El comité de empresa de Tata Hispano, filial de Tata Motors, "en representación de toda la plantilla y ante los acontecimientos que rodean a la negociación del ERE de extinción presentado por la empresa", ha manifestado que las informaciones publicadas en los últimos días vienen a demostrar que "el comité de empresa tiene razón en cuanto a las intenciones que tenía Tata Motors de cerrar la planta de Zaragoza".
Para este comité "visto el contrato que tiene firmado Tata con la consultora Pricewaterhouse, desde enero de 2013, en el que deja muy claro su estrategia de como cerrar la fábrica obteniendo el mayor beneficio posible tanto para Tata como para la consultora, por sus elevados honorarios, ya que tiene pactado cobrar a Tata Motors un extra de 20.000 euros por cada millón de euros que ahorre la compañía, respecto al techo fijado, en el coste global de indemnizaciones por despido de los trabajadores de Tata Hispano, siendo estos, los perjudicados en esta triquiñuela orquestada por Tata Motors".
Para el comité de Tata "el único objetivo era llevarse la tecnología, conocimientos y experiencia de todos los trabajadores de Hispano a India y a Marruecos, países en los que se les ha desarrollado proyectos y fabricación de vehículos con nuestras propias manos. También han obtenido subvenciones de planes de competividad del Gobierno español, que superan los 10 millones de euros con carencia de 5 años sin intereses, además de 2 millones de euros a fondo perdido. A cambio lo único que hemos obtenido ha sido el asfixiarnos poco a poco hasta dejarnos sin aliento, sin pedidos y sin haber invertido en mejorar el sistema productivo".
En este sentido, el comité de empresa de Tata afirma que "el Gobierno de Aragón no puede permitir que esta empresa, que ha engañado a todos, se vaya a su país pretendiendo indemnizar a los trabajadores con una limosna cuando se está gastando cientos de miles de euros en empresas de comunicación de prestigio y asesores carroñeros que cierran empresas sin escrúpulos a cambio de enriquecerse ellos mismos. Si tienen dinero para estas empresas, tienen que poner el dinero que los trabajadores de Tata Hispano estamos reclamando, que es el justo por el daño realizado, además de las subvenciones que ha obtenido".
"Tiene que ser el Gobierno de Aragón el que exija a Tata Motors que indemnice a los trabajadores, por la grave situación que deja a 287 familias y por el daño cometido, cerrando una empresa histórica y emblemática en Aragón" asevera.
Por último, este comité anuncia que se pondrá en contacto con un gabinete de abogados especialistas en estos temas, con el objeto de presentar una querella por cierre fraudulento de la compañía contra la Dirección General de Tata Hispano y Tata Motors. "Hay que poner limites a estas multinacionales que lo único que buscan es la tecnología, beneficiándose de subvenciones del estado y posteriormente cerrar las empresas marchándose con el botín sin ningún tipo de problema" apostilla.
