La Confederación General del Trabajo (CGT) en Aragón denuncia el despido de dos de sus representantes sindicales en la contrata de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión de puntos limpios de FCC Medio Ambiente en Zaragoza. “Un miembro actual del comité de empresa y otro que fue miembro del comité hasta el pasado mes de abril”, destaca el sindicato, que califica estas decisiones empresariales “como una represalia directa contra su actividad reivindicativa y un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad sindical”.
Según señala CGT, los despidos se producen tras el papel visible de ambos trabajadores en las recientes movilizaciones y huelgas y coinciden en el tiempo con la formalización de dos demandas judiciales contra la dirección de FCC “por hostigamiento, coacciones y por la firma de un acuerdo de paz laboral que restringe el derecho de huelga”, aseguran.
Una estrategia reiterada de persecución sindical
Desde CGT advierten de que estos despidos “no son hechos aislados, sino parte de una dinámica de persecución contra quienes defienden los derechos laborales” en FCC Zaragoza. El sindicato recuerda precedentes similares, como los despidos del presidente del comité de empresa de Parques y Jardines de la capital del país y de otro integrante del comité de limpieza, “quienes tuvieron que ser readmitidos posteriormente”.
“No vamos a permitir que se utilice el despido como herramienta de intimidación para silenciar a quienes defienden los derechos de sus compañeros y compañeras. La libertad sindical no se negocia ni se puede castigar”, enfatizan desde la organización.
Exigencia al Ayuntamiento de Zaragoza, tribunales y nuevas movilizaciones
Ante la gravedad de la situación, CGT Aragón impugnará judicialmente ambos despidos para exigir su nulidad y la readmisión inmediata de los dos trabajadores. Paralelamente, el sindicato señala “la responsabilidad política del gobierno municipal de Natalia Chueca por permitir que una adjudicataria de un servicio público esencial vulnere derechos fundamentales”.
Por ello, CGT exigirá al Ayuntamiento de la capital del país y a la concejala responsable, Tatiana Gaudes, “la apertura urgente de un expediente por incumplimiento muy grave de las cláusulas laborales de los pliegos”, reclamando incluso la rescisión del contrato si se acreditan los hechos.
En el plano sindical, CGT convocará en los próximos días un pleno urgente del comité de empresa y asambleas informativas “para articular una respuesta en la calle”. La organización sindical no descarta volver a las movilizaciones a partir de enero “en defensa de un convenio digno e igualitario”, y valora positivamente que se pudiera iniciar una recogida de firmas entre la plantilla “para promover nuevas elecciones sindicales que permitan a los trabajadores decidir el rumbo de su futuro laboral”.
“Un pacto en minoría y a espaldas de la plantilla”
Desde CGT explican que “mientras se ejecutaban estos despidos, la minoría sindical formada por USO, UGT e Independiente de Oficinas ha firmado un pacto extraestatutario exclusivo para su afiliación, excluyendo de la negociación a los sindicalistas despedidos y dejando al margen a la mayoría de las personas trabajadoras”.
Asimismo, la CGT denuncia que este acuerdo supone “un grave golpe a la negociación colectiva por varios motivos: falta de democracia, no ha sido sometido a votación de la plantilla, secuestrando su capacidad de decisión. Desigualdad y división, crea trabajadores de primera y de segunda al blindar subidas salariales y condiciones únicamente para el turno de noche, rotativa y sus afiliados, abandonando al resto de turnos y servicios. Eficacia limitada, al tratarse de un pacto extraestatutario, carece de fuerza de convenio colectivo y no garantiza el poder adquisitivo ni frena la precariedad en el servicio”.
Finalmente, y por todo lo anterior, la CGT Aragón anuncia que “impugnara el pacto, porque contiene medidas ilegales y antidemocráticas que vulneran la legislación vigente como medidas de igualdad, categorías, promoción interna, contratación, bolsa de empleo, calendarios y turnos que afectan a toda la plantilla y requieren mayoría para poder aplicarlas”.
“Una minoría no puede ni tiene capacidad de modificar condiciones ni atentar al derecho de igualdad y no discriminación de los trabajadores”, concluyen desde la CGT.



