Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPAR) quieren manifestar su satisfacción por que O Chusticia d'Aragón haya admitido la queja que el pasado 22 de julio presentaron junto al Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, para pedir su mediación ante la política que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón está desarrollando en torno a las ayudas de comedor y materia 2013-2014.
Desde Fapar señalan que “el hecho de que se hayan endurecido las condiciones para solicitar las ayudas, especialmente las de comedor, impidiendo que las familias que ganen más de 530€ al mes independientemente del número de miembros que compongan la unidad familiar, que se hayan suprimido otras circunstancias sociofamiliares contempladas el curso pasado, que se conceda sólo el 80% de la ayuda (750€ de los 960€ que cuesta el curso escolar completo, que obligará a muchas familias a renunciar a dicha ayuda), que se requiera la renta del año 2011 sin considerar la situación actual, que sólo se pueda presentar la solicitud vía telemática, que no se tenga en cuenta el fuera de plazo, que se exijan requisitos que no se solicitan para la escolarización, que se obligue a quedar al comedor escolar todo el curso, unido a la resolución provisional que ha evidenciado que el 31% de los que la tienen concedida declaran 0€ al año de ingresos y el 52% menos de 1.000€, han sido razones más que suficientes para que presentemos esta queja ante el Justicia”.
El Justicia admite la queja requiriendo al Departamento de Educación las razones que le han llevado a fijar la renta anual del 2011 en 6.390€ de la unidad familiar (y no per cápita como el curso pasado), así como si se tienen cuenta otras circunstancias familiares como el número de hijos, si hay otra posibilidad de tramitar la solicitud que no sea exclusivamente la telemática y si se puede adjuntar la renta del 2013 y no sólo la del 2011 para acreditar la circunstancia actual de la familia.
“Quedamos a la espera de que el Departamento de Educación responda al Justicia y éste pueda hacer una valoración de la situación que nosotros denunciamos como injusta y arbitraria al atentar contra un derecho fundamental de los menores, como es el derecho a una alimentación digna”, concluyen.
