La plataforma estatal, que agrupa a organizaciones y movimientos sociales en defensa de la gestión pública, democrática y participativa del agua, y en la que participa la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), presenta un conjunto de propuestas dirigido a las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones estatales del 29 de noviembre. Entre sus demandas figuran garantizar un mínimo vital gratuito para las personas vulnerables, prohibir los cortes de suministro por incapacidad de pago, impulsar la remunicipalización de los servicios y declarar una moratoria para los grandes centros de datos hasta evaluar su impacto hídrico, energético, ambiental y social.
La iniciativa pretende que los compromisos recogidos en el documento se incorporen a los programas electorales y se traduzcan posteriormente en actuaciones legislativas, presupuestarias y de gobierno, con responsables definidos, plazos concretos e indicadores públicos que permitan evaluar su cumplimiento.
La organización plantea sus reivindicaciones en un contexto que califica de “especialmente preocupante”, marcado por el deterioro del debate político y social, la crisis ambiental denunciada desde hace años por colectivos científicos y ciudadanos, el recurso a la guerra como forma de relación entre las naciones y una tendencia involucionista y reaccionaria global que amenaza derechos humanos fundamentales, también en materia de agua y saneamiento.
La RAP considera imprescindible situar el agua como un bien común y garantizar que su gestión responda al interés general, frente a los procesos de privatización, la especulación y la subordinación de los servicios públicos a criterios de rentabilidad económica y a los intereses del capitalismo.
Con motivo de la presentación de estas propuestas, la Red de Agua Pública está organizando un acto público en Madrid para el jueves 5 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas. Al encuentro han sido invitadas las formaciones políticas para que se posicionen sobre el documento, así como organizaciones ciudadanas implicadas en la defensa del agua pública.
Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento
La primera línea de actuación que propone la RAP es reconocer expresamente el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, incorporándolo a la normativa en el nivel más alto posible y con el alcance establecido por Naciones Unidas. Las administraciones públicas deben asumir la obligación de respetar, proteger y garantizar este derecho.
Para hacerlo efectivo, reclama aprobar una regulación que establezca un mínimo vital de agua gratuito para las personas y hogares en situación de vulnerabilidad y que prohíba expresamente los cortes de suministro por incapacidad económica para afrontar el pago.
La propuesta va más allá de los hogares que disponen de un contrato convencional. La Red considera necesario garantizar el acceso efectivo al agua y al saneamiento a las personas sin hogar, quienes viven en asentamientos precarios y la población que carece de conexión a las redes, mediante soluciones seguras y dignas que no dependan exclusivamente de la existencia de un contrato individual.
También plantea extender la disponibilidad de fuentes de agua potable y aseos públicos, incorporando a la planificación de los servicios las necesidades relacionadas con la higiene menstrual, la discapacidad y la dependencia.
La RAP reclama, asimismo, coordinar las políticas de vivienda y agua para garantizar ambos derechos. En este sentido, advierte de que los costes del suministro “no deben comprometer la capacidad de las familias para mantener su vivienda” y de que la falta de un título de propiedad o de un contrato de arrendamiento “no puede convertirse en un motivo de exclusión del acceso esencial al agua y al saneamiento”.
Frenar el crecimiento de la demanda y establecer prioridades en los usos del agua
La segunda gran cuestión aborda los usos del agua y la necesidad de adaptar las demandas a la reducción de los caudales disponibles que está imponiendo el cambio climático y el capitalismo extractivista.
La Red propone detener el crecimiento de las demandas hídricas tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales. Para ello, considera necesario redimensionar la superficie regada y las demandas urbanas expansivas, priorizando la reducción de las grandes producciones de regadío intensivo y de las promociones urbanísticas y turísticas más despilfarradoras.
También reclama garantizar la prioridad de usos establecida en la Ley de Aguas, situando en primer lugar los caudales ecológicos y, frente al resto de usos, el abastecimiento de las poblaciones.
En las redes de distribución urbana, propone diferenciar los consumos domésticos de los turísticos, recreativos y productivos, así como establecer criterios transparentes de ahorro y restricción que tengan en cuenta la intensidad del consumo, la vulnerabilidad de las personas afectadas y la utilidad social de cada actividad.
Una de las propuestas más relevantes en este apartado es declarar una moratoria sobre los grandes centros de datos hasta que se hayan evaluado adecuadamente sus repercusiones hídricas, energéticas, medioambientales, democráticas y sociales.
Adaptación al cambio climático, sequías e inundaciones
La RAP considera que la adaptación del ciclo urbano del agua debe situarse entre las prioridades de las políticas climáticas, con financiación suficiente y coordinación entre las distintas administraciones.
Entre sus propuestas figura impulsar la elaboración y actualización de los planes de gestión del riesgo por sequía. Estos planes deben contar con participación pública, indicadores verificables, umbrales de actuación, responsables definidos y medidas específicas para proteger a la población vulnerable.
En materia de inundaciones, la organización reclama integrar su prevención en la ordenación del territorio, recuperar los espacios fluviales y las zonas de retención natural, impedir nuevas ocupaciones que incrementen la exposición al riesgo y desarrollar medidas para reducir la vulnerabilidad de las áreas ya ocupadas.
No a la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua
La defensa de la gestión pública constituye otro de los ejes centrales del documento. La Red de Agua Pública reclama proteger, mediante las reformas legales necesarias, la gestión pública de los servicios del ciclo urbano del agua frente a su privatización y a cualquier pérdida de control público.
Mientras no se establezcan esas garantías, considera que cualquier proceso de privatización debe estar precedido necesariamente por un procedimiento de participación ciudadana informada que culmine en una consulta vinculante.
La RAP también exige prohibir por ley los cánones concesionales anticipados, mecanismos mediante los cuales se utilizan ingresos futuros de los servicios del agua para financiar gastos ajenos al propio ciclo urbano. La organización advierte de que estos instrumentos “favorecen la privatización, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción al convertir el abastecimiento y el saneamiento en grandes negocios privados”.
El documento incorpora, además, la necesidad de prevenir la financiarización del agua, entendida como la creciente influencia de los actores, instrumentos y lógicas financieras en la gestión del recurso y sus infraestructuras. Para la Red, este fenómeno, junto con la privatización, favorece la especulación y subordina la gestión del agua a la rentabilidad financiera, especialmente en un contexto de crisis climática en el que la escasez hídrica y las necesidades de adaptación pueden utilizarse para justificar nuevos negocios privados.
Frente a este modelo, reclama cambios institucionales que garanticen la transparencia plena, incluyendo el acceso a datos reales y actualizados sobre consumos e inversiones, y una participación ciudadana activa, libre y significativa dentro de un marco de democracia deliberativa.
Facilitar la remunicipalización de los servicios
La recuperación de la gestión pública por parte de los municipios es otra de las prioridades de la RAP. Para avanzar en esta dirección, propone eliminar los obstáculos normativos, financieros y administrativos que dificultan la remunicipalización de los servicios.
En concreto, plantea revisar las disposiciones relativas al régimen local, la contratación, la estabilidad presupuestaria y el empleo público que impidan desarrollar alternativas de gestión pública viables.
La propuesta incluye crear programas de asistencia jurídica, económica y técnica, además de mecanismos de financiación destinados a los municipios que decidan recuperar sus servicios de abastecimiento y saneamiento.
La cooperación entre operadores públicos debe facilitar la transferencia de conocimientos y garantizar la continuidad del abastecimiento y del saneamiento durante los procesos de cambio de gestión.
La Red considera especialmente importante que, cuando una concesión llegue a su finalización o se resuelva el contrato, se inicie con al menos un año de antelación un proceso informativo de evaluación pública de las alternativas. Este procedimiento deberá incluir la preparación de la reversión del servicio y la participación ciudadana para decidir el modelo de gestión, cuyo resultado deberá ser vinculante.
Una ley estatal del ciclo urbano del agua y una gobernanza democrática
La RAP propone impulsar una ley estatal del ciclo urbano del agua que respete las competencias autonómicas y locales y establezca garantías comunes en materia de calidad del servicio, protección social, transparencia y rendición de cuentas.
Defiende un modelo de gestión pública, sin ánimo de lucro, profesionalizado y sometido a control democrático, que integre el abastecimiento, el saneamiento y la depuración, y coordine la gestión de las aguas pluviales con la planificación urbana.
La participación pública debe estar garantizada en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua. La organización reclama que la ciudadanía pueda intervenir e incidir en la elaboración y seguimiento de la programación estratégica, los proyectos y programas que se ejecuten y financien, así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluido el diseño de las estructuras y políticas tarifarias.
Para los municipios más pequeños, plantea reforzar la cooperación entre operadores públicos y estructuras supramunicipales, como mancomunidades y consorcios. El objetivo es que puedan disponer de financiación adecuada, asistencia técnica, laboratorios, formación y capacidad de gestión, sin perder el control democrático local.
Derogar las normas que facilitan la privatización
El documento reclama derogar las disposiciones legales que favorecen la privatización u obstaculizan la remunicipalización de los servicios públicos municipales, incluidos los de abastecimiento de agua y saneamiento.
La Red señala expresamente la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como los artículos y disposiciones adicionales específicas de la Ley de Presupuestos de 2017 y de la Ley de Contratos del Sector Público.
La RAP considera que estas reformas normativas son necesarias para eliminar las barreras que dificultan que las administraciones locales puedan recuperar y gestionar directamente servicios esenciales.
Defender las directivas europeas y proteger los ecosistemas acuáticos
Otro de los bloques de propuestas se centra en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Aguas de Consumo Humano y la normativa europea sobre aguas residuales.
La Red reclama defender íntegramente la Directiva Marco del Agua y rechazar la reforma que está impulsando la Comisión Europea, al considerar que debilitaría sus objetivos ambientales, el principio de no deterioro y las garantías actuales de protección de ríos, humedales, acuíferos, lagos, estuarios y aguas costeras. También advierte de las consecuencias que tendría para las actividades económicas sostenibles que dependen de la buena calidad de los recursos hídricos.
Frente a cualquier retroceso, propone cumplir esta directiva y el resto de la normativa ambiental mediante una gestión orientada al uso sostenible del agua, que garantice la conservación y recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos.
Para ello, reclama fijar y mantener caudales ambientales adecuados y garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria. La organización pone el foco en la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento, un problema que califica de urgente y que deja sin agua de grifo a más de 250.000 personas.
También propone prevenir la contaminación en origen, reforzar la vigilancia de sustancias peligrosas y contaminantes emergentes y aplicar el principio de quien contamina paga, evitando que los hogares tengan que asumir costes que corresponden a quienes generan la contaminación.
En materia de saneamiento y depuración, plantea desarrollar planes que involucren a todas las administraciones competentes, adaptados a la normativa derivada de la nueva Directiva de Aguas Residuales y que incluyan programas de financiación pública especialmente dirigidos a los municipios pequeños.
Respecto al agua de consumo humano, reclama incorporar el enfoque de gestión del riesgo establecido por la directiva europea en todas las fases del sistema de abastecimiento. Considera imprescindible comenzar por controlar las zonas de captación, mediante la delimitación y aplicación de perímetros de protección suficientes y efectivos.
Asimismo, exige aplicar rigurosamente los contenidos del Real Decreto 3/2023, que transpone la Directiva de aguas de consumo humano, en lo relativo a garantizar el abastecimiento de la población vulnerable y la buena calidad del agua suministrada por las redes urbanas.
Agua y ciudad: urbanismo condicionado por la disponibilidad de recursos
La planificación urbanística y turística debe estar vinculada, según la RAP, a la capacidad acreditada de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración. Esta planificación deberá tener en cuenta los escenarios climáticos y los costes necesarios para mantener las infraestructuras.
La organización propone también impulsar ciudades más permeables mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible, recuperación de suelos, arbolado adaptado al clima y espacios capaces de retener y regular las aguas pluviales.
Se trata de incorporar la gestión del agua a la planificación urbana, evitando que el crecimiento de las ciudades y las actividades turísticas se desarrolle al margen de los límites y capacidades de los recursos hídricos disponibles.
Financiación pública, inversiones y equidad territorial
La Red reclama establecer un programa estable y plurianual de inversión pública para renovar las redes de abastecimiento, mejorar la depuración, proteger las captaciones y adaptar los servicios a los riesgos climáticos.
La distribución de los recursos debe responder a las necesidades acreditadas y a criterios de equidad territorial. Para ello, propone establecer mecanismos que permitan concurrir a los pequeños municipios y eviten que su menor capacidad administrativa se convierta en un impedimento para acceder a la financiación.
Los mecanismos de financiación de las infraestructuras y servicios del agua deben responder al interés general, preservar el control público y dar prioridad al derecho humano al agua y al saneamiento y a la protección de los ecosistemas.
La RAP insiste en que los programas de inversión no pueden limitarse a financiar la construcción o renovación de instalaciones. Deben incorporar también los recursos económicos y la capacidad técnica necesarios para su explotación, mantenimiento y reposición, con apoyo específico a los municipios pequeños.
Además, reclama garantizar que los ingresos procedentes de las tarifas y de los tributos finalistas del agua se destinen a sus respectivos fines dentro del ciclo del agua. Para ello, considera imprescindible disponer de una contabilidad transparente y de mecanismos de seguimiento público de la recaudación, las inversiones y los resultados obtenidos.
Digitalización y conocimiento público al servicio del interés general
La transformación tecnológica de los servicios del agua debe estar orientada al interés general, según las propuestas de la Red. La RAP plantea impulsar una política de digitalización del ciclo urbano del agua que permita integrar los datos de abastecimiento y saneamiento para convertirlos en conocimiento operativo, anticipar riesgos y mejorar la transparencia.
Esta transformación debe acompañarse del refuerzo de la formación de las plantillas y de la cooperación supramunicipal, adaptando las soluciones tecnológicas a la capacidad de cada municipio y vinculando las inversiones digitales a la renovación de las infraestructuras y a la adaptación climática.
La organización considera necesario garantizar que la digitalización llegue a todos los territorios, especialmente a los pequeños municipios, mediante financiación estable, asistencia técnica y mantenimiento de los sistemas, de acuerdo con los principios de la Carta de Arteixo.
También exige preservar el control público de la información de los servicios y garantizar la disponibilidad de los datos, la documentación y las configuraciones necesarias para su funcionamiento, mantenimiento y eventual cambio de proveedor.
Para evitar dependencias tecnológicas y costes de salida injustificados, propone incorporar a los procesos de contratación requisitos de interoperabilidad, formatos abiertos y portabilidad de los datos.
Derechos laborales, igualdad y participación de las plantillas
El último bloque de propuestas aborda las condiciones laborales de quienes trabajan en los servicios del ciclo urbano del agua. La RAP reclama garantizar derechos laborales y condiciones de trabajo justas, tanto en términos de calidad como de estabilidad en el empleo. Asimismo, considera necesario reconocer la importancia de las plantillas garantizando su participación en las instancias de toma de decisiones.
El documento incluye también el impulso de planes de igualdad, la eliminación de las barreras que dificultan el acceso y la promoción profesional de las mujeres y la preparación del relevo generacional, con el objetivo de conservar el conocimiento técnico acumulado en los servicios públicos.
Con este conjunto de propuestas, la Red de Agua Pública emplaza a las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones estatales del 29 de noviembre a asumir compromisos concretos para garantizar el agua como derecho humano y bien común, fortalecer la gestión pública y democrática y proteger los ecosistemas acuáticos frente a las presiones económicas, ambientales y climáticas.
