La huelga general por la vivienda del 11 de noviembre continúa organizándose en Aragón más allá de Zaragoza. En Teruel, la Asamblea de Vivienda, con el apoyo de CGT y CNT, ha trasladado a los grupos políticos de la Diputación una propuesta para ampliar el parque de alquiler asequible en el medio rural y mejorar la ejecución de los fondos públicos. En Uesca, la Plataforma de Vivienda y distintas organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales han acordado coordinar sus movilizaciones para confluir en una jornada de lucha durante el 11N.
Las iniciativas parten de situaciones diferentes, pero comparten una reivindicación: garantizar el acceso a una vivienda digna y poner fin a un modelo que convierte una necesidad básica en objeto de especulación. En Teruel, la atención se dirige a la inversión pública, las viviendas vacías y las dificultades para residir en los pueblos. En Uesca, las organizaciones buscan reunir las luchas por la vivienda, los salarios, los servicios públicos y los derechos sociales.
Teruel reclama a la Diputación más inversión y resultados verificables
La Asamblea de Vivienda de Teruel, con el respaldo de CGT y CNT, presentó este miércoles, 28 de octubre, a los grupos políticos de la Diputación de Teruel (DPT) una propuesta de nueve medidas para ampliar el parque de vivienda asequible en el medio rural.
La iniciativa, trasladada con motivo del pleno provincial de esta semana, parte de los resultados de la convocatoria de 2025 para la adquisición de viviendas municipales con fines sociales. Aquel programa contaba con una dotación inicial de un millón de euros, pero la resolución de concesión aprobó ayudas por 608.036,77 euros. La diferencia asciende a 391.963,23 euros, el 39,2% del presupuesto inicial, que no quedó adjudicado en esa resolución.
La Asamblea de Vivienda de Teruel aclara que esa cifra no significa necesariamente que el dinero se perdiera o dejara de utilizarse posteriormente, puesto que sería necesario conocer la ejecución presupuestaria completa y las posibles modificaciones o reasignaciones. Precisamente por ello exige transparencia sobre el destino final de los fondos y medidas para evitar que los obstáculos administrativos, técnicos o del mercado inmobiliario impidan aprovechar las partidas disponibles.
Para 2026, la DPT ha anunciado un millón de euros destinado a la adquisición y rehabilitación de viviendas en municipios rurales, distribuido en dos líneas de ayudas. La Asamblea reclama evaluar su funcionamiento y comprobar que las inversiones permiten incorporar inmuebles habitables al parque de alquiler social o asequible.
“No basta con anunciar partidas presupuestarias ni con conceder subvenciones. Necesitamos saber cuántas viviendas se han comprado, cuántas se han rehabilitado, cuántas están habitables y cuántas están realmente alquiladas como residencia habitual. La política de vivienda tiene que medirse por los resultados que consigue para la población”, sostiene la organización.
Nueve medidas para recuperar viviendas y garantizar alquileres asequibles. La principal propuesta consiste en elevar progresivamente la inversión provincial en vivienda hasta alcanzar, al menos, tres millones de euros anuales, mediante una planificación plurianual que incluya la adquisición, rehabilitación y movilización de inmuebles vacíos. La Asamblea plantea que este incremento no reduzca los recursos destinados a los planes generales de apoyo a los municipios.
También reclama un seguimiento periódico de las convocatorias para detectar a tiempo las dificultades que impiden ejecutar los fondos y estudiar, cuando la legislación lo permita, la redistribución de créditos entre programas de vivienda social.
La tercera medida exige publicar anualmente información accesible y detallada sobre las cantidades presupuestadas, solicitadas, concedidas, comprometidas, justificadas y efectivamente pagadas. Ese seguimiento debería explicar qué recursos no se han adjudicado o ejecutado, sus causas y posibles reasignaciones, así como identificar las viviendas adquiridas, rehabilitadas, habitables, alquiladas o pendientes de ocupación.
La información incluiría además las rentas, los requisitos de acceso, la duración de los contratos, los criterios de adjudicación y la distribución territorial de las actuaciones, con identificación de los municipios beneficiarios.
La Asamblea propone priorizar las actuaciones que amplíen realmente la oferta de vivienda habitual asequible, especialmente para trabajadores, familias, jóvenes y profesionales que necesitan establecerse en localidades rurales.
En el caso de las ayudas para rehabilitar viviendas privadas destinadas al alquiler, plantea incorporar condiciones sociales verificables: uso como residencia habitual, límites a las rentas, compromisos de alquiler suficientemente prolongados y exclusión de usos turísticos o segundas residencias durante el periodo de obligación. Todo ello, dentro del marco legal aplicable, con mecanismos de control y posible reintegro de las ayudas en caso de incumplimiento.
Otra de las reclamaciones es reforzar la asistencia técnica y administrativa a los ayuntamientos para localizar inmuebles, evaluar su estado, comprobar su viabilidad urbanística, preparar proyectos de rehabilitación, tramitar subvenciones y gestionar los posteriores arrendamientos.
La propuesta incluye elaborar un diagnóstico provincial de la vivienda vacía que permita diferenciar los inmuebles habitables de aquellos que necesitan obras, se encuentran en ruina o presentan impedimentos legales. También pide distinguir las segundas residencias y los alojamientos turísticos, respetando la normativa y los derechos de las personas propietarias.
Por último, plantea establecer una coordinación permanente entre la Diputación, el Gobierno de Aragón y los municipios, con participación de sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos sociales vinculados a la vivienda. La institución provincial debería informar al pleno, al menos una vez al año, de los avances y resultados obtenidos.
“Pueblos para vivir, no para especular”
La Asamblea de Vivienda de Teruel vincula estas reivindicaciones a la huelga general del 11N porque considera que la vivienda, los salarios, el empleo y los servicios públicos forman parte de un mismo problema.
La falta de alquileres asequibles dificulta que familias, jóvenes y profesionales puedan instalarse o permanecer en los municipios. También agrava los problemas para mantener servicios públicos y actividad económica en el medio rural.
“Defender nuestros pueblos significa que la gente pueda vivir en ellos, encontrar una vivienda a un precio asumible, trabajar con derechos y contar con servicios públicos bien dotados. Queremos que la Diputación asuma compromisos concretos, con presupuesto suficiente, ejecución efectiva y resultados transparentes”, reivindica la organización.
En este contexto, expresa también su solidaridad con los bomberos de la Diputación de Teruel y su lucha por unas condiciones laborales dignas y los medios necesarios para prestar un servicio público adecuado.
La reivindicación que resume su propuesta es “pueblos para vivir, no para especular”, con más inversión, ejecución efectiva de los presupuestos y vivienda pública y asequible.
Uesca prepara una jornada conjunta de lucha para el 11N
En Uesca, la Plataforma de Vivienda y distintas organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales de la ciudad altoaragonesa han acordado iniciar la organización conjunta de la huelga general del 11 de noviembre.
Cada colectivo mantendrá sus actividades y movilizaciones previas, pero todas confluirán en una jornada de lucha compartida a lo largo del 11N.
La convocatoria busca sumar a las plataformas en defensa de la sanidad y la escuela pública, organizaciones ecologistas y de derechos humanos, entidades vecinales y patrimoniales, colectivos de solidaridad con Palestina y el pueblo saharaui, así como movimientos feministas y de defensa de los derechos LGTBIQA+.
La Plataforma llama a las organizaciones sociales de la ciudad a participar en la preparación de las movilizaciones y a construir un movimiento capaz de exigir cambios efectivos a los poderes públicos.
En Uuesca, “vamos a juntarnos, analizar, debatir y alentar y construir entre todas un movimiento social capaz de arrastrar a los poderes públicos a cambiar de una vez esta extrema injusticia social, como es la escasez de un bien básico para la vida”, señala el comunicado.
Las organizaciones defienden que es necesario “acabar con un sistema de vivienda basado en la especulación, y crear un sistema basado en derechos”.
Entre sus exigencias figuran viviendas para vivir y no para especular, la creación de un gran parque público, seguridad residencial para evitar expulsiones de los hogares, reducción de los precios, derechos sindicales en materia de vivienda y salarios, pensiones y servicios públicos dignos.
La convocatoria oscense incorpora también la huelga de compras en grandes superficies promovida por organizaciones de inquilinas, de defensa de las personas consumidoras, alimentación y ecologismo.
La iniciativa, que ya tuvo su primera jornada este miércoles, tendrá una segunda convocatoria el miércoles 4 de noviembre, antes de la huelga general del 11N.
La Plataforma de Vivienda de Uesca se suma a esta campaña, impulsada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, FACUA, Justicia Alimentaria, REAS y Ecologistas en Acción, según recoge su comunicado.
Las organizaciones invitan a consultar las convocatorias y acciones que se vayan concretando en Uesca a través de la plataforma Toka, huelga por la vivienda. También facilitan el correo plataformaviviendadehuesca@gmail.com y el perfil de Instagram de la Plataforma de Vivienda de Huesca para participar en la organización.
