A juicio de CCOO las “decisiones unilaterales y despidos” en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) “han supuesto un sobrecoste de más de 120.000 euros de fondos públicos en indemnizaciones y condenas judiciales por atentar contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras y su representación sindical”. El sindicato exige la intervención “inmediata” del Gobierno de Aragón “ante la ineficiencia en el gasto de recursos públicos, irregularidades en procesos selectivos y la vulneración de la libertad sindical ejercida por el actual director gerente del IAF”.
El Sector de Administración de CCOO Aragón traslada a la ciudadanía “la grave situación laboral, administrativa y ética que atraviesa el Instituto Aragonés de Fomento (IAF)”, entidad de derecho público integrada en la administración de la DGA.
Tania González, secretaria general del Sector de Administración de CCOO Aragón, ha denunciado que “desde el nombramiento de su actual director gerente, Daniel Rey, el IAF ha llevado a cabo una gestión opaca, clientelar, autoritaria, que ha sido denunciada por delegados y delegadas del sindicato y cuya consecuencia ha sido la persecución de la representación legal de la plantilla”.
Por su parte, Francisco José González, responsable de Negociación Colectiva del Sector Público de Aragón, ha señalado algunas de las infracciones más graves, que ha juicio del sindicato, se han cometido.
Así, relatan, que una de las primeras actuaciones del director gerente nada más llegar a la dirección del IAF fue “contratar una persona para un puesto de trabajo de alta dirección, cuyo proceso de selección plantea serias dudas. La convocatoria de puesto fue difundida a través del INAEM, fijándose como plazo límite para presentar candidaturas el 25/09/2024, a las 23:59 horas, apenas unas horas después, según consta en la Resolución firmada por el Director Gerente el 26/09/2024 a las 9:46 horas, ya se había acordado el nombramiento”.
Además, en esos primeros momentos tras su nombramiento, “el Director Gerente subió las retribuciones del personal de dirección en 5.000 euros, de manera unilateral, sin justificación ni negociación con la representación de los trabajadores”.
Señalan también, que “el director gerente del IAF, que es un cargo de elección política, ha formado parte de varios órganos de selección para puestos de trabajo de personal temporal, algo que está prohibido por el Estatuto Básico del Empleado Público desde el año 2007”.
“Esta gestión clientelar ha tenido también como beneficiaria a la entidad Zerca Market Digital, S.L, cuyo administrador único es un hermano del director gerente, a través de la adjudicación de un contrato menor de 3.500 euros, eludiendo la concurrencia pública y ejecutándose sin que conste en el expediente la preceptiva abstención formal del director Gerente”, denuncia desde CCOO Aragón.
Pero, a juicio del sindicato, “más grave en lo relativo al uso del dinero público es la indemnización por despido que se adjudicó a un alto directivo de la entidad, de más de 102.000 euros, incumpliendo la normativa aplicable, puesto que dicho trabajador tenía un puesto de trabajo en excedencia en la propia Administración de la DGA, al que se reincorporó a los pocos días de percibir esa importante cuantía”.
“Estas malas prácticas se han extendido a la gestión de personal y también han tenido consecuencias económicas negativas para el IAF”
Desde CCOO relatan como “una trabajadora del IAF fue despedida durante el periodo de prueba de su contrato temporal, tras haber contactado con la representación de los trabajadores sobre las funciones que la Dirección le estaba asignando. Tras la correspondiente denuncia del despido por parte de la trabajadora, la Sentencia declaró la nulidad radical del despido, al quedar probado que constituyó una represalia directa contra la acción reivindicativa de los representantes del personal. La resolución condenó al IAF el abono de salarios de tramitación, 10.863,60 euros, y al pago de una indemnización por daños morales de 7.501 euros”.
Persecución a la representación sindical
La labor fiscalizadora y de denuncia emprendida por los delegados de personal de CCOO ante la Inspección de Trabajo, la Dirección General de Función Pública y el departamento de adscripción “ha desencadenado una sistemática campaña de acoso y represalias contra los representantes de la plantilla”. El sindicato remarca que “a los tres delegados les han cortado la posibilidad de ascensos, les han cortado su carrera profesional”.
“A uno, además, le han vaciado de funciones su puesto de trabajo. Y está pendiente la resolución de un proceso judicial en el que, por estos motivos, uno de los delegados ha denunciado al IAF por acoso laboral, derivado de su actividad sindical”, subrayan desde CCOO Aragón.
Exigencia de responsabilidades al ejecutivo de Azcón
Por todo ello, CCOO subraya que la defensa de las condiciones de trabajo en el IAF “es inseparable de la defensa del patrimonio público y del correcto uso de los recursos de la ciudadanía. CCOO no va a tolerar que la labor de fiscalización sindical se traduzca en represalias personales y laborales para quienes ejercen el mandato constitucional de defender a las trabajadoras y trabajadores”.
Finalmente, el sindicato apela “de forma urgente al Gobierno de Aragón para que ejerza sus competencias de tutela, intervenga de manera firme e inmediata ante los reiterados incumplimientos del director gerente y revierta la actual deriva autoritaria con el objetivo de devolver al IAF los estándares de transparencia, legalidad y calidad en el empleo que jamás debió perder”, concluyen desde CCOO Aragón.
