Zaragoza en Común denuncia que la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca, “se ha plegado a las exigencias racistas y xenófobas” de Vox para sacar adelante el presupuesto municipal de 2027, incorporando al acuerdo presupuestario la denominada “prioridad nacional” que la propia formación de ultraderecha reconoce como una de sus principales exigencias.
En la rueda de prensa de presentación del presupuesto no se ha dado ni un solo dato presupuestario que permita conocer realmente qué cuentas pretende aprobar el gobierno PP-Vox en Zaragoza. “No entendemos la presentación del presupuesto que se presenta sin un solo dato presupuestario” subraya Elena Tomás, quién critica “no conocer realmente qué cuentas pretende aprobar el gobierno de PP y Vox: es absolutamente inaudito que se presente un presupuesto municipal sin explicar cuánto se va a ingresar, cuánto se va a gastar, cuáles son las prioridades de inversión o qué partidas aumentan o disminuyen”, recalca.
“Mientras tanto, a las familias les suben el agua y la basura. La recaudación por la basura ha crecido un 105% desde 2018”, protesta Tomás , y añade que “y luego están las multas. A falta de dos meses para cerrar el año, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha recaudado 2,89 millones de euros en multas. Tenía previstos 1,2, más del doble”.
Estas son las criticas de la portavoz de ZeC quién pone el foco, además, en la contradicción entre exigir arraigo a las personas que necesitan una ayuda pública mientras se facilita la actividad de grandes empresas y fondos de inversión.
“Prioridad nacional contra las vecinas, alfombra roja para el capital”
“¿Le van a pedir cinco años de arraigo a los fondos buitre que compran edificios enteros para subir los alquileres? ¿Le van a pedir padrón a la empresa que factura más de un millón y a la que le rebajan el IAE? No. Al fondo de inversión, alfombra roja. A la vecina que lleva tres años pagando un alquiler abusivo en Delicias, cinco años de papeles para pedir una ayuda. El arraigo solo se lo piden a los de abajo. Al capital no le preguntan de dónde viene”, sentencia Elena Tomás.
A juicio de ZeC, “la denominada ‘prioridad nacional’ es una fórmula de discriminación que nada tiene que ver con atender las necesidades reales de la ciudadanía”.
Para Zaragoza en Común , resulta especialmente grave que el gobierno del PP haya aceptado introducir criterios de “residencia, empadronamiento y arraigo en el acceso a ayudas y vivienda. Vox asegura que exigirá, cuando sea posible, un mínimo de cinco años de empadronamiento con residencia legal, y reivindica que primero los nuestros”.
La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, considera que este acuerdo demuestra “hasta qué punto Natalia Chueca está dispuesta a entregar las políticas municipales a la ultraderecha con tal de aprobar sus presupuestos”.
Ciudadanía de primera o de segunda en función del origen
“Chueca se pliega a las exigencias racistas y xenófobas de Vox para sacar adelante el presupuesto de 2027. No estamos hablando de una cuestión menor: están utilizando el dinero público y las políticas de vivienda y ayudas para establecer ciudadanos de primera y de segunda en función de su origen o de cuánto tiempo lleven empadronados”, denuncia Tomás.
Desde Zaragoza en Común aseveran que “lo que tenemos claro es que para Vox una parte importante de su modelo pasa por multar más a los ciudadanos. Frente a un gobierno municipal que debería facilitar la vida a la gente, tenemos una receta basada en recaudar a costa de los vecinos, mientras se rebajan impuestos que benefician especialmente a quienes más tienen”.
Finalmente, la portavoz de Zaragoza en Común considera que el acuerdo presupuestario evidencia “qué tipo de ciudad quiere construir el gobierno de Chueca: una ciudad en la que se recortan derechos, se señala a las personas migrantes, se utiliza la vivienda y las ayudas para discriminar y se apuesta por las multas como herramienta recaudatoria”.
