El comité de empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza exige “el cese inmediato del máximo responsable municipal del servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, tras la decisión del Ayuntamiento de archivar los expedientes relativos a presuntos incumplimientos contractuales de la empresa adjudicataria en materias esenciales de empleo e igualdad según describen los propios pliegos de condiciones”.
Las y los jardineros han exigido a la concejala del PP Tatiana Gaudes “que asuma sus responsabilidades políticas, como máxima responsable del servicio, y cese de inmediato al jefe del servicio municipal de Parques y Jardines, Francisco Bergua, por defender los intereses de las multinacionales frente al interés general de la ciudadanía y las personas trabajadoras que diariamente cuidan de nuestras zonas verdes”.
La representación de la plantilla considera que la decisión “del máximo responsable municipal supone una grave dejación de las responsabilidades de control y vigilancia por parte del máximo responsable publico del servicio”.
El comité recuerda que ha presentado hasta siete denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y ha trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza “información detallada sobre las irregularidades denunciadas”, sin que estas actuaciones hayan desembocado, a su juicio, “en una respuesta municipal efectiva”.
Según la comunicación remitida por el Ayuntamiento de la capital del país a la representación de la plantilla, “las comprobaciones realizadas no habrían permitido constatar la existencia de un incumplimiento contractual concreto, identificable y suficientemente acreditado”. Para el comité, esta respuesta resulta “insuficiente” y deja “sin una solución efectiva problemas que afectan directamente a las condiciones laborales de la plantilla y al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la adjudicataria”.
Para el comité de empresa, esta respuesta resulta “absolutamente inaceptable” y evidencia una “preocupante falta de voluntad municipal para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de FCC”.
Asimismo, el comité de empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza denuncia que “el máximo responsable municipal puede comprobar de primera mano los presuntos incumplimientos del Plan de Igualdad con una simple visita a cualquiera de los parques de la ciudad”, donde, según denuncia la representación de la plantilla, “se están compartiendo vestuarios”.
Sin embargo, el comité considera que el responsable municipal “está optando por mirar hacia otro lado, en lugar de actuar para poner fin a los incumplimientos reiterados” que atribuye a la multinacional FCC.
En ese sentido, el comité denuncia que “los incumplimientos en materia de convenio colectivo también pueden verificarse de forma transparente mediante la documentación y los datos que obran en poder del Ayuntamiento de Zaragoza. Así lo establecen los propios pliegos de condiciones del contrato, que obligan a FCC a entregar periódicamente informes y documentación para que la Administración municipal pueda comprobar el cumplimiento de las cláusulas esenciales del servicio”.
Por todo ello, el comité exige al Ayuntamiento de Zaragoza “que ejerza sus funciones de control y supervisión, revise la documentación contractual y actúe con responsabilidad para garantizar el cumplimiento del Plan de Igualdad, del convenio colectivo y de las obligaciones asumidas por FCC en la prestación del servicio público de Parques y Jardines”.
Incumplimientos en materia de igualdad y empleo
Los representantes de las personas trabajadoras denuncian que “las irregularidades comunicadas afectan a cuestiones fundamentales” recogidas expresamente en los pliegos de condiciones como clausulas esenciales del contrato municipal.
Entre ellas destacan “presuntos incumplimientos en el Plan de Igualdad relacionados con la adecuación de vestuarios, instalaciones y ropa de trabajo a las necesidades de la plantilla”, en la bolsa de trabajo “irregularidades denunciadas en la aplicación de los procedimientos y condiciones de acceso al empleo”, en la promoción interna se cuestionan “el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar la igualdad de oportunidades”. Respecto a los derechos sindicales, observan “deficiencias denunciadas en el acceso a la información y documentación que corresponde legalmente a los representantes de las personas trabajadoras”, y en lo relativo al cumplimiento del convenio colectivo, exigen “respeto íntegro a las obligaciones laborales y sociales asumidas por la empresa adjudicataria”. El comité recuerda que “el cumplimiento del convenio colectivo y de los compromisos en materia de igualdad constituye una obligación esencial recogida en los pliegos de contratación”.
“Por tanto, los incumplimientos acreditados de estas obligaciones pueden dar lugar a penalizaciones graves e incluso, cuando concurran los requisitos legales y contractuales correspondientes, a la resolución del contrato. No estamos hablando de simples recomendaciones, sino de obligaciones contractuales que FCC asumió para gestionar un servicio público financiado con el dinero de todos los zaragozanos y zaragozanas”, subrayan desde el comité.
“El Ayuntamiento de Zaragoza no puede actuar como escudo de FCC”
Desde el comité de empresa considera “especialmente grave, que el Ayuntamiento, como administración contratante y responsable de supervisar la correcta ejecución del servicio, no haya dado una respuesta satisfactoria a las numerosas irregularidades denunciadas”.
Los representantes sindicales recuerdan que la función de los responsables municipales “no es defender los intereses económicos de la empresa adjudicataria, sino garantizar el cumplimiento del contrato, proteger el interés público y velar por los derechos de las personas trabajadoras”.
En este sentido, consideran que el archivo de las reclamaciones, “sin una explicación suficientemente detallada que permita conocer las comprobaciones realizadas, genera serias dudas sobre la eficacia de los mecanismos municipales de control. Resulta incomprensible que se exija a los trabajadores y trabajadoras cumplir escrupulosamente sus obligaciones mientras el Ayuntamiento de Zaragoza parece mirar hacia otro lado cuando las denuncias afectan a la multinacional que gestiona el servicio”.
Responsabilidades del máximo responsable municipal del contrato
El comité de empresa recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) determina que el responsable del contrato “tiene la obligación legal de supervisar la ejecución, adoptar las decisiones necesarias y proponer penalidades ante incumplimientos”.
Asimismo, señalan que “la figura que ejerce la supervisión directa a nivel técnico y administrativo es el responsable del contrato. Cuando este rol es asignado a un técnico, jefe de servicio o funcionario municipal, sus funciones principales se estructuran en asegurar que la empresa adjudicataria cumpla estrictamente lo pactado”.
Por todo ello, el comité de empresa recalca su “perplejidad ante la decisión del máximo responsable municipal antes que la inspección o el juzgado haya dictaminado todavía sentencia sobre los hechos puestos en conocimiento del ayuntamiento de Zaragoza” y advierten que “si los juzgados nos dan la razón en alguna de las materias denunciadas tomaremos todas las acciones legales y administrativas con los responsables municipales” recordando que “los juzgados ya avalan que los sindicatos y los representantes de los trabajadores son parte interesada en materias sociales y laborales de los contratos públicos y por tanto tienen capacidad para emprender contra la administración las acciones que estimen oportunas para defender los intereses sociales y laborales de las personas trabajadoras”.
Responsabilidades de la concejala Tatiana Gaudes
“Ante la gravedad de esta situación”, el comité de empresa dirige su exigencia directamente a la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, a quien reclama “que asuma sus responsabilidades políticas y proceda al cese del máximo responsable municipal del servicio”.
Solicita que se designe “a una persona que garantice una supervisión rigurosa, independiente y transparente de las obligaciones contractuales de FCC. Los trabajadores y trabajadoras de Parques y Jardines necesitamos responsables municipales que defiendan el interés general, el cumplimiento de la legalidad y los derechos laborales, no responsables que den carpetazo a nuestras denuncias mientras FCC continúa obteniendo beneficios de un servicio público”.
“Zaragoza no puede presumir de sostenibilidad mientras se precariza el servicio”
El comité considera “profundamente contradictorio” que el Ayuntamiento de Zaragoza proyecte una imagen de ciudad sostenible, “comprometida con el medio ambiente y con la calidad de sus espacios verdes, mientras desatiende las denuncias laborales de quienes trabajan diariamente en su mantenimiento”.
“Una ciudad no es sostenible únicamente por sus árboles, parques o zonas verdes. También debe serlo por las condiciones laborales de las personas que los cuidan”, aseveran.
Los representantes de la plantilla insisten en que “la sostenibilidad debe incluir necesariamente el empleo digno, la igualdad efectiva, la transparencia y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras. No puede existir un servicio público de calidad si se permite que las obligaciones laborales y sociales de las empresas adjudicatarias queden relegadas frente a sus intereses económicos”, sostienen desde el comité de empresa.
“No vamos a mirar hacia otro lado”
Por todo lo expuesto, el comité de empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza exige al Ayuntamiento de la capital “el cese inmediato del máximo responsable municipal del servicio por la gestión de las reclamaciones presentadas. La revisión motivada de los expedientes archivados, con acceso a las comprobaciones e informes que justifican las resoluciones municipales. La fiscalización efectiva del cumplimiento de las cláusulas esenciales del contrato, especialmente en materia de igualdad, empleo y convenio colectivo. La adopción de las medidas correctoras y sancionadoras que legalmente correspondan cuando se acrediten incumplimientos contractuales. Y, la garantía de transparencia y respeto a los derechos de información y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.
El comité advierte que continuará “utilizando todos los mecanismos sindicales, administrativos y judiciales” a su alcance “para exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales y defender los derechos de la plantilla”.
“El dinero público debe servir para garantizar servicios públicos de calidad y empleo digno, no para amparar los incumplimientos de las multinacionales. FCC debe cumplir sus obligaciones y el Ayuntamiento de Zaragoza debe hacerlas cumplir”, concluyen.
