Despojo campesino en El Tulito: criminalización, desalojos, drones y sicariato en el sur de Honduras

El Tulito es una humilde comunidad campesina de Choluteca, al sur de Honduras. Desde mediados de los años sesenta del siglo XX, sus habitantes sostienen una disputa por unos terrenos catalogados como nacionales, pero que también reclama la empresa azucarera La Grecia. El pasado 10 de noviembre, el cuerpo de Cristian Estrada Pastrana —vecino de la zona e integrante de la Empresa Campesina Nuevo Amanecer— apareció sin vida y con diez impactos de bala. Es el más reciente episodio de violencia contra una población que lleva años criminalizada desde que, en 2016, inició un proceso de recuperación de tierras.

20 noviembre, 2026. 10:52
Así fue el operativo compuesto por más de 400 agentes (SE)

Históricamente, Honduras ha sido señalada como un laboratorio de ensayo para medidas políticas y represivas en Latinoamérica. Con el regreso del Partido Nacional al Gobierno, se ha inaugurado una nueva etapa de profundización en este modelo económico y de control social. La pequeña comunidad de El Tulito se ha convertido sin pretenderlo en el reflejo de esa experimentación.

A los episodios de represión previos al cambio de administración se suma un hito reciente: el pasado 6 de agosto, El Tulito fue la segunda comunidad desalojada bajo el amparo de la recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026). Aquel día, más de 400 agentes policiales ejecutaron una orden judicial tras una acusación privada por el delito de usurpación, interpuesta por las empresas Agrícolas Los Destellos y Compañía Cañera del Sur, otras denominaciones bajo las que opera La Grecia.

A la violencia institucional para intentar despojar completamente a la comunidad se le han ido sumando diversos actos de hostigamiento que escalaron hasta culminar, por ahora, con el crimen de Estrada Pastrana. Fuentes locales califican el hecho como un acto de sicariato para sembrar el terror en una comunidad abandonada y perseguida por el Estado.

Cristian Estrada Pastrana

Cristian tenía 24 años y era el penúltimo de siete hermanos, todos nacidos en El Tulito. Al igual que su madre, Esmeralda Pastrana, formaba parte de la Empresa Campesina Nuevo Amanecer. Había desaparecido el 9 de noviembre y, un día después, su cadáver fue hallado en los terrenos en litigio dentro de la comunidad.

Su muerte marca una escalada sin precedentes en el asedio que sufre el poblado.

Cartel pidiendo justicia para Cristian Estrada Pastrana

"Dame la bendición por si me quitan la vida"

Con esa frase lapidaria acostumbraba a despedirse Cristian de su madre. Sabía el riesgo que implica habitar una comunidad cercada por plantaciones de caña, donde las empresas utilizan grupos de seguridad armados para resguardar sus intereses.

La noche del hallazgo llegaron hasta cinco patrullas de la Policía. Los agentes se presentaron con evidente nerviosismo ante una comunidad paralizada por el dolor y el miedo. Además de realizar las primeras pesquisas, recoger los casquillos y proceder al levantamiento del cuerpo, varios uniformados lanzaron frases impropias de su deber de protección, que algunos vecinos interpretaron como advertencias intimidatorias: "Saben lo que está pasando» y «van a morir todos por un pedazo de tierra".

El asesinato de Cristian funciona como una amenaza directa contra quienes persisten en la lucha agraria y ya ha provocado el desplazamiento forzado de sus familiares más cercanos, obligados a huir de la zona. Aunque la Policía afirmó tras el crimen que abrió una investigación, la desconfianza vecinal hacia la institución es más que razonable. Según testimonios locales, el homicidio habría sido perpetrado por integrantes de una estructura criminal que intenta infiltrarse en El Tulito para fracturar y atemorizar la comunidad.

El pronunciamiento de la Articulación del Sur

En un manifiesto conjunto, el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, ASONOG, la Comisión Nacional de Ecología Integral, Peace Watch Switzerland (PWS) y la Red de Mujeres de Namasigüe reconstruyeron la cronología de la conflictividad territorial en la zona.

Las organizaciones subrayaron la urgencia de "visibilizar que este crimen se da en un contexto de hostigamiento y criminalización" sistemática, y destacaron los siguientes hechos: el 25 de febrero de 2022, Marlon Montez Núñez, integrante de la Empresa Campesina Nuevo Amanecer, fue asesinado a disparos durante un allanamiento policial. El 6 de agosto de 2026, más de 400 agentes policiales ejecutaron el desalojo judicial contra unas 86 familias de El Tulito tras la entrada en vigor del Decreto 107-2026, a petición de Agrícolas Los Destellos y Compañía Cañera del Sur. El 10 de septiembre de 2026, la comunidad denunció que agentes de la Policía Nacional realizaron 21 disparos al aire, poniendo en riesgo la integridad de al menos 86 familias. Finalmente, el 27 de octubre de 2026, los pobladores reportaron un corte en el suministro eléctrico desde las 17:30 horas, mientras un fuerte contingente policial custodiaba maquinaria pesada que rociaba pesticidas en los pastizales del ganado, alcanzando también las viviendas.

Desde 2019, estas organizaciones han documentado 76 requerimientos fiscales y 40 personas sometidas a medidas cautelares en la comunidad, incluidas tres mujeres que estuvieron en prisión. A ello se suman constantes amenazas de muerte y fumigaciones aéreas y terrestres destinadas a forzar el éxodo de las familias.

"Ser campesino en Honduras es arriesgar la vida por defender la tierra que da de comer. Hoy El Tulito llora a uno de sus jóvenes, y las organizaciones del sur decimos a una sola voz: no queremos más asesinatos de personas que luchan por su territorio", concluye el pronunciamiento.

Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones exigen al Estado hondureño: una investigación pronta, independiente y exhaustiva por parte del Ministerio Público para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; que se indague la relación del asesinato con las amenazas previas, la criminalización y el conflicto agrario, sin descartar ninguna línea de investigación; medidas de protección inmediatas, adecuadas y consensuadas con las familias de El Tulito; la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras; y el cese inmediato del hostigamiento y la suspensión de nuevos desalojos mientras avanza la investigación.

La impunidad y el doble papel de la Policía

En El Tulito, la convicción es que la Policía no hallará a los culpables. La impunidad en Honduras es un déficit estructural: la inmensa mayoría de los crímenes quedan sin resolver. En este caso, además, los propios agentes policiales figuran como presuntos responsables de varias agresiones denunciadas.

Precisamente el 27 de octubre, en el último incidente grave registrado antes del homicidio, la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos acompañó a representantes de la comunidad a interponer una denuncia ante el Ministerio Público en Choluteca por daños ambientales y desplazamiento forzoso.

La denuncia se refería a los hechos ocurridos la noche anterior, cuando 12 patrullas —incluida una unidad de comando— abrieron paso a contratistas privados. Estos, con maquinaria pesada y escoltados por agentes policiales, incendiaron, envenenaron y arrasaron los terrenos de la comunidad. Se sospecha que el químico arrojado contamina los cultivos, el ganado y las fuentes hídricas, con el consiguiente riesgo para la salud de las familias.

El suministro eléctrico permaneció cortado desde las 19:30 hasta las 22:00 horas, exactamente lo que duró el operativo nocturno.

Los pobladores aseguran que la Policía no iba acompañada de ningún juez ni fiscal, y que tampoco exhibió orden judicial alguna. "Nunca antes se había producido en la zona un operativo de este tipo durante la noche", denuncian los habitantes, quienes llevan más de seis décadas asentados en el lugar. En otras ocasiones, además, los vecinos de El Tulito han detectado el sobrevuelo de drones desde los cuales fumigan sus parcelas con sustancias sin identificar que se presumen tóxicas.

Políticas de «mano dura» y estigmatización de la protesta social

El Gobierno, de la mano del Congreso Nacional, ha emprendido, durante este primer año de mandato, una política de «mano dura» contra el crimen organizado. Se trata de un ejercicio de populismo punitivo respaldado por las encuestas en un país golpeado por el narcotráfico y la violencia de las maras y pandillas.

Este endurecimiento estuvo precedido por la aprobación, en junio, del Decreto 107-2026: la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. La norma declara de orden público, interés y prioridad nacional el blindaje de la agroindustria y de los proyectos energéticos y turísticos, criminalizando toda acción que contravenga esos fines. Bajo ese marco normativo pueden quedar atrapadas cooperativas y organizaciones campesinas frente a un modelo extractivo al que le molestan los campesinos.

Un mes antes, en mayo, el Decreto 84-2026 había reformado el Código Penal y el Código Procesal Penal para endurecer las penas contra la extorsión y catalogar a las maras y pandillas como asociaciones terroristas. La ambigüedad en la definición de terrorismo —que incluye conceptos abiertos como «dominio social», «control territorial», «afectar gravemente el funcionamiento de las instituciones» o «mantener presencia territorial»— ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales y de derechos humanos. Estas advierten que la norma vulnera el principio de legalidad penal y abre la puerta para perseguir como terroristas acciones legítimas de reivindicación de derechos.

Bajo esta reforma, el Estado declaró grupos terroristas a la MS-13 y a la Pandilla 18, así como al Clan del Diablo, en el departamento de Yoro, contra el cual mantiene una “guerra” desde hace meses; no obstante, dejó fuera de esa catalogación a su estructura rival en la misma zona, la banda de Los Urbina.

Posteriormente, en septiembre, el Decreto Legislativo 208-2026 endureció el régimen penitenciario e inició una transformación inspirada en el modelo carcelario del vecino El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, cuenta con numerosos admiradores en Honduras, nación que registra la tasa de homicidios más alta de Centroamérica. La ley faculta además al Ejecutivo para declarar "Territorio de Alto Riesgo" cualquier zona donde operen estructuras catalogadas como terroristas, lo que habilita medidas excepcionales de control, vigilancia y recuperación territorial.

Frente a este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre un riesgo latente: que las políticas de seguridad, las reformas penales y los blindajes a la inversión agroindustrial terminen utilizándose para criminalizar a quienes defienden la tierra, los territorios ancestrales y los bienes naturales. La alerta no se limita a los desalojos; abarca también el uso del derecho penal, las detenciones, la vigilancia y las restricciones a la protesta social como mecanismos para desarticular a las organizaciones campesinas, indígenas y garífunas.

En esa misma línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU ha cuestionado el uso reiterado del delito de usurpación para perseguir demandas territoriales. El organismo internacional señaló prácticas graves como los desalojos preventivos, el uso excesivo de la fuerza, la destrucción de viviendas y cultivos, y la violencia ejercida por empresas de seguridad privada y otros actores no estatales. Por ello, recomendó decretar una moratoria a los desalojos hasta culminar los procesos de reconocimiento, regularización y titulación colectiva de las tierras indígenas y afrohondureñas.

Expertos jurídicos recuerdan, además, que el crimen organizado y el terrorismo son figuras penales distintas que no deben confundirse: equiparar ambos fenómenos de forma indiscriminada amenaza con extender las herramientas de persecución antiterrorista contra movimientos sociales legítimos.

El caso de El Tulito —la segunda comunidad donde se ejecutó un desalojo exprés— es un reflejo del despojo que enfrentan las poblaciones vulnerables en Honduras. Tras años de ser procesadas por usurpación, estas familias encaran ahora una ofensiva estatal que favorece abiertamente a los grupos agroindustriales.

Para expulsarlas de unas tierras que habitan desde hace más de medio siglo, terratenientes y empresarios no dudan en recurrir a guardias privados que operan con tácticas paramilitares para imponer el terror.

Los episodios de tierra arrasada, en los que quemaron, envenenaron y fumigaron sus siembras con drones, fueron el preludio del asesinato de Cristian. Hoy, el mayor temor en El Tulito es que este crimen marque el inicio de una infiltración destinada a dividir y atemorizar a una comunidad que lleva más de dos décadas resistiendo el asedio institucional, frente a una Policía que, pese a su discurso de «mano dura» contra el delito, suele marchar del brazo de los intereses empresariales que la hostigan.

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