Durante las últimas semanas, han proliferado en todas las esquinas del arco político los discursos que sitúan la construcción de más viviendas, ya sean públicas o privadas, entre las soluciones a la crisis de la vivienda. Entre quienes apuestan por esta solución, encontramos a muchos que apoyan, con la misma fuerza, el despliegue acelerado de centros de datos de hiperescala. En esta intersección, se sitúan, entre otros, el sector conservador y buena parte de la socialdemocracia aragonesa.
Sin embargo, ambas apuestas podrían ser incompatibles en la escala y la forma en la que se están planteando. Aunque aún es pronto para afirmar nada, debido a la incertidumbre sobre el estado de la red y el futuro del sector, si se instalan los centros de datos proyectados en Aragón, podría no haber capacidad de acceso a la red eléctrica para muchos otros usos, entre los que se encuentran proyectos industriales, de almacenamiento y, entre ellos, residenciales. Veamos.
En la red eléctrica española, debemos distinguir entre la red de transporte y la red de distribución. La red de transporte es de alta tensión (220 kV o más) y es la que transporta electricidad a grandes distancias. A efectos prácticos, funciona como una red de grandes autovías, pero para la energía eléctrica. La capacidad de un nudo de la red de transporte se reparte entre los consumidores conectados directamente a ella —una gran parte de los centros de datos de gran escala en Aragón— y la capacidad que se reserva para que la red de distribución de baja y media tensión pueda importar energía desde la red de transporte.
Será esta red de distribución la que, como una carretera secundaria, “distribuya” esa electricidad entre los usuarios finales, por ejemplo, las nuevas viviendas. Como decíamos, los grandes centros de datos suelen “puentear” la red de distribución tradicional y conectarse directamente a la red de transporte, reduciendo el voltaje a través de una subestación propia. Entonces, ¿por qué podrían suponer un conflicto para las nuevas viviendas, que se conectan directamente a la red de distribución?
Doble saturación de la red eléctrica
Ninguna de las dos redes, transporte y distribución, tiene una capacidad infinita y la capacidad de cada una de ellas depende estrechamente de la otra. Aunque los responsables de ampliar la red de distribución son las propias empresas distribuidoras de electricidad —por ejemplo, Endesa—, su ampliación puede verse limitada por la falta de capacidad en la red de transporte, que es planificada por el Gobierno estatal y ejecutada por Red Eléctrica de España. Esta última determina el límite superior de suministro a la red de distribución: si la capacidad del nodo de transporte es insuficiente, aunque la red de distribución se amplíe, no podrá obtener más energía a través de esa subestación, digamos, “del nivel superior”. La glorieta que une la autovía con la carretera comarcal estaría, sencillamente, atascada.
En la actualidad, ambos niveles están saturados. Aproximadamente, el 94,3 % de los puntos de conexión de distribución están totalmente saturados, es decir, no tienen capacidad para aceptar nuevas solicitudes de acceso, una cifra que se eleva al 97,6 % en los nodos de transporte. En ellos, el factor de utilización es de tan solo el 16%, es decir, se está reservando una capacidad que no se usa, por lo que, hasta ahora, el problema no era tanto de saturación física como operativa. Para este problema, la solución está en un cambio en la gestión de la red más que en una ampliación de ella.
Sin embargo, los centros de datos parecen agravar los problemas anteriores introduciendo, al mismo tiempo, nuevos conflictos. A nivel estatal, los centros de datos tienen concedidos 12 GW de potencia (con unos 20 GW más en proceso de solicitud), de los cuales el mismo sector reconoce que una buena parte son irreales o, directamente, especulativos, por lo que están ocupando operativamente la red sin utilizarla físicamente. Pero, la instalación de una parte importante de ellos en puntos muy concentrados, como sucede en el Área Metropolitana de Zaragoza, haría que fuese necesaria, no sólo una gestión diferente de la red actual, sino también su ampliación. Dado que ese cambio en la gestión operativa de la red aún está lejos de materializarse, en adelante continuaremos el diagnóstico analizando el problema en los términos que maneja el sector eléctrico, es decir, como si fuera solo un problema de ampliación de la red y su única afección sea esta segunda: el acaparamiento de la potencia disponible.
A la hora de buscar culpables, encontramos dos versiones. Por un lado, el Gobierno de Aragón y el sector de los centros de datos señalan a la oferta de la Red Eléctrica y el MITECO por una “mala” planificación de la red de transporte que estrangula el crecimiento del suministro en la red de distribución. Por otro lado, están quienes denunciamos el crecimiento descontrolado de la demanda. En Aragón, se han proyectado más de 11.000 MW en centros de datos durante los últimos tres años, de los cuales 10.000 MW forman parte de proyectos que ya han sido declarados de interés general en Aragón. La potencia solicitada no se podrá conceder ni ejecutar de forma inmediata, sino que los proyectos irán escalando en función de las ampliaciones de la infraestructura de transporte y distribución. Estos proyectos han cubierto el mapa eléctrico de solicitudes, muchas de ellas concedidas. Actualmente, los centros de datos son los principales ocupantes de la red de transporte, con un volumen de capacidad ya otorgada que se eleva a 6.329 MW (el 34,2 % del total concedido en los últimos años).
Gentrificación energética
Esto plantea dos conflictos. El primero es un doble ejercicio de gentrificación energética. La transformación en la gestión de la red eléctrica y la construcción de la red de transporte (subestaciones, líneas, etc.) requieren tiempo. Esta última, debido a la planificación de la red, las autorizaciones administrativas, la evaluación ambiental, la adquisición de suelo y la construcción de las infraestructuras necesarias. Si un sector, como el de los centros de datos, acapara la capacidad de acceso a un ritmo mayor que la capacidad de expansión o descongestión de dicha red, impedirá que otros proyectos se incorporen. El desplazamiento o gentrificación es doble porque, en primer lugar, se empuja al otro proyecto industrial a buscar una conexión alternativa en la red de distribución y, al saturarlo o ante su saturación, se termina por desplazar este u otro proyecto residencial a otro territorio o momento, lo que genera a largo plazo un vector de estancamiento económico y monocultivo digital.
Los centros de datos complican, además, la propia ampliación de la red de distribución. En aquellos casos en los que no se hayan acordado los valores de referencia entre la red de transporte y la de distribución (es decir, la capacidad que se “reserva” en el nodo de transporte para la distribución), la obtención del permiso de acceso y la intención de acaparar los que se abran en próximas ampliaciones pueden ocupar la parte que requiere la red de distribución. Este conflicto ya existe: las distribuidoras (agrupadas en Aelec) han acusado a Red Eléctrica (el operador del sistema de transporte) de “asignar capacidad en la red de transporte a los consumidores conectados a su red, en perjuicio de los consumidores que se conectan a la red de distribución”. Es decir, el sector de la distribución percibe que los grandes consumidores directos de transporte (como los centros de datos) están recibiendo un trato preferente y ocupando un espacio que debería estar disponible para ellos.
En segundo lugar, el desplazamiento de otras empresas a la red de distribución no afecta únicamente a otros sectores. Los propios centros de datos, en esta fiebre del oro aragonesa —donde el oro son los derechos de conexión y acceso a la red eléctrica—, también están solicitando acceso a la red de distribución. Solo en la red de distribución de Aragón hay permisos concedidos para construir 1.300 MW de centros de datos, lo que equivale a 260.000 viviendas, una cifra que supera los 6 GW a nivel estatal. Esto afecta incluso a aquellos centros de datos que pretenden conectarse a la red de transporte. Por ejemplo, el proyecto de AWS solicitó utilizar la red de distribución de media tensión existente para acelerar la puesta en marcha de sus centros de datos mientras se construían las infraestructuras eléctricas definitivas de alta tensión. Por ejemplo, para conectar sus nuevos centros de Villanueva de Galligo a la SET Villanueva Oeste, propiedad de E-Distribución Redes Digitales (filial de distribución de Endesa). Para AWS, esto evita que la comercialización de sus servicios se vea paralizada por cuellos de botella en la red de transporte estatal, para el resto, supone un paso más en la saturación de nuestras redes.
Esto genera un problema a muy corto plazo: en la provincia de Zaragoza hay 77 MW libres en la red de distribución, en Teruel 38 MW y en Uesca 2,1 MW. Es decir, no cabe ni el más pequeño centro de datos proyectado en Aragón, especialmente en lugares donde se concentran el consumo de centros de datos y de viviendas, como la Comarca Central y, especialmente, el entorno de Zaragoza. Esta comarca, en concreto, cumple los tres factores que, según el informe de Research BBVA, están generando competencia por la capacidad existente: grandes centros de datos que pueden tensionar la capacidad disponible para otros proyectos, grandes ciudades donde hay presión en los nodos de los principales desarrollos residenciales y áreas industriales donde la electricidad disponible se disputa entre la industria y la vivienda. Según este mismo informe, los proyectos de Arcosur y Valdespartera, que proyectan la construcción de más de 30.000 viviendas en Zaragoza, solo contarían con capacidad eléctrica para 63, es decir, el 0,2 % de las viviendas planeadas. En cierta forma, esta vez son las viviendas, y no sus inquilinos, quienes se ven gentrificados (si bien es cierto que, según el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, en caso de concurso, las viviendas tienen prioridad, en aquellos nudos donde ya se haya concedido acceso a los centros de datos, solo una ampliación puede permitir la incorporación de estas).
Las perspectivas a largo plazo no son más tranquilizadoras. Así lo indica el informe “El punto de inflexión energético para Aragón”, elaborado por la Fundación Basilio Paraíso. Un informe que, por lo demás, recomiendo al lector, pese a no compartir la mayoría de sus conclusiones. Según este informe, en el horizonte del año 2030, la capacidad agregada en los puntos de conexión planificados para la red de transporte ascenderá a 12.700 MW, de los cuales 9.900 MW pertenecerán a la red de partida —planificación vigente, es decir, en servicio, construcción o con alta madurez de tramitación— y 2.800 MW corresponderán a nuevas actuaciones. Si a esta cantidad le sumamos la potencia reservada para concurso, el total de potencia disponible es de 15.200 MW. Esto convierte a Aragón en el territorio donde más crecerá la capacidad de la red de transporte, que llegará a multiplicar por ocho su demanda eléctrica actual. Por ello insisto: si hubiera competencia por los recursos energéticos, no sería por falta de actuaciones sobre la red de transporte.
Según el informe, si la infraestructura planificada entra en servicio en las fechas previstas y se ejecuta sin desviaciones relevantes, no debería haber problemas de cobertura, es decir, de competencia entre el sector de los centros de datos y otros sectores, como el de la vivienda (15,2 GW de potencia reservada a concurso o planificada y 13,8 GW de potencia solicitada). Este cálculo, sin embargo, plantea un problema: deja fuera una serie de proyectos de centros de datos que por entonces no se conocían. El documento de referencia es el Plan Energético de Aragón 2024-2030, que cifra en 3,7 GW la potencia concedida al acabar la década: una cifra que, por sí sola, superaría la potencia considerada necesaria en todo el territorio del Estado español según la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024. Esta cifra será ampliamente superada por las solicitudes de acceso a la red.
En septiembre de 2026, según el MITECO, ya se habían concedido 3,6 GW de potencia eléctrica a centros de datos en Aragón y aún quedaban por aprobarse una parte importante de las solicitudes anunciadas y por anunciar otros muchos proyectos —como el reciente centro de datos de San Mateo de Galligo, promovido por un fondo omaní—. A modo de ejemplo, señalan en el informe que “no se ha incluido en el análisis de la estimación de la demanda el proyecto de ampliación recientemente anunciado por Amazon”, el cual podría sumar más de 2 GW de potencia. La llegada constante de nuevos centros de datos y las voraces ansias de expansión y ejecución de su plan de etapas están superando, con creces, incluso las estimaciones que hace unos meses nos parecían alarmantes, poniendo en jaque la planificación real y efectiva de nuestra red eléctrica.
Los centros de datos son instalaciones profundamente destructivas
Al margen de las implicaciones sobre la construcción de más viviendas, una cuestión más amplia sobrevuela este debate: hablamos ahora de viviendas, pero el análisis podría repetirse sin cambiar una coma hablando de industrias y PYMEs. Los centros de datos no solo son instalaciones productivas, sino también profundamente destructivas: por supuesto, del suelo que ocupan y del entorno que los acoge, pero también de las oportunidades de otras viviendas e industrias que quieran instalarse en esa misma tierra o conectarse a esa misma red eléctrica. Este coste de oportunidad, que desde la academia y los movimientos sociales venimos denunciando desde hace más de dos años y que ha quedado oscurecido por las grandes y sobredimensionadas cifras de inversión y empleo ha irrumpido en el centro del debate.
El pasado mes de septiembre, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española —que representa a nueve asociaciones que aglutinan cuatro millones de empleos y hasta el 55 % del PIB industrial— reclamó prioridad frente a los centros de datos para acceder a las redes eléctricas y pidió que se realizara un estudio sobre cómo la instalación de estos centros aumentaría la factura de la luz del resto de industrias. Del mismo modo, durante el último mes, agricultores de diversos municipios de Aragón han denunciado la desposesión integral, la ocupación masiva de tierras y la degradación del tejido agrícola del país a causa de la instalación descontrolada de PIGAs. Incluso hay voces que señalan la falta de mano de obra y de capacidad para alojarla en Aragón debido a la necesidad de construir nuevos centros de datos. Esta misma lógica de competición por los recursos se está trasladando ahora, de distintas formas, a la cuestión de la vivienda.
Con tan solo cuatro días de diferencia, se celebran dos citas en Aragón. El 7 de noviembre, la manifestación unitaria contra los centros de datos en Zaragoza, y el 11 de noviembre, la huelga general por una vivienda digna. Ambas citas están profundamente conectadas, tanto por quienes son sus promotores como por su relación con las instituciones públicas, pero también por su incompatibilidad en Aragón. Y es que, a la hora de pensar en soluciones para la crisis de la vivienda, antes incluso que el debate sobre su ubicación o régimen de propiedad, hemos de comprobar sus condiciones de posibilidad: unas condiciones que se están viendo mermadas por el despliegue sin condicionantes de centros de datos.
