El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT) ha vuelto a poner el foco en las deficiencias estructurales que arrastra el sistema ferroviario y que, a su juicio, “comprometen la seguridad de las circulaciones”. Tras el grave accidente ocurrido en Urda (Toledo), la organización sindical denuncia que las averías constantes en la infraestructura, las externalizaciones, la falta de medios “y la gestión de situaciones degradadas se han convertido en una realidad cotidiana para las plantillas ferroviarias”.
“Las averías constantes en la infraestructura, las externalizaciones y la falta de medios hacen que trabajar en situaciones degradadas haya dejado de ser algo excepcional para convertirse en el pan de cada día”, advierte el sindicato en un comunicados difundido este jueves, 29 de octubre. Una situación que, según explica, “se agrava cuando la gestión de incidencias continuas coincide con la sobrecarga mental y la presión empresarial para mantener la circulación y minimizar los retrasos a toda costa, multiplicando así los riesgos operativos”.
Para CGT, la seguridad ferroviaria no puede abordarse exclusivamente desde el análisis de una actuación individual ni buscando responsabilidades en el último eslabón de la cadena. La organización reclama que se investiguen también las condiciones materiales, organizativas y laborales en las que se desarrolla el trabajo ferroviario, así como las decisiones empresariales y políticas que afectan al funcionamiento del sistema.
“Un accidente ferroviario grave jamás se explica por un único fallo aislado ni señalando al último eslabón de la cadena, sino que es el resultado de una concatenación de circunstancias, decisiones organizativas y políticas empresariales que deben investigarse en su conjunto”, subraya el SFF-CGT.
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Plantillas menguantes, formación insuficiente y relevo generacional acelerado
Entre las cuestiones que el sindicato considera imprescindibles para comprender la situación del ferrocarril figura la pérdida continuada de personal experimentado. CGT denuncia que, después de años de bloqueo de ingresos y reducción de las plantillas, se ha intentado solucionar el déficit de profesionales con experiencia mediante un relevo generacional acelerado.
En este contexto, cuestiona que se incorpore directamente a personas procedentes de las ofertas públicas de empleo (OEP) a puestos de enorme responsabilidad, como los Centros de Regulación y Control (CRC), sin experiencia ferroviaria sobre el terreno y con una formación específica y práctica que considera claramente insuficiente.
Esta situación, advierte la organización sindical, coloca a las nuevas incorporaciones en una posición de especial vulnerabilidad, especialmente en puestos donde deben tomarse decisiones en tiempo real y gestionar simultáneamente circulaciones, trabajos en la infraestructura, averías, incidencias y situaciones degradadas.
El sindicato insiste en que los CRC son espacios de trabajo de enorme responsabilidad, en los que la seguridad depende de la disponibilidad de información, de los procedimientos establecidos, de los medios existentes y de las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
Por ello, reclama que la investigación del accidente de Urda examine también los procesos de relevo generacional, la formación práctica necesaria para asumir determinados puestos, los medios disponibles y la carga mental que supone gestionar situaciones complejas durante jornadas de atención continuada.
Doce horas de control de tráfico y sin garantías suficientes frente a la fatiga
Otro de los aspectos que centran las denuncias sindicales es la situación laboral del personal de circulación. CGT considera que este colectivo soporta niveles críticos de estrés y turnicidad sin una normativa eficaz que lo proteja frente a la fatiga.
La organización recuerda que, tras los accidentes de Adamuz y Gélida, se acordó modificar el Real Decreto 929/2020, pero denuncia que el personal de circulación quedó fuera de las medidas de protección. En concreto, señala que su artículo 36 continúa permitiendo hasta doce horas diarias de control de tráfico sin establecer límites adecuados al trabajo continuado, pausas reales para desconectar ni tiempos suficientes para realizar los relevos, conocidos como toma y deje del servicio.
El SFF-CGT recuerda que ya en mayo presentó una propuesta de modificación de este real decreto para establecer límites claros a la actividad continuada de control de tráfico y garantizar descansos efectivos. La iniciativa contempla, además, regular adecuadamente los tiempos de ‘toma y deje’ del servicio e incorporar expresamente factores como la nocturnidad, la turnicidad, la carga mental y las situaciones degradadas.
La organización señala que viene reclamando estas medidas ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), sin que, hasta el momento, se haya dado una respuesta que garantice una protección adecuada para el colectivo.
“Si queremos hablar de factor humano, tenemos que hacerlo antes de que ocurra un accidente y no después para buscar responsabilidades. La seguridad también depende de la formación, la experiencia, unas plantillas suficientes y unas condiciones de trabajo adecuadas», recalca el sindicato.
CGT rechaza el señalamiento del trabajador del CRC de Atocha
Junto a estas denuncias estructurales, el SFF-CGT expresa su “más absoluta disconformidad” con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, por apuntar públicamente a la actuación del trabajador del Centro de Regulación y Control de Atocha cuando todavía no se han esclarecido todas las circunstancias del accidente de Urda.
La organización sindical traslada, en primer lugar, su solidaridad con todas las personas afectadas por el siniestro y reclama que la investigación permita conocer rigurosamente qué ocurrió y cuáles fueron todas las circunstancias que desembocaron en el accidente.
Sin embargo, considera “inadmisible” que, antes de que concluya esa investigación, se señale al trabajador y se apunte al denominado “factor humano” como explicación de lo sucedido. CGT recuerda que esta forma de proceder “recuerda tristemente a las primeras horas tras el accidente de Angrois” y la califica de “enorme irresponsabilidad política” por parte de quien ocupa la máxima responsabilidad en el Ministerio.
“Que salga públicamente a señalar al compañero del CRC de Atocha y apunte de forma precipitada al ‘factor humano’ es inadmisible. El máximo responsable del Ministerio no puede dictar sentencia y poner a los trabajadores y trabajadoras a los pies de los caballos antes de que se esclarezcan todas las circunstancias”, denuncia el sindicato.
CGT no cuestiona que deban analizarse todas las decisiones adoptadas durante la gestión de la emergencia. Lo que rechaza es que una actuación concreta o la persona que la tomó se conviertan anticipadamente en la explicación del accidente, sin reconstruir antes el conjunto de los hechos.
“Investigar todas las circunstancias posibles forma parte de esclarecer lo ocurrido. Señalar públicamente a una persona trabajadora antes de conocerlas es algo muy distinto”, sostiene el SFF-CGT.
La organización sindical insiste en que investigar todas las circunstancias significa analizar también la actuación del trabajador, pero con la misma atención a las responsabilidades que existen detrás y por encima de él: los recortes de plantilla, el diseño de los procesos formativos, la gestión del mantenimiento y la negativa a regular adecuadamente los tiempos de trabajo y descanso.
Los audios filtrados y la obligación de Adif de proteger a su personal
Asimismo, el sindicato considera “igualmente grave la filtración y difusión pública de los audios del personal de circulación” mientras continúa abierta la investigación del accidente. A su juicio, la publicación de comunicaciones parciales, sin disponer del conjunto de las pruebas ni del contexto en el que se produjeron, contribuye a alimentar un juicio público anticipado sobre las personas implicadas.
“La filtración y difusión de los audios de circulación mientras la investigación sigue abierta es intolerable. Esta práctica solo alimenta el linchamiento mediático de un trabajador al que Adif debería estar protegiendo y garantizándole asistencia psicológica tras haber vivido un suceso traumático, en lugar de dejarlo expuesto ante la opinión pública”, denuncia CGT.
La organización recuerda que ya después del accidente de Adamuz solicitó a Adif la apertura de una investigación interna para determinar el origen de las filtraciones, revisar las medidas técnicas de control, custodia y trazabilidad de las grabaciones y depurar las posibles responsabilidades. Según el sindicato, todavía no ha recibido respuesta a aquella petición.
El SFF-CGT considera que la empresa pública debe garantizar la protección de su personal y evitar que las comunicaciones de quienes desempeñan funciones directamente relacionadas con la seguridad ferroviaria se difundan de manera parcial antes de que los organismos competentes hayan establecido qué sucedió.
“Adif debe proteger a su personal y garantizar que las personas que desempeñan funciones directamente relacionadas con la seguridad puedan hacerlo sabiendo que, ante un accidente, sus actuaciones no serán expuestas parcialmente ante la opinión pública antes de que se conozcan las conclusiones”, reclama la organización sindical.
Una seguridad ferroviaria que debe abordarse desde el conjunto del sistema
SFF-CGT insiste en una reivindicación que el sindicato viene defendiendo desde los accidentes de Adamuz y Gélida: la seguridad ferroviaria debe analizarse y reforzarse desde una perspectiva integral, sin separar colectivos, empresas o actividades que forman parte de una misma circulación.
Tras aquellos siniestros, la organización ya reclamó un cambio en la manera de abordar la seguridad, advirtiendo de que no bastaba con buscar respuestas aisladas después de cada accidente. Para CGT, es necesario actuar sobre el conjunto del sistema, incluyendo las plantillas, la formación, el mantenimiento, los medios materiales, la organización del trabajo y la coordinación entre todas las personas y empresas que intervienen diariamente en el ferrocarril.
En este sentido, el sindicato vuelve a reclamar que la investigación de Urda no se limite a buscar un posible error individual, sino que examine las condiciones en las que trabajan las plantillas y las decisiones que condicionan la seguridad de las circulaciones.
“La seguridad ferroviaria no se garantiza buscando culpables en los pupitres de control tras la tragedia, sino dotando de medios, formación, plantillas y condiciones de trabajo seguras a quienes sostienen el ferrocarril día y noche”, enfatiza el SFF-CGT.
Finalmente, la organización sindical considera que la gravedad del accidente exige “rigor, transparencia y una investigación que alcance todas las responsabilidades”, pero también que sirva para abordar los problemas estructurales que lleva años denunciando ante Adif y el Ministerio de Transportes. “Investigarlo todo significa analizar la actuación del trabajador, sí, pero examinando con la misma lupa las responsabilidades que hay detrás y por encima de él”, concluye el sindicato.
