Partido Popular y Vox han acordado dejar prácticamente sin efecto la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza. El Gobierno municipal de Natalia Chueca ha aceptado las exigencias de la ultraderecha para modificar la ordenanza y eliminar las restricciones ordinarias a los vehículos más contaminantes. Una decisión que vacía de contenido una herramienta destinada a mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, precisamente cuando la emergencia climática exige reducir las emisiones del tráfico urbano.
El acuerdo ha sido presentado este miércoles, 4 de noviembre, por la concejala municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y la portavoz de Vox, Eva Torres. La modificación sustituirá el funcionamiento habitual de la ZBE por un sistema que únicamente activará las restricciones cuando se registren episodios extraordinarios de contaminación atmosférica. Es decir, en lugar de prevenir la contaminación de manera continuada, el Ayuntamiento plantea intervenir cuando esta alcance determinados niveles.
La satisfacción de Vox resulta especialmente reveladora. Eva Torres ha celebrado el acuerdo asegurando: “Conseguimos la libre circulación de cualquier vehículo”. La declaración resume el alcance político de una decisión que responde a una de las principales exigencias de la formación de ultraderecha en sus negociaciones con el PP.
El propio Ayuntamiento reconoce, en su comunicado oficial, que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento quedarán vinculadas a situaciones excepcionales. Para activar el nuevo protocolo deberán cumplirse simultáneamente dos condiciones: que al menos cinco de las ocho estaciones de vigilancia de la calidad del aire superen los umbrales de dióxido de nitrógeno (NO₂) establecidos para cada una y que esa situación se mantenga durante dos horas consecutivas.
De este modo, un episodio de contaminación localizado en una zona concreta no bastará para activar las restricciones si no se alcanzan también los niveles exigidos en otras estaciones de la ciudad. La propuesta introduce así un sistema que limita considerablemente la aplicación de las medidas preventivas.
El Gobierno de Chueca defiende que el nuevo modelo permitirá ajustar las restricciones a la situación ambiental de cada momento y sostiene que cumple los objetivos de protección de la salud establecidos en la normativa estatal. Sin embargo, el cambio plantea una cuestión de fondo: ¿de qué sirve una Zona de Bajas Emisiones si los vehículos más contaminantes pueden circular habitualmente por ella y las restricciones solo aparecen cuando la contaminación ya se ha disparado?
La modificación mantiene formalmente el perímetro de la ZBE y las categorías de vehículos afectadas, pero altera sustancialmente su funcionamiento. También contempla un ámbito de especial protección y la instalación de paneles informativos para comunicar cuándo se activan las limitaciones. La propuesta todavía debe superar su tramitación administrativa, incluida una exposición pública de 30 días y la aprobación definitiva del Pleno. Si culmina ese procedimiento, entraría en vigor el 1 de abril de 2027.
La decisión no llega por sorpresa. La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza arrastra años de retrasos, limitaciones y controversias bajo los gobiernos municipales del PP. Ya en octubre de 2022, cuando Jorge Azcón ocupaba la Alcaldía, Zaragoza en Común acusó al entonces alcalde de plegarse al negacionismo climático de Vox por no implantar una medida que la legislación estatal exigía a las ciudades de más de 50.000 habitantes.
La advertencia de entonces adquiere ahora una dimensión especialmente significativa. Cuatro años después, el PP vuelve a alcanzar un acuerdo con Vox que reduce el alcance de la ZBE, esta vez no para retrasar su implantación, sino para desactivar buena parte de sus efectos prácticos.
Las críticas tampoco han procedido únicamente de la oposición política. En mayo de 2024, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) calificó la ZBE diseñada por el Ayuntamiento como “una burla” a la ciudadanía. El movimiento vecinal reclamaba una zona de bajas emisiones digna de ese nombre, su ampliación a otros espacios urbanos, incluida la Margen Izquierda, y mejoras del transporte público que facilitaran alternativas reales al vehículo privado.
Por su parte, Zaragoza en Común denunció en junio de aquel año que la ordenanza dejaba sin abordar adecuadamente dos problemas relacionados: la contaminación atmosférica y la acústica. La formación presentó inicialmente 14 enmiendas y, posteriormente, 106 votos particulares para mejorar la eficacia de la regulación. Entre sus propuestas figuraban reforzar el seguimiento de la calidad del aire, ampliar las mediciones de partículas especialmente perjudiciales para la salud y acelerar los plazos de aplicación.
Pese a estas advertencias, la ordenanza municipal llegó a su última fase el 12 de diciembre de 2025, cuando comenzó el periodo con posibilidad de sanciones. El sistema afectaba a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT o sin autorización municipal, dentro de un perímetro reducido y con un horario de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 20:00 horas.
Aquella regulación, ya cuestionada por su escasa ambición, queda ahora en el punto de mira de un nuevo recorte acordado por PP y Vox.
El retroceso resulta especialmente preocupante por sus consecuencias ambientales y sanitarias. Las Zonas de Bajas Emisiones no son únicamente instrumentos para ordenar el tráfico: forman parte de las políticas públicas destinadas a reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos, disminuir las emisiones y avanzar hacia ciudades más saludables.
Como vienen advirtiendo desde el movimiento ecologista, las olas de calor cada vez más frecuentes gravan los riesgos asociados a la contaminación, mientras que el tráfico urbano constituye una de sus principales fuentes. Reducir las emisiones y transformar la movilidad urbana resulta fundamental para afrontar conjuntamente la crisis climática y sus efectos sobre la salud.
Sin embargo, el acuerdo entre PP y Vox camina en dirección contraria. En lugar de reforzar el transporte público, ampliar las alternativas de movilidad sostenible y consolidar una ZBE eficaz, el Gobierno de Chueca opta por reducir las restricciones al tráfico contaminante para satisfacer una reivindicación política de la ultraderecha.
Zaragoza conservará sobre el papel su Zona de Bajas Emisiones, pero el acuerdo amenaza con convertirla en una figura prácticamente testimonial. Una ciudad que necesita políticas de adaptación y mitigación climática se encuentra así ante una nueva cesión del PP a Vox, con la calidad del aire y la salud de sus habitantes en el centro de las consecuencias.
