Hace justo dos años, el Gobierno de Aragón anunciaba la inversión de 3.400 millones de euros en un campus de centros de datos por parte de Box2Bit. Ubicado en Cariñena, la iniciativa era, dentro del aluvión de anuncios, la primera de una empresa española y, también, desde el sector de energías renovables. En efecto, Box2Bit era –es, aún, por ahora, ya veremos– un spin-off de Capital Energy (CE), una de las empresas más señaladas de la explosión renovable, junto con Forestalia o Solaria. Sin embargo, ante sus dificultades financieras y para acceder a la red eléctrica, Box2Bit trasladaba el proyecto a Épila en enero de este año, donde sí disponía de acceso a la red, finalmente, el pasado lunes supimos que, dos años después del anuncio oficial de esta inversión, Box2Bit descarta también la inversión en Épila.
Ni el traslado a Épila ni su descarte definitivo han sido anuncios extraños. Si se sigue la evolución de los centros de datos en Aragón, Box2Bit ha sido desde un principio el candidato más claro a anunciar una renuncia de este tipo. Su mala situación financiera, las dificultades de la matriz con la fotovoltaica o un proyecto empresarial desnortado apuntaban a este desenlace. Porque en el sector de los centros de datos en Aragón hay dos tipos de actores principales: los que participan en él como una apuesta estratégica –Microsoft, AWS–, y las empresas energéticas tal que Capital Energy. A éstas últimas les acecha la falta de rentabilidad de las renovables, mientras que entre sus principales activos cuentan con su capacidad para tratar con los gobiernos locales y su cartera de conexiones a la red. En un sistema eléctrico saturado, este es uno de sus bienes más valiosos, en un patrón repetido a nivel global, con compañías que acaparan tres o cuatro conexiones distintas a la red para un solo proyecto, que ni siquiera tiene que ser viable.
En las entrañas de Box2Bit
Se ha hablado de este punto en otros sitios, pero creemos que es importante insistir en él. La mitad del paisaje de los centros de datos, al menos en Aragón, deriva de la crisis de las renovables. Ésta, que no se ha llegado a consumar con un estallido, es sin embargo el día a día de las empresas del sector desde 2022, cuando se empezó a poner de manifiesto. Capital Energy ha pasado desde entonces por despidos, una salida frustrada a bolsa, abandono de sectores emergentes y, sobre todo, unos rendimientos decrecientes por sus proyectos fotovoltaicos, comunes a todo el sector.
Ante el callejón sin salida de la fotovoltaica, las empresas energéticas españolas se volcaron a partir de 2022 en buscar inversiones masivas en sectores electrointensivos. Los años de la postpandemia, hoy tan lejanos, son los del crecimiento de las PPA (power purchase agreements, contratos de compraventa de energía), nos referimos a acuerdos de venta de energía a precio fijo que salvaron de la quiebra a las empresas energéticas españolas, y que colocaron al Estado español a la cabeza de Europa en número de acuerdos firmados. Estos acuerdos, que al principio se orientaban a la industria, pronto se concentraron en el hidrógeno verde (Alkeymia, otra filial de CE, con distintos proyectos, incluido uno en Caspe) y, sobre todo, en proveer de energía barata a los centros de procesamiento de datos (CPD). Sin embargo, Capital Energy –y otras empresas– optó por ir más allá y crear su propia división de CPD, Box2Bit (2021-2022). Con ella se buscaba extraer rentabilidad de los principales activos de esta compañía, esto es, acceso a energía y conocimiento del territorio, de sus redes de poder, propiedad de la tierra, etc.
Pero, y esto es lo importante aquí, Box2Bit y Capital Energy son en realidad dos empresas haciendo juegos de espejos al borde del abismo. Durante los dos últimos años las empresas de Jesús Martín Buezas han luchado por dar nuevas y creativas formas a su deuda. Entre otros mecanismos, Box2Bit ofrecía como garantía los activos renovables de Capital Energy a sus acreedores del sector de centros de datos, para hacer la misma operación pero al revés con sus acreedores del sector energético. Ni siquiera esto era suficiente para reflotar el negocio, y en septiembre de 2025 Box2Bit se veía forzada por los prestamistas (los grupos Eiffel y L’Auxiliaire) a dejar fuera del ámbito de financiación sus actividades renovables. Todo ello para conseguir unos bonos a 36 meses con unos intereses desconocidos, pero seguramente superiores al 9%.
El centro de datos de Cariñena sumaba así nuevas dificultades por lo que, como veíamos, el pasado mes de enero, Boxt2Bit intentó reubicarlo en Épila, donde sí disponía de una conexión a la red, obtenida en competición con el CPD de Blackstone / QTS en Calatorao. Con el anuncio del lunes, Box2Bit abandona así sus proyectos en Aragón, mientras que su proyecto de Torija (Castilla-La Mancha) también aparece abocado al fracaso, y solo se tienen noticias de su proyecto Olive en Málaga y Antequera. Por ahora, claro.
El corazón de la bestia era un enjambre de siglas
La historia de Capital Energy / Box2Bit no es extraña, y de hecho se está convirtiendo en la tónica del sector, es una historia cuyo hilo es la respuesta a una pregunta: ¿qué hacer cuando el precio al que vendes tu producto (la electricidad fotovoltaica) cae entre un 50 y un 75% respecto a los años en que se financiaron los proyectos? Contar esa historia une distintos puntos, concretamente 399. Y es que lo sucedido a lo largo de esta semana se comenzó a entrever, al menos, desde marzo de 2023, cuando se fundó la promotora “B2B AXIS EAST 3 SL” con la forma de una sociedad limitada con capital mínimo (3 000€). El administrador único fue, como decíamos, Jesús Martín Buezas, fundador de Capital Energy y conocido en el sector como el “zar de las renovables”. No es para menos, ya que según los datos del BORME, Buezas figura como administrador único o mancomunado de hasta 399 empresas, la mayor parte de ellas sociedades instrumentales.
Si bien no hay nada irregular per se en constituir una sociedad limitada para promover un centro de datos, la insuficiencia del capital social de esta empresa en relación con la envergadura del proyecto podría sugerir que se creara únicamente como un vehículo instrumental para un fin distinto al de ejecutar realmente la inversión. El abandono del proyecto, no sin antes monetizar su único activo valioso en la zona con la venta a Blackstone del permiso de acceso a la red eléctrica de 150 MW para el centro de datos de Calatorao, termina de darle un sentido a esta historia.
En las próximas semanas veremos, o no, los detalles de dicha venta. Si observamos los antecedentes, lo más probable es que Blackstone adquiera la totalidad de la sociedad limitada, incluyendo la titularidad de los derechos de acceso a la red eléctrica. Esta historia rima, y rima bien, con otras que han sucedido en otros puntos. No es preciso quedarse en Aragón y citar las dudas que generan los proyectos de Forestalia o SAMCA. Por ejemplo, en Extremadura, a comienzos de junio de este mismo año, la empresa española dedicada a energías renovables Ingenostrum (que operaba comercialmente como Nostrum Group) fue adquirida y absorbida por la multinacional australiana Iren. Esta adquisición supuso, del mismo modo, la venta de todos sus proyectos en desarrollo, incluyendo la incorporación de manera directa de aproximadamente 490 MW de potencia asegurada y conectada a la red eléctrica española. Ahora, quien pretende construir los centros de datos de Badajoz o Curtis (Galicia) no es otra que Iren, dedicada fundamentalmente a la infraestructura de inteligencia artificial y criptomonedas.
La leyenda del centro de datos sin nombre
Las conexiones a la red son un extraño objeto de comercio, cada vez más raro y valioso, se crean mediante una delicada artesanía que implica a grandes y pequeñas empresas energéticas, altos y bajos funcionarios, nuevos y viejos políticos. Heredan parte del saber hacer y del oficio generado durante la explosión renovable a partir de 2015: empresas pantalla y sociedades instrumentales, subastas y concesiones, licencias. También redes clientelares, conseguidores, vendedores/compradores puerta a puerta y, sobre todo, una pequeña pero brillante constelación de consultoras e individuos a caballo entre lo público y lo privado.
Lo aprendido en aquel mercado de la energía se reinventa para el de los centros de datos, con una diferencia insalvable, puesto que el acaparamiento en el ámbito de las renovables era apenas un papel, mientras que existe ahora un límite -el acceso a la red- más bien biofísico. Recordemos esto: para que no se especule con un bien escaso, barato de mantener y de propiedad restringida, debemos cambiar por lo menos alguna de esas condiciones. Dicho de otro modo, ¿por qué convertimos un bien público y común como la electricidad en un campo abonado para el acaparamiento?
No obstante y acabando, estas conexiones no son el único eslabón débil de la cadena, y podríamos preguntarnos si hay alguno que no lo sea. Por ejemplo, vamos a escuchar muchas voces afirmando que la renuncia de Box2Bit a sus centros de datos en Aragón es consecuencia del Real Decreto sobre la materia, y de su regulación sobre el origen y cuotas de la energía consumida. Podríamos pensar que no se entiende cómo ese decreto puede afectar a los CPD de Aragón, pero no a los de Andalucía.
Pero, sobre todo, la crítica al decreto de centros de datos ignora lo fundamental, esto es, que el problema de Box2Bit es el problema del régimen de desposesión. Este régimen impregna las nociones de interés general (las digas y los pigas, pero no solo ellos), de utilidad pública y, en general, todas las normas e instituciones que permiten que la Administración expropie –o amenace con expropiar– en favor de promotores privados. En el caso de Box2Bit, la Declaración de Interés General (DIGA) se empleó dos veces, con ella, se reducen los plazos administrativos a la mitad, se aligeran criterios medioambientales y, por encima de todo, se abre la puerta a la expropiación de los terrenos que el proyecto necesite.
La cuestión central del caso Box2Bit no es entonces si tal o cual decreto ha propiciado que renuncien a levantar un centro de datos. El problema detrás del caso Box2Bit es que ese centro de datos nunca fue posible en circunstancias normales. Sin embargo, no una, sino dos veces, se le concedió una DIGA a una compañía y a un grupo agobiados por los acreedores y las deudas y sin ningún centro de datos en marcha, al tiempo que obtenía enganches a la red. La cuestión central es pues: ¿cómo a una empresa en esas circunstancias se le ha concedido el derecho –insistimos: dos veces– a correr más, cuidar menos y quedarse con enchufes y tierras ajenas? En la respuesta que la sociedad dé a esa pregunta se halla el futuro de esta tierra.
