Ninguna huelga general sin su correspondiente polémica por los servicios mínimos abusivos. A dos días del 11N, las organizaciones sindicales denuncian nuevas restricciones al derecho fundamental de huelga en Aragón. Esta vez, las críticas apuntan a las residencias de mayores, donde prácticamente toda la plantilla de atención directa está siendo obligada a trabajar, y al Ayuntamiento de Zaragoza, donde el Gobierno de Natalia Chueca (PP, con el apoyo de Vox) ha decidido casi triplicar los efectivos incluidos en los servicios mínimos.
Dos situaciones diferentes que, según las organizaciones sindicales, comparten una misma consecuencia: limitar el ejercicio efectivo del derecho de huelga bajo el argumento de garantizar los servicios esenciales. Mientras OSTA denuncia que las restricciones en las residencias evidencian la precariedad estructural de un sector que funciona habitualmente con plantillas al límite, CCOO, OSTA y UGT acusan al Ejecutivo municipal del PP de utilizar los servicios mínimos para mantener una apariencia de normalidad durante la jornada de paro. En ambos casos, los sindicatos están valorando acudir a los tribunales.
Las residencias de mayores: plantillas al límite y trabajadoras sin derecho efectivo a huelga
OSTA, uno de los sindicatos convocantes de la huelga general del próximo 11 de noviembre en Aragón, ha denunciado la situación de “indefensión” que atraviesan las trabajadoras del sector de la dependencia y los cuidados ante la imposición de unos servicios mínimos que considera desproporcionados.
Según explica la organización sindical, mientras en otros servicios esenciales, como los hospitales públicos y privados, el personal de atención directa puede ejercer su derecho a huelga bajo unos mínimos establecidos, en las residencias de personas mayores se está incluyendo a la práctica totalidad de las trabajadoras de atención directa.
Para OSTA, esta situación supone una prohibición encubierta del derecho de huelga, pero también pone de manifiesto un problema estructural que las plantillas llevan años denunciando: las ratios de personal son insuficientes para garantizar unas condiciones laborales y asistenciales adecuadas.
El sindicato considera que la imposibilidad de prescindir de una sola trabajadora durante una jornada de huelga constituye un reconocimiento implícito de que las residencias funcionan habitualmente con plantillas al límite. Es decir, que las trabajadoras ya están desempeñando sus funciones durante todo el año con unos efectivos que, llegado el momento de ejercer el derecho a huelga, se consideran imprescindibles en su totalidad.
“Si una trabajadora falta, el servicio se desmorona, no por voluntad del paro, sino por una precariedad estructural crónica”, denuncia OSTA, que advierte de que los servicios mínimos están evidenciando las consecuencias de años de insuficiencia de personal.
La organización considera especialmente grave que esta situación afecte a un sector mayoritariamente feminizado, castigado por los bajos salarios y unas condiciones laborales precarias. A su juicio, resulta “vergonzoso” que las trabajadoras que sostienen los cuidados sean ahora también privadas de la posibilidad de protestar por sus condiciones laborales.
Además, OSTA denuncia que ni siquiera las delegadas sindicales pueden acudir a las movilizaciones del 11N, al encontrarse incluidas en unos servicios mínimos que considera abusivos.
Ante esta situación, el sindicato exige la modificación inmediata del Decreto de Ratios del sector de la dependencia en Aragón, para adecuar las plantillas a las necesidades reales de las personas atendidas y garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras, tanto para las trabajadoras como para quienes reciben los cuidados.
OSTA también está estudiando con sus servicios jurídicos la posibilidad de impugnar los servicios mínimos ante los tribunales.
Chueca casi triplica los servicios mínimos municipales: de 255 a 685 personas
En el Ayuntamiento de Zaragoza, CCOO, OSTA y UGT han denunciado conjuntamente que el Gobierno de Natalia Chueca ha establecido unos servicios mínimos “irracionales” para la huelga general del 11N, con el objetivo, a juicio de los sindicatos, de mantener una apariencia de normalidad e impedir que buena parte de la plantilla municipal pueda secundar el paro.
Las tres organizaciones aseguran que el Ejecutivo del PP pretende mantener abiertos todos los servicios y centros municipales, llegando incluso a establecer en determinados servicios más personal del que trabaja habitualmente.
El incremento resulta especialmente significativo si se compara con los servicios mínimos aplicados en anteriores huelgas generales. Según recuerdan los sindicatos, desde 2002 se habían mantenido los mismos criterios para establecer los efectivos necesarios, sin que ello impidiera prestar los servicios esenciales de la ciudad con cierta normalidad.
Sin embargo, para este 11 de noviembre, el número de personas designadas como servicios mínimos pasa de 255 a 685, lo que supone un incremento del 168,6% y multiplica por 2,7 los efectivos establecidos en anteriores convocatorias.
CCOO, OSTA y UGT consideran que esta decisión responde a la voluntad política de impedir que la huelga tenga efectos reales sobre el funcionamiento de la administración municipal.
“Los servicios mínimos deben garantizar la atención de las necesidades esenciales de la ciudadanía, no mantener la actividad ordinaria del Ayuntamiento ni impedir que la huelga tenga efectos reales”, sostienen las organizaciones sindicales.
A su juicio, el Gobierno de Chueca está utilizando la garantía de los servicios públicos como excusa para restringir el derecho constitucional de huelga y proyectar una imagen de normalidad durante una jornada de movilización.
Los sindicatos recuerdan que los servicios mínimos deben responder a criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y justificación, vinculados a la protección de los servicios esenciales, y no a la pretensión de mantener prácticamente toda la actividad municipal.
También cuestionan que se hayan modificado unos criterios que se venían aplicando durante más de dos décadas y que, según sostienen, habían permitido garantizar los servicios esenciales en anteriores huelgas generales.
Ante lo que consideran una vulneración del derecho de huelga, la representación sindical municipal está valorando las acciones judiciales oportunas. “El derecho de huelga no puede quedar reducido a una declaración formal mientras el Gobierno municipal limita de hecho su ejercicio”, advierten CCOO, OSTA y UGT.
El derecho a parar, también en disputa este 11N
Las denuncias en las residencias de mayores y en el Ayuntamiento de Zaragoza ponen el foco sobre una de las cuestiones recurrentes en las convocatorias de huelga general: el establecimiento de servicios mínimos que, según las organizaciones sindicales, exceden la garantía de las prestaciones esenciales y terminan restringiendo el derecho de las plantillas a participar en los paros.
En el sector de la dependencia, OSTA vincula esta situación con la insuficiencia estructural de personal y las condiciones laborales de las trabajadoras. En el Ayuntamiento de Zaragoza, CCOO, OSTA y UGT denuncian un incremento extraordinario de los efectivos obligados a prestar servicio respecto a las anteriores huelgas generales.
En ambos casos, las organizaciones sindicales estudian acudir a los tribunales para cuestionar unas restricciones que consideran desproporcionadas y que, según advierten, vacían de contenido un derecho fundamental.
Las denuncias llegan en vísperas de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, con la mejora salarial, el acceso a una vivienda digna, la lucha contra el encarecimiento de la vida y la defensa de los derechos laborales y sociales entre sus principales reivindicaciones.
Una jornada en la que, además de las condiciones de vida y de trabajo, también estará en disputa el propio derecho a ejercer la huelga.
