El municipio de Pozondón, en la comarca de la Sierra de Albarracín, suma una nueva victoria judicial en su oposición al parque eólico “Santos de la Piedra”. El Tribunal Supremo ha inadmitido un segundo recurso de casación contra una sentencia favorable al Ayuntamiento, esta vez presentado conjuntamente por el Gobierno de Aragón y la empresa promotora, CYOPSA-El Molino Energía Eólica, vinculada al grupo austriaco Verbund AG.
La decisión afecta a la sentencia dictada el 18 de mayo de 2026 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que estimó el recurso municipal relacionado con la modificación del proyecto eólico, su línea de evacuación y la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones administrativas y de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Según ha comunicado el Ayuntamiento de Pozondón, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó inadmitir el recurso de casación 5273/2026 mediante una providencia fechada el 4 de noviembre y notificada el pasado día 11.
Se trata de la segunda inadmisión de un recurso de casación relacionado con este parque eólico en apenas unas semanas. La anterior afectó a la sentencia del TSJA del 9 de abril, que anuló la prórroga ambiental concedida por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Con ambas decisiones, el pequeño municipio turolense refuerza su posición frente a la promotora y la Administración autonómica, que han intentado revertir judicialmente los pronunciamientos desfavorables al proyecto.
El Supremo rechaza los argumentos de la DGA y CYOPSA
La nueva providencia considera que los escritos presentados por el Gobierno de Aragón y CYOPSA no justificaron suficientemente la existencia de interés casacional, requisito necesario para que el Supremo admita a trámite este tipo de recursos.
El alto tribunal señala que no basta con afirmar que una sentencia perjudica los intereses generales ni con invocar de manera genérica cuestiones relacionadas con el silencio administrativo o la ausencia de jurisprudencia.
Tampoco considera acreditado que el TSJA se hubiera apartado deliberadamente de la jurisprudencia existente, uno de los argumentos planteados por los recurrentes.
Por estas razones, el Supremo inadmite el recurso sin entrar a revisar el fondo de la sentencia impugnada.
La resolución impone, además, las costas procesales a ambos recurrentes, con un límite máximo de 1.000 euros para cada uno, más el IVA que corresponda.
El Ayuntamiento de Pozondón, que se personó como parte recurrida, se había opuesto a la admisión de este segundo recurso.
La decisión vuelve a situar al Gobierno de Aragón en el centro del conflicto. La DGA no solo había intervenido en la tramitación administrativa cuestionada, sino que también ha recurrido junto a la empresa promotora una sentencia favorable a las pretensiones del municipio.
Dos sentencias favorables al municipio y dos recursos inadmitidos
Para comprender el alcance de esta nueva resolución es necesario distinguir los dos procedimientos judiciales que el Ayuntamiento de Pozondón ha mantenido frente a la Administración aragonesa y la promotora del parque “Santos de la Piedra”.
El primero dio lugar a la sentencia del TSJA del 9 de abril de 2026, que anuló la resolución del INAGA de diciembre de 2022 por la que se había prorrogado la declaración ambiental del proyecto.
El tribunal apreció irregularidades sustanciales en aquella tramitación, entre ellas la pretensión de utilizar una declaración ambiental anterior para amparar un proyecto que había experimentado modificaciones relevantes.
La promotora había planteado sustituir los ocho aerogeneradores inicialmente previstos por cuatro máquinas de mayor tamaño, con distintas afecciones sobre el entorno y la avifauna.
El TSJA llegó a calificar la solicitud de prórroga como realizada en “fraude de ley”. También cuestionó las deficiencias de la evaluación ambiental original, particularmente en relación con especies protegidas como la alondra ricotí y el sisón común.
El Supremo inadmitió posteriormente el recurso de casación presentado por la empresa contra aquella sentencia, que adquirió firmeza. AraInfo informó de esta primera victoria judicial y de la exigencia ecologista de desmantelar las instalaciones.
El segundo procedimiento, al que corresponde la nueva providencia del Supremo, se resolvió mediante la sentencia del TSJA del 18 de mayo de 2026.
En esta ocasión, el tribunal estimó el recurso presentado por el municipio frente a la desestimación por silencio administrativo de sus alegaciones sobre la modificación del proyecto y su línea de evacuación, así como de su solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones y de la declaración ambiental.
La sentencia obligaba a la Administración aragonesa a iniciar el correspondiente procedimiento de revisión de oficio, una actuación que no equivale por sí misma a la anulación automática de todas las autorizaciones, pero que exige examinar su validez conforme a lo establecido judicialmente.
Ahora, la inadmisión del recurso presentado conjuntamente por la DGA y CYOPSA elimina también esta vía de impugnación ante el Supremo.
Quedan pendientes dos recursos de casación autonómicos
Pese a las dos resoluciones favorables al Ayuntamiento, el recorrido judicial del conflicto todavía no ha terminado.
El consistorio explica que únicamente quedan por resolver dos recursos de casación autonómicos interpuestos por CYOPSA-El Molino Energía Eólica.
Ambos procedimientos se encontraban suspendidos a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera los dos recursos de casación estatales. Una vez producidas ambas inadmisiones, desaparece la circunstancia que motivó aquella suspensión.
La resolución de estos recursos pendientes constituye, por tanto, el siguiente capítulo judicial del conflicto.
Las dos sentencias del TSJA y las posteriores inadmisiones del Supremo refuerzan las reclamaciones del municipio y de las organizaciones ecologistas que llevan años cuestionando el parque eólico “Santos de la Piedra”.
La Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) y la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ya exigieron, tras conocerse la primera inadmisión, el desmantelamiento completo de las instalaciones, incluidos los aerogeneradores y las pistas de acceso, así como la recuperación de la vegetación autóctona.
Entre los principales motivos de oposición al parque se encuentran sus afecciones sobre el hábitat de la alondra ricotí y el sisón común, dos especies catalogadas en Aragón en peligro de extinción.
El proyecto afecta a un entorno próximo a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Parameras de Pozondón”, especialmente relevante para la conservación de la avifauna esteparia.
Las organizaciones ecologistas han advertido también de que existen otros proyectos eólicos con afecciones sobre poblaciones de alondra ricotí cuya evaluación ambiental debería revisarse, y han reclamado actuaciones al Gobierno de Aragón.
No obstante, las resoluciones judiciales conocidas hasta ahora no contienen una orden expresa de desmantelamiento del parque. Esa reclamación deberá abordarse mediante las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan.
Por el momento, Pozondón ha conseguido que el Supremo inadmita dos recursos contra sendas sentencias favorables al municipio. La DGA y la promotora han visto cerradas ambas vías de casación estatal, mientras la empresa mantiene otros dos recursos autonómicos pendientes.
El conflicto entra así en una nueva fase, marcada por las obligaciones derivadas de las sentencias y por la exigencia de que las decisiones judiciales tengan consecuencias efectivas sobre el proyecto eólico y el territorio afectado.
