Desde hace muchos años, las entidades financieras y sus grupos de estudios, comenzaron a emitir informes acerca, de que no es posible el sistema público de pensiones. En el año 1993 la fundación BBV contrató a 34 sabios para estudiar su viabilidad, empezando a emplear términos como “quiebra de la seguridad social”. El resultado era que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos fuera insoportable. Lo cierto es que se llegó al 2000 y no se produjo nada de lo que pronosticaron.
La argumentación de estos informes coincidían, primero en el cataclismo y la base era “el incremento de la esperanza de vida y que la baja tasa de natalidad” hacía inviable el futuro del sistema. El colmo de la manipulación es que el gobierno y expertos sitúen el diagnóstico, en el aumento de la esperanza de vida y el correspondiente tiempo que transcurre entre la jubilación hasta nuestra muerte. Lo que debería ser tenido en cuenta como un avance del desarrollo humano, vivir más y con más calidad de vida, se convierta en el enemigo a combatir.
Hay que acortar la vida de las y los trabajadores y en ese empeño están, precisamente cuando el desarrollo científico y tecnológico permitiría satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. La esperanza de vida es un indicador de las tasas de mortalidad a cada edad, fundamentalmente por la mortalidad infantil (primer año de vida) y todavía más, por la perinatal (primera semana de vida); es decir, el aumento de la esperanza de vida refleja fundamentalmente, disminución de las tasas de mortalidad en las primeras etapas de la vida y no que se viva más tiempo, no hay que caer en esa trampa.
Es decir vivimos más porque los servicios públicos sanitarios han ido garantizando desde nuestro nacimiento que nuestra calidad de vida se alargue. En esta sociedad capitalista, la clase obrera es la que produce la totalidad de la riqueza y sin embargo es usurpada por unos pocos, nos reducen los salarios continuamente, así como nuestros derechos sociales y políticos, además nos expulsan al paro como un trasto inservible cuando la patronal calcula que los beneficios no son suficientes.
Las pensiones, un derecho irrenunciable
Decir que son las y los trabajadores con sus salarios los únicos que han de mantener las pensiones, es una gran mentira. El Art. 50 de la Constitución española dice: “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos en la tercera edad”.
Las pensiones tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios ni a la evolución de la economía. El estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones "sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto” y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en un momento determinado, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
Dinero hay
El gasto del sistema español de pensiones es reducido si lo comparamos con nuestro entorno. Estimamos el 10% del PIB, mientras que la media en el resto de países de la zona Euro se sitúa en el 12,2% y en el resto en el 11,3%. Por lo tanto el problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribuciones de los beneficios empresariales y no de escasez de recursos.
El envejecimiento de la población no provoca la insostenibilidad, pero sí que obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB, no sólo a financiar las pensiones sino la sanidad y los servicios de atención a los ancianos y dependientes. En consecuencia hay que sacar el dinero de quien realmente lo tiene, aplicando el principio de progresividad establecido en el Art. 31 de la Constitución, no habría problema si las grandes fortunas y empresas del país, tributaran las cantidades que les corresponde y que no hacen.
El ataque contra las pensiones viene de largo. El gobierno del PP y antes el del PSOE han tenido colaboradores necesarios. En noviembre de 2011, CCOO y UGT pactaron con la patronal y con el gobierno alargar la edad de jubilación. Después vino la congelación de las pensiones del PSOE, después la no actualización por parte del PP.
En este proceso se ha perdido un 25% del coste global de las pensiones. Pero los recortes no acabaron ahí, ahora el gobierno del PP plantea la reducción de otro 20% con lo cual en pocos años las pensiones quedaran reducidas a la mitad el que las tenga y una gran mayoría no tendrá acceso a este derecho porque no trabajara el tiempo suficiente.
El mensaje es claro, la clase obrera se jubilará más tarde y con la pensión a la baja y si no quieren eso “háganse un fondo de pensiones privado” y de paso nos dicen que el dinero destinado a la banca no se toca, ni sus escandalosos sueldos, ni se ataja el fraude fiscal, ni se recortan los beneficios de las grandes empresas, pero que si se pague la deuda del estado que está provocada por la cantidad de dinero público destinado a la banca.
Si esas decenas de millones entregados sin recibir nada a cambio se dedicaran a crear empleo, aumentarían las cotizaciones a la Seguridad Social y no descenderían los gastos al desempleo. Si la riqueza se redistribuyera, no existieran personajes como Amancio Ortega con una fortuna de 40.000 millones de euros.
La última subida de las pensiones del 1% cuando la vida subió un 1,9%, supone la pérdida de casi un 2% de las pensiones y en esa línea se quiere seguir. El objetivo no es garantizar la sostenibilidad de las pensiones sino reducirlas los mínimos de subsistencia y que una parte de los pensionistas tengan que recurrir a fondos de pensiones.
Datos fundamentales de quien debe pagar
La gran fuga de capitales de “Patriotas Españoles” hacía paraísos fiscales, sólo en el último año, se cifra en más de 232.000 millones de euros (más del 20% del PIB). PIB español = 1 billón de euros.
La agencia tributaria calcula que el fraude fiscal de grandes empresas y fortunas alcanza al menos, los 90.000 millones de Euros anuales.
La disminución de ingresos del Estado como resultado de la eliminación de los tramos más altos del IRPF, del impuesto sobre patrimonio y sobre sucesiones y de los sucesivos recortes de impuestos sobre beneficios empresariales, se calcula en 44.000 millones de euros al año.
Del escándalo de las SICAV que tributan el 1%, participan desde la familia real, a todas las grandes fortunas, pasando por una nutrida representación de altos cargos del PP y PSOE. Estos mismos grandes capitales, la misma oligarquía beneficiaria directa de la victoria de Franco sobre los pueblos del Estado español a la que se han añadido los nuevos ricos engendrados por las privatizaciones del PSOE y PP, son los que han inflado hasta el delirio, las burbujas inmobiliarias y financiera; son los grandes corruptos, corruptores y los grandes receptores de los fondos europeos.
La gran burguesía financiera es la que recibió los 110.000 millones de Zapatero y la que recibe de manos de Rajoy las decenas de miles de euros del rescate bancario, aún por determinar que pagamos nosotros. Es más que evidente que todas esas fabulosas cantidades dejadas de ingresar por el estado, más las donadas graciosamente, más las que van a parar a actividades parasitarias o perniciosas como los militares, iglesia católica o la casa real, servirían para financiar varias veces los servicios públicos. A ninguno de ellos se les ha tocado un céntimo.
También está clarísimo que la riqueza creada por el conjunto de las y los trabajadores jamás servirá para satisfacer las necesidades sociales mientras el poder siga en manos de la burguesía y sus gobiernos Muy al contrario, la prioridad absoluta es el pago de la deuda y de sus intereses, una deuda fruto de la corrupción política y sobre todo de la conversión de la deuda privada en deuda pública gracias a un golpe de estado del PP-PSOE e incorporada a la Constitución hace poco más de un año (Art. 135). La deuda y sus intereses, que ellos mismos inflan a su antojo y que utilizan como gran coartada para la eliminación de derechos laborales y de servicios públicos.
David Ubico | Para AraInfo
