Como era previsible, el debate sobre el estado de Aragón ha pasado sin pena ni gloria. No ha aportado claridad acerca de las soluciones al dramático momento que vivimos la mayoría de los trabajadores y ciudadanos, ha contribuido a incrementar el descrédito del gobierno, de las instituciones y de los partidos como herramientas útiles para responder a nuestros problemas y dar solución a los mismos.
Un debate ritual y continuista que ignora y desprecia el malestar y la indignación ciudadana con las políticas aplicadas, los políticos y la corrupción, alejado de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos pero que, a pesar de ello, ha dejado claras algunas cuestiones que como sindicato, trabajadores y ciudadanos nos preocupan.
Ha quedado clara la ideología neoliberal que impulsa el proyecto del gobierno de coalición PP-PAR, patente en ese estribillo de que la austeridad es necesaria para volver a crecer y que la reforma laboral está creando empleo o frenando su destrucción, mantras que no ocultan la defensa a ultranza de las élites del capital frente a los trabajadores y las clases medias; causa de la precariedad y empobrecimiento de la mayoría y del enriquecimiento de una minoría. Tampoco esconde la supeditación de la política a la economía, cuyos resultados son esa inmoral connivencia entre economía y política; la inexistente división de poderes, la corrupción. Neoliberalismo que también quedó reflejado en el ataque a los servicios sociales, con una doble estrategia: reducirlos a beneficencia dejando de considerarlos derechos universales, y abrir la puerta a su privatización y mercantilización.
La oposición de la izquierda, por su parte, cumplió el papel asignado. Negar la visión triunfalista y oponerse a la ideología del gobierno, defendiendo el estado de bienestar anterior. Pero evidenció su incapacidad y división, pues como recuerda un slogan “lo peor sería regresar a la vieja normalidad”, y se percibe una ceguera ante el nuevo conflicto social, atravesado por la precariedad, que aumenta con una crisis que está dando lugar a más trabajo temporal, a mano de obra subcontratada, a la externalización y la pérdida de derechos laborales,..., dando lugar al “precariado” como nueva clase social, visible en los ciudadanos indignados en las calles, que reclaman nuevas respuestas, nuevos derechos, nuevas formas de hacer política. El debate obvió que la salida a la crisis dependerá de las respuestas a las necesidades, miedos y aspiraciones de esta clase emergente, y evidenció que partidos de izquierda (y sindicatos mayoritarios) parecen anclados en el siglo XX, con respuestas orientadas a sectores cada vez más minoritarios de trabajadores que mantienen un trabajo y unas condiciones laborales decentes, abandonando en la inseguridad y la incertidumbre a millones de trabajadores precarios. En su agenda no están respuestas que vayan a la raíz de la nueva cuestión social, y que pasan por garantizar de forma clara derechos y una renta a todas las personas, por poner coto y redistribuir los beneficios de la banca y las finanzas.
En resumen, un debate a espaldas a las necesidades y aspiraciones profundas de los trabajadores y ciudadanos, parte de un ritual y una liturgia política anticuada que ya no interesa a casi nadie, y que forma parte del problema más que de la solución.
Alejandro Gastón, Coordinador USO-Aragón | Para AraInfo
