La Economía Social y Solidaria quiere tener un papel protagonista en la transformación del modelo económico. Con ese objetivo, REAS Red de Redes ha presentado sus propuestas de políticas públicas ante las elecciones estatales del próximo 29 de noviembre, bajo el título ‘Políticas públicas para poner la vida en el centro’. El documento, elaborado colectivamente por las redes territoriales y sectoriales que integran la organización, plantea medidas concretas para afrontar problemas como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la crisis de los cuidados y la emergencia climática.
La iniciativa coincide con el llamamiento de REAS a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre, una jornada en la que la economía solidaria quiere hacer visible su compromiso con la transformación social y con la defensa de unas condiciones de vida y trabajo dignas.
La organización parte de una premisa: otra economía no solo es posible, sino que ya existe y sostiene vidas en los territorios. Cooperativas de vivienda, iniciativas de energía renovable, proyectos agroecológicos, redes de cuidados, finanzas éticas y experiencias de consumo responsable llevan años demostrando que es posible organizar la actividad económica desde la cooperación, la equidad, la autogestión y el compromiso comunitario, situando a las personas y al entorno natural por delante de la acumulación de capital.
REAS considera que el reto de la próxima legislatura en el Estado español debe ser pasar del reconocimiento institucional de estas experiencias a su consolidación mediante políticas públicas, financiación estable y mecanismos efectivos de participación.
Una economía que redistribuya la riqueza y democratice las decisiones
REAS recuerda que la Economía Social y Solidaria lleva décadas demostrando que existe otra forma de producir, consumir, cuidar y organizarse. Su actividad abarca todas las fases del ciclo económico —financiación, producción, distribución, comercialización y consumo— y se fundamenta en valores como la cooperación, la reciprocidad, la equidad, la autogestión y el compromiso con el territorio.
La dimensión de este movimiento se refleja en los datos recogidos en el documento. En el Estado español existen cerca de 120.000 entidades de economía social, que sostienen 1,2 millones de empleos, el 5,8% del total. Casi dos de cada tres carecen de ánimo de lucro. Se trata de asociaciones, fundaciones, cooperativas, empresas de inserción e iniciativas comunitarias cuya aportación, subraya REAS, no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también en derechos, cohesión social y participación ciudadana.
REAS Red de Redes es una organización confederal que agrupa a 16 redes territoriales y seis sectoriales, con más de 1.000 entidades y empresas y más de 176.000 personas implicadas. Desde 1995 ha contribuido a articular iniciativas en ámbitos como las finanzas éticas, las energías renovables, el Comercio Justo, la vivienda cooperativa en cesión de uso y los cuidados.
La organización considera que la Economía Social y Solidaria debe ser reconocida no solo como un actor empresarial estratégico, sino también como un agente económico, social y comunitario con capacidad para participar en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas.
Aunque reconoce avances como la Ley 1/2026, integral de impulso de la economía social, y la Estrategia Estatal de Economía Social 2023-2027, advierte de que buena parte de sus compromisos continúa pendiente de desarrollo reglamentario y presupuestario. Denuncia asimismo la inestabilidad de la financiación, excesivamente dependiente de convocatorias anuales, una contratación pública que sigue primando el precio sobre el valor social y ambiental y unos espacios de participación que no reflejan la pluralidad del sector.
Cinco grandes compromisos para la próxima legislatura
REAS Red de Redes propone democratizar la economía y las políticas públicas, de manera que las decisiones sobre qué se produce, cómo y para quién no queden exclusivamente en manos de los accionistas, sino que incorporen a las personas trabajadoras, socias, usuarias y comunidades afectadas. Para ello propone codiseñar la nueva Estrategia Estatal de Economía Social con las redes del sector y reforzar el Consejo para el Fomento de la Economía Social como espacio de gobernanza compartida, seguimiento y evaluación.
También garantizar un trabajo y una vida dignos, evitando que los contratos y las ayudas públicas financien empleo precario. Reclama dignificar los trabajos de cuidados mediante fórmulas cooperativas gestionadas por sus trabajadoras y movilizar suelo público para vivienda pública y cooperativa en cesión de uso.
Asimismo, propone reconocer las prácticas coherentes con la Economía Social y Solidaria, reformando la Ley de Contratos del Sector Público para que los criterios sociales y ambientales representen, al menos, el 51% de la valoración de las adjudicaciones, frente al predominio actual del precio.
Reclama asegurar una financiación estable, mediante un programa estatal plurianual de fomento de la Economía Social y Solidaria que sustituya la dependencia de las convocatorias anuales.
Así como, fortalecer la cooperación público-comunitaria, con un marco estatal que permita desarrollar fórmulas de coproducción entre las administraciones y las entidades sociales, frente a una gestión pública en solitario o a una colaboración público-privada que, en palabras de REAS, “privatiza los beneficios y socializa los riesgos”.
Once ámbitos para una transición ecosocial justa
El documento completo desarrolla 95 medidas distribuidas en once ámbitos de transformación, a los que se añaden cuatro palancas transversales para hacerlas posibles: el marco normativo, la contratación pública responsable, la financiación estable y la gobernanza y cultura administrativa.
En materia de vivienda cooperativa en cesión de uso, REAS propone abrir la financiación pública a las cooperativas, crear líneas específicas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y desarrollar sistemas de avales y garantías. También plantea movilizar suelo y edificios públicos, facilitar la rehabilitación de inmuebles existentes y reconocer legalmente la covivienda rural. A estas medidas suma la ampliación del parque social mediante la adquisición y rehabilitación de viviendas ya construidas, la protección permanente de su carácter asequible, el incremento del parque público y la colaboración con entidades cooperativas y comunitarias sin ánimo de lucro. Reclama, además, regular efectivamente los alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones para evitar que se utilicen como vías de elusión de la normativa.
En el ámbito de la energía renovable y cooperativa, apuesta por impulsar las comunidades energéticas, facilitar su financiación y reforzar la participación ciudadana en la transición energética. Defiende una salida ordenada de los combustibles fósiles, la eliminación de sus subvenciones, una electrificación selectiva y la reducción de la demanda energética, priorizando los usos esenciales. También reclama reducir la movilidad de alto impacto, limitar progresivamente la aviación, eliminar los cruceros y revisar las ampliaciones aeroportuarias previstas en el DORA III de Aena. Junto a ello, propone frenar el extractivismo, garantizar una transición justa para las personas trabajadoras afectadas y avanzar hacia una mayor justicia global en el acceso a los recursos.
La alimentación sostenible y la agroecología constituyen otro de los ejes centrales. REAS reclama una Ley de Transición Agroecológica Justa, el impulso de la producción local y de los circuitos cortos de comercialización, el apoyo a las pequeñas explotaciones y a la agricultura familiar y el fortalecimiento de los sistemas alimentarios territoriales. También plantea asegurar precios justos y rentas dignas para quienes producen, reforzando la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir que se pague por debajo de los costes de producción, transparentar los márgenes comerciales y aumentar las inspecciones y sanciones frente a los abusos. Propone crear un Consejo Estatal de Sistemas Alimentarios Sostenibles y consejos alimentarios territoriales con participación del sector productivo, la sociedad civil y las administraciones.
En cuanto a los cuidados, el documento reclama una Ley estatal que reconozca el derecho a cuidar y a recibir cuidados durante toda la vida, establezca estándares mínimos comunes y regule la colaboración público-comunitaria. Defiende excluir la lógica del lucro de los servicios de cuidados financiados con fondos públicos, ampliar los contratos reservados a entidades de la Economía Social y Solidaria y establecer un marco estatal de concierto social que permita a entidades sin ánimo de lucro y cooperativas gestionar servicios de atención a las personas con financiación estable.
Las finanzas éticas deben contar con instrumentos específicos para facilitar el acceso de las entidades de economía solidaria a la financiación y fortalecer su capitalización. REAS propone desarrollar productos financieros adaptados a sus necesidades, con participación de la banca pública y las entidades de finanzas éticas, incluyendo fondos rotatorios, microcréditos, anticipos de subvenciones y sistemas de garantías públicas. También reclama bonificar los intereses de los préstamos, impulsar líneas de capitalización y defender que la economía social sea una prioridad estratégica en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034.
El sexto ámbito es el Mercado Social, el consumo responsable y el Comercio Justo. Entre las medidas figuran desarrollar el reconocimiento del Comercio Justo incorporado a la Ley 1/2026, dotarlo de partidas presupuestarias propias y convertir la compra pública en un motor de crecimiento del Mercado Social. Para ello propone establecer objetivos vinculantes de contratación de productos y servicios de la Economía Social y Solidaria, incorporar las auditorías sociales como criterios de valoración y fomentar el cooperativismo de consumo y de servicios como alternativa al modelo de consumo corporativo.
En materia de empleo inclusivo y emprendimiento colectivo, REAS plantea situar la perspectiva feminista en el centro de las políticas de empleo, garantizar la igualdad real en el acceso a recursos y financiación y reforzar el reconocimiento y la redistribución de los cuidados. También reclama mejorar el Ingreso Mínimo Vital y las rentas mínimas territoriales, simplificando su tramitación, apoyar las economías comunitarias y las redes vecinales, facilitar la transformación de empresas convencionales en cooperativas y otras fórmulas de economía social, y garantizar condiciones laborales dignas, especialmente para las personas temporeras y migrantes. La transición ecológica, añade, debe acompañarse de medidas que protejan a las plantillas de los sectores afectados.
El octavo ámbito, residuos y economía circular, apuesta por financiar la prevención y reutilización, incorporar a las entidades de la economía solidaria a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor y priorizar la reducción de residuos frente a su tratamiento posterior. La propuesta es avanzar hacia modelos productivos que reduzcan el consumo de materiales y energía, impulsen la reutilización y el reciclaje y garanticen la participación de las iniciativas comunitarias.
La defensa del territorio, los ecosistemas y los bienes comunes incluye reforzar la gestión pública, social y comunitaria de los recursos naturales, proteger los montes vecinales, los pastos comunales, las comunidades de regantes y las cofradías de pescadores y dotarlos de apoyo técnico y financiero. REAS reclama orientar el urbanismo hacia la sostenibilidad y la justicia social, priorizando la rehabilitación y poniendo freno a la expansión urbanística sobre suelo rústico mientras existan viviendas vacías y suelo urbanizado disponible. También defiende una movilidad basada en el transporte público y el tren electrificado, la transformación de las ciudades para favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta y la relocalización de la industria y las cadenas de suministro para revitalizar el medio rural.
En el terreno de la tecnología y la economía digital, la organización propone financiar la transformación digital de las entidades de economía social, especialmente de las más pequeñas, priorizando el software libre y la autonomía tecnológica. Reclama reducir las brechas digitales mediante formación y acompañamiento, garantizar siempre la atención humana en los servicios públicos e impulsar infraestructuras y redes de comunicación comunitarias gestionadas por cooperativas y asociaciones. También plantea democratizar la gobernanza de los datos y la inteligencia artificial, priorizar sus usos de alto valor social y crear un observatorio de la IA impulsado por entidades de la economía solidaria y movimientos sociales para vigilar sus riesgos e impactos, combatir la desinformación, los deepfakes y los discursos de odio.
Por último, en el ámbito de educación, comunicación y cultura propone incorporar la Economía Social y Solidaria, el emprendimiento colectivo, la economía feminista, las finanzas éticas, el consumo responsable y el Comercio Justo a los currículos de todas las etapas educativas. Incluye formar al profesorado, impulsar la formación cooperativa y las cooperativas escolares, incorporar la competencia ecosocial al currículo estatal y desarrollar programas de educación de personas adultas en convivencia, paz y economía solidaria.
Cuatro herramientas para hacer posibles los cambios
Para que estas propuestas no queden en declaraciones de intenciones, REAS plantea cuatro instrumentos transversales de actuación pública.
El primero es un marco normativo que reconozca y desarrolle la Economía Social y Solidaria. Reclama desplegar reglamentaria y presupuestariamente la Ley 1/2026, cumplir sus mandatos, revisar la fiscalidad de las cooperativas y reconocer en igualdad de condiciones las distintas formas jurídicas que integran este movimiento, incluidas las asociaciones y fundaciones que cumplen sus principios.
El segundo es una contratación pública responsable. REAS defiende modificar los procedimientos de contratación para que los criterios sociales y ambientales tengan un peso determinante, ampliar las reservas de contratos para entidades de la economía social y utilizar las auditorías y balances sociales para valorar tanto las adjudicaciones como el acceso a las ayudas públicas. El objetivo es que el dinero público deje de premiar exclusivamente la oferta más barata y contribuya a generar empleo digno, cohesión social y sostenibilidad.
El tercer instrumento es la financiación estable para la Economía Social y Solidaria. Propone sustituir las convocatorias anuales por programas plurianuales, mejorar el acceso a los instrumentos financieros públicos, reforzar la banca ética y desarrollar mecanismos de apoyo adaptados a las características de las cooperativas y las iniciativas comunitarias.
Por último, reclama una gobernanza compartida y una nueva cultura administrativa que facilite la cooperación entre instituciones y organizaciones sociales. Esto exige personal público formado, procedimientos ágiles y espacios de participación donde las entidades tengan voz y voto. La coproducción, subraya REAS, no debe entenderse como una simple fórmula de gestión, sino como una manera de redistribuir el poder y decidir colectivamente sobre lo público.
El documento completo recoge estas 95 medidas y las cuatro palancas de actuación como resultado de procesos colectivos desarrollados durante los últimos años en las redes de REAS, así como de encuentros con organizaciones sociales y administraciones públicas.
La entidad pone sus propuestas a disposición de todas las formaciones políticas y sociales y se ofrece a continuar el diálogo para construir unas políticas públicas diseñadas, desarrolladas y evaluadas junto a quienes sostienen estas iniciativas.
La economía solidaria llama a secundar la huelga general del 11N
Este planteamiento de transformación económica tiene también una expresión inmediata en la movilización social. REAS Red de Redes ha manifestado su apoyo a la huelga general de 24 horas convocada para el 11 de noviembre y anima a las entidades de sus redes, a las personas trabajadoras y a las organizaciones sociales a secundarla.
En su llamamiento, denuncia que la situación actual no responde a una crisis pasajera, sino a un modelo económico que ha convertido la vivienda, la alimentación y los cuidados en mercancías. La organización contrapone los récords de beneficios inmobiliarios, bancarios y de la gran distribución alimentaria a una realidad en la que los alquileres absorben más de la mitad de los salarios y la cesta de la compra cuesta un 36% más que hace cinco años.
“Una economía que no se mide por lo que acumula, sino por las necesidades que cubre”, reivindica REAS para describir el modelo que defiende. Frente a la concentración de riqueza, propone una economía que reinvierta los excedentes en lugar de repartir dividendos, que decida en asamblea en lugar de hacerlo en consejos de accionistas y mantenga un compromiso con los territorios en lugar de deslocalizar su actividad.
La organización se suma, en primer lugar, a las reivindicaciones de los sindicatos de vivienda e inquilinas: contratos indefinidos, bajadas drásticas de los alquileres, fin de los desahucios sin alternativa habitacional, prohibición de la compra especulativa y creación de un gran parque público de vivienda financiado mediante una fiscalidad progresiva sobre la riqueza.
En este contexto, REAS destaca especialmente el papel de la juventud, “una generación a la que se le está robando el futuro y también el presente”, que está dando un paso al frente para implicarse en la transformación social y reclamar paz frente a la guerra y solidaridad frente a la especulación.
La huelga también debe servir para reivindicar un trabajo digno. REAS recuerda que un salario suficiente ha de permitir emanciparse, pagar una vivienda, acceder a una alimentación saludable y disponer de cierta capacidad de ahorro. “Hoy, para buena parte de la clase trabajadora, trabajar ya no alcanza”, advierten. Por ello respalda las demandas de subida salarial, reducción de jornada, reparto de los trabajos y de la riqueza y reconocimiento de los cuidados.
Demandas concretas a las administraciones y los grupos parlamentarios
El llamamiento de REAS para el 11N incluye un conjunto de reivindicaciones específicas dirigidas a las administraciones públicas y a las formaciones políticas.
En materia de vivienda, REAS reclama atender las demandas del movimiento inquilino, garantizar contratos indefinidos, reducir los precios, impedir los desahucios sin alternativa y acabar con la compra especulativa. Propone crear un gran parque de vivienda pública, social y cooperativa permanentemente asequible, financiado mediante una fiscalidad progresiva sobre la riqueza, corregir las desigualdades fiscales entre las SOCIMI y las cooperativas sin ánimo de lucro, reconocer a las entidades de economía solidaria como proveedoras sociales de vivienda, extender el IVA del 4% a la construcción de vivienda protegida en alquiler y cesión de uso, abrir la financiación del ICO y otros instrumentos públicos a estas entidades, y destinar suelo y patrimonio público en desuso a proyectos de vivienda cooperativa y sin ánimo de lucro.
Para garantizar el trabajo digno, exige salarios que permitan emanciparse, con subidas por encima de la inflación y del salario mínimo, reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, reparto de todos los trabajos, incluidos los cuidados, una organización social y pública de los cuidados que los reconozca y garantice; cláusulas sociales obligatorias en la contratación pública y una fiscalidad, financiación y contratación que favorezcan a las empresas de economía social y solidaria.
También reclama empleo inclusivo, regularización efectiva de las personas migrantes, eliminación de las trabas burocráticas que dificultan su incorporación al mercado laboral y medidas de apoyo para quienes encuentran mayores obstáculos de acceso al empleo.
Frente al encarecimiento de la vida y la alimentación, propone garantizar una cesta básica de alimentos saludables a precios justos para las personas productoras, establecer transparencia en la formación de los precios y límites a los márgenes de la gran distribución, así como revalorizar las pensiones y blindar los servicios públicos.
Finalmente, REAS pide a las organizaciones que integran sus redes que se adhieran a la huelga, faciliten que sus trabajadoras y personas socias puedan secundarla y cierren o reduzcan su actividad durante el 11N, manteniendo los servicios esenciales de cuidados.
También las anima a incorporarse a los comités de huelga de barrio y sectoriales, participar en las asambleas del movimiento por la vivienda, promover la huelga de consumo y difundir el llamamiento.
La organización tiende la mano a los sindicatos de inquilinas y de vivienda, al sindicalismo de clase y a la juventud organizada en los barrios, con el objetivo de articular una respuesta colectiva frente a la especulación y el deterioro de las condiciones de vida.
“Lo que reivindicamos el 11N no es solo frenar los abusos del mercado. Es que las políticas públicas dejen de premiar el lucro y empiecen a apostar por la economía que pone la vida en el centro”, sostiene REAS.
Su llamamiento concluye con una invitación a todas las entidades y personas que consideran que otra economía es necesaria y que, además, ya está funcionando: “El 11 de noviembre, a la huelga general. Por un techo, un salario y una vida dignas”. concluyen.
