZ, más de dos centenares de personas participaron ayer en la cadena humana alrededor del Ayuntamiento de Zaragoza. Este acto se convocó para protestar contra la reforma de la Ley de Administración Local, también conocida como Ley Antiayuntamientos que el PP sacó ayer adelante en el Congreso. Las personas participantes consiguieron envolver al edificio mientras sostenían cartulinas en las que se leía: "Defiende y rescata a tu Ayuntamiento: por la democracia local y los derechos sociales".
En el marco de la campaña estatal contra la nueva Ley de Administración Local, la FABZ denuncia que el Gobierno del Partido Popular pretende una “nueva agresión a los ciudadanos y ciudadanas” con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. “Los ayuntamientos han sido desde su democratización en 1979 la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de los más necesitados. Lejos de solucionar un problema de deuda pública, lo que se pretende realmente es convertirlos en un apéndice de los gobiernos central y autonómico, suprimiendo la autonomía local y fortaleciendo las propias Diputaciones” aseveran.
Para la FABZ con esta reforma “quieren conseguir reducir competencias municipales y debilitar la autonomía municipal, relegar a los ayuntamientos a una condición secundaria de meros gestores administrativos -perdiendo su capacidad de decisión política democrática-, reforzar las Diputaciones en detrimento de los ayuntamientos, transferir de manera efectiva a las CCAA los servicios sociales y de educación, fomentar la fusión de municipios sin tener en cuenta la voluntad real de los vecinos y vecinas de cada uno de ellos”.
Por su parte, IU, que apoyó esta cadena humana, reitera su posición "radicalmente contraria" al proyecto de ley, que el PP propone como una de las reformas más trascendentes de esta Legislatura. Izquierda Unida exige su retirada “por atentar a la autonomía municipal y el derecho de autogobierno” y reclama al Gobierno que “atienda las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia”.
Para IU Aragón, que el miércoles concentró a sus cargos públicos frente a la Delegación del Gobierno y entregó una carta al Delegado en la que exige la retirada de la reforma, “es una ley que fuerza a la recentralización de competencias, pisoteando con ella el autogobierno aragonés y, además, privatiza servicios públicos de forma indiscriminada, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada caso”.
Por último, IU hace hincapié en la necesidad de parar esta Ley porque “rebaja a los municipios a una condición secundaria, vaciando la autonomía local, relegándolos a ser menores gestores administrativos y no un espacio de decisión y política democrática”.
