El Centro Pignatelli de Zaragoza ha acogido la jornada ‘El derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras. Gestión de la incapacidad temporal’, cuya presentación ha realizado Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón. El encuentro ha reunido a representantes sindicales para analizar la situación de la incapacidad temporal, sus problemas de gestión y las propuestas para mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras.
Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, ha defendido que la incapacidad temporal “es un derecho constitucional a la salud” y que tanto la recuperación como la reincorporación al trabajo forman parte de esa protección. Sanz ha alertado de las campañas empresariales y mediáticas que presentan esta prestación como fraudulenta y ha insistido en que “no hay un abuso de las bajas, lo que hay es un problema de respuesta sanitaria, para garantizar una atención adecuada”.
En esta misma línea, Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO Aragón, ha denunciado los intentos de responsabilizar a las personas trabajadoras por ejercer sus derechos. “La conciliación familiar, las vacaciones, las horas para estudiar, las horas sindicales y las bajas son ejercicio de derechos. Por lo tanto, a eso no se le puede denominar absentismo”, ha señalado.
Ambos responsables sindicales han coincidido en rechazar el discurso que cuestiona la legitimidad de las bajas médicas y ha reclamado que la incapacidad temporal siga bajo la supervisión del sistema público. Clarimón ha advertido de que dar más competencias a las mutuas para emitir altas médicas supondría poner la recuperación de la salud en manos de organizaciones vinculadas a los intereses empresariales. “No tienen que ser las mutuas las que den el alta, sino que tiene que seguir siendo el sistema público de la Seguridad Social”, ha defendido.
El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón ha recordado, además, que las personas trabajadoras en situación de baja ya están sometidas a distintos mecanismos de control, desde los servicios médicos hasta la inspección médica y las propias mutuas. Por ello, considera que no existe justificación para ampliar la vigilancia ni para cuestionar sistemáticamente a quienes necesitan recuperarse de una enfermedad.
Clarimón ha apuntado también a los intereses económicos que se encuentran detrás de este debate. Ha recordado que entre el cuarto y el decimoquinto día de incapacidad temporal el coste de la prestación corresponde a las empresas y ha relacionado las demandas empresariales para dejar de asumir ese gasto con los intentos de modificar el actual modelo de protección. “Detrás de todo esto está el parné”, ha subrayado.
Por su parte, Mariano Sanz ha destacado la importancia de trasladar esta información a los delegados y delegadas sindicales para que puedan explicar en los centros de trabajo qué derechos están en juego. También ha rechazado que el incremento del gasto en incapacidad temporal se interprete automáticamente como un abuso, recordando el aumento del número de personas trabajadoras y de los salarios sobre los que se cotiza.
La jornada ha incluido también, la presentación de un informe sobre incapacidad temporal por contingencias comunes, a cargo de Enrique Martín-Serrano Jiménez, adjunto a la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, así como un bloque de propuestas para mejorar los resultados de la incapacidad temporal, abordando la Seguridad Social, el sistema público de salud y la prevención de riesgos laborales. Y para finalizar este evento, Jaime González Gómez, responsable confederal de CCOO para Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (Mutuas), ha abordado las propuestas para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y el papel de las mutuas en este ámbito.
