La respuesta a las cargas policiales del pasado jueves 22 de octubre en la Universidad de Zaragoza en las protestas por la visita de Vito Quiles continúa sumando pronunciamientos de organizaciones sindicales y estudiantiles. La sección sindical de CGT en Unizar ha trasladado por registro a la rectora un comunicado en el que rechaza la utilización de los espacios universitarios por agitadores de ultraderecha y exige una posición institucional firme frente a los discursos de odio. Anticapitalistas Aragón y Abrir Brecha Zaragoza responsabilizan a Delegación del Gobierno y al Rectorado de la represión policial y reclaman dimisiones y la derogación de la Ley Mordaza. Por su parte, Contracorriente reclama responsabilidades políticas y penales por la actuación policial y la retirada de los cargos contra las cinco personas detenidas, que quedaron en libertad con cargos el viernes por la noche tras declarar ante el juez.
Las cuatro organizaciones se pronuncian después de una jornada en la que la movilización antifascista impidió que Vito Quiles celebrara el acto que había anunciado en el campus de San Francisco, para el que no contaba con autorización universitaria. La intervención de la Policía Nacional dejó al menos una docena de manifestantes que necesitaron asistencia médica, según pudo confirmar AraInfo, y cinco personas detenidas.
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CGT acusa al Rectorado de “manifiesta equidistancia” y exige esclarecer quién autorizó la entrada de antidisturbios
La sección sindical de CGT en la Universidad de Zaragoza ha elevado el tono de sus críticas al Rectorado tras las cargas policiales del jueves 22 de octubre. En un nuevo comunicado, exige explicaciones inmediatas sobre la actuación de los antidisturbios en el campus de San Francisco y denuncia la “inaceptable postura institucional” adoptada por el equipo de gobierno de la rectora Rosa María Bolea.
El sindicato recuerda que, antes de las cargas, ya había remitido un primer comunicado de rechazo a la presencia de Vito Quiles, en el que advertía de que la universidad pública no podía convertirse en un altavoz de discursos de odio y provocación. “La pretensión de neutralidad institucional no es suficiente”, insistía CGT, que reprocha al Rectorado haber ignorado las advertencias de la comunidad universitaria y permitido que el campus se convirtiera en escenario de una intervención policial que califica de brutal.
Especialmente contundente es su valoración del comunicado difundido por Unizar más de 24 horas después de las cargas. CGT lo considera “profundamente indignante por su manifiesta equidistancia” y rechaza que la institución reduzca lo sucedido a simples “incidentes” o “enfrentamientos”.
A juicio del sindicato, apelar al diálogo sin señalar responsabilidades supone equiparar la provocación ultraderechista y la represión policial con la respuesta legítima y pacífica de centenares de estudiantes, personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) y personal docente e investigador (PDI). “La institución no puede refugiarse en una falsa neutralidad mientras tolera que la violencia física y la represión se ceben con la propia comunidad universitaria”, denuncia.
CGT cuestiona también el papel desempeñado por el Rectorado en la entrada de las Unidades de Intervención Policial (UIP) al campus. Recuerda que distintos colectivos universitarios han denunciado que la propia institución facilitó o solicitó esa intervención sin realizar un seguimiento de la actuación policial. Por ello, exige aclarar quién autorizó la entrada de los antidisturbios, qué criterios operativos se siguieron y por qué no se protegió a la comunidad universitaria frente a las cargas.
El sindicato denuncia el uso de pelotas de goma, botes de humo, gas pimienta y golpes policiales dirigidos a la cabeza contra una movilización que describe como pacífica, mientras acusa a los agentes de permisividad con grupos de extrema derecha. En su comunicado cifra el balance en al menos diez personas heridas, varias de ellas con contusiones severas, y cinco detenidas. AraInfo ha podido confirmar que al menos una docena de personas necesitaron atención médica tras las cargas. Las cinco personas detenidas quedaron en libertad con cargos el viernes por la noche, después de declarar ante el juez.
Como contraste, CGT cita la respuesta de la Universidad Complutense de Madrid tras las recientes cargas policiales en su campus. Recuerda que personal docente e investigador de su Facultad de Derecho elaboró un informe jurídico que calificó la actuación policial de “gratuita e innecesaria” y apuntó a la presunta comisión de hasta cinco delitos contra manifestantes pacíficos. El sindicato destaca que, según ese informe, la institución madrileña no había solicitado la entrada de las fuerzas policiales y considera que su posicionamiento constituye un precedente de defensa de la comunidad universitaria.
Ante lo sucedido en Zaragoza, CGT exige al Rectorado transparencia total y un informe detallado sobre si solicitó o autorizó la entrada de los antidisturbios y cuáles fueron los criterios operativos seguidos. Reclama también que abandone la equidistancia y condene expresamente tanto la violencia policial como los discursos de odio de la extrema derecha en la universidad.
Asimismo, pide que la Universidad de Zaragoza ponga a disposición sus Servicios Jurídicos para emprender acciones legales contra los responsables de las cargas policiales y de las agresiones sufridas por estudiantes y personal universitario. Finalmente, exige el cese de la presencia policial en los campus y la adopción de medidas activas para garantizar una universidad de “libre pensamiento, antifascista y segura”.
“Por una universidad pública libre de discursos de odio y de represión policial”, concluye la sección sindical.
Anticapitalistas y Abrir Brecha exigen dimisiones: “Contra el fascismo no existe la neutralidad política”
Anticapitalistas Aragón y Abrir Brecha Zaragoza también han denunciado las cargas policiales del jueves 22 de octubre y exigido responsabilidades políticas a la Delegación del Gobierno español en Aragón y al Rectorado de la Universidad de Zaragoza. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones reivindican el carácter pacífico de la movilización antifascista y su resultado: impedir que Vito Quiles celebrara el acto que había anunciado en el campus de San Francisco sin autorización universitaria.
Según remarcan, más de un millar de personas, entre estudiantes, profesorado, personal universitario y ciudadanía, participaron en una protesta “plural e intergeneracional” contra los discursos racistas, machistas, LGTBIQfóbicos y fascistas. Denuncian que la situación cambió cuando un grupo de neonazis se aproximó a la concentración, lanzó objetos y rompió el cordón policial, mientras los antidisturbios cargaron contra quienes se manifestaban contra la presencia del agitador ultraderechista.
Las organizaciones describen golpes policiales en caras y cuerpos, uso de gas pimienta y lanzamiento de pelotas de goma. También denuncian que posteriormente, en la plaza San Francisco, la Policía utilizó botes de humo que provocaron problemas respiratorios entre manifestantes. Frente a esta actuación, critican que Quiles pudiera abandonar la zona escoltado por agentes de la Policía Nacional.
Anticapitalistas y Abrir Brecha señalan directamente a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior por el despliegue policial. A su juicio, ambas instituciones disponían de capacidad para evitar las cargas y permitir que la protesta se desarrollara sin violencia policial.
Sus críticas alcanzan también a la rectora Rosa María Bolea, a quien responsabilizan de que Unizar solicitara la entrada de la Policía en el campus. Cuestionan además la posición institucional del Rectorado y denuncian que se intentara borrar rápidamente cualquier rastro de las agresiones en los alrededores de la Facultad.
Por todo ello, exigen la retirada de los cargos contra las cinco personas detenidas, la dimisión de la delegada del Gobierno en Aragón y de la rectora de Unizar, así como la derogación de la Ley Mordaza.
“Contra el fascismo no existe la neutralidad política. Contra el fascismo no hay neutralidad que valga”, concluyen Anticapitalistas Aragón y Abrir Brecha Zaragoza, que consideran responsables de la represión tanto a Delegación del Gobierno como al Rectorado.
Contracorriente exige la retirada de los cargos y responsabilidades políticas y penales
Por su parte, la organización estudiantil Contracorriente ha difundido un comunicado bajo el título “Ante la represión policial en Zaragoza: absolución para todos los detenidos. ¡Ya basta de reprimir y criminalizar a la juventud!”, en el que condena la actuación de la Policía Nacional durante la movilización antifascista del 22 de octubre.
La organización expresa su solidaridad con las personas heridas y detenidas, reclama la retirada de los cargos y exige que se depuren responsabilidades políticas por las cargas.
Contracorriente cifra en más de mil las personas jóvenes, estudiantes y trabajadoras que acudieron al campus para rechazar la presencia de Vito Quiles. Reivindica que la movilización convocada por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y las organizaciones estudiantiles logró impedir que el agitador utilizara la universidad pública como plataforma para sus discursos.
Según su relato, la intervención policial se produjo después de que un grupo de jóvenes que coreaba consignas fascistas intentara irrumpir en la concentración y lanzara objetos contra las personas movilizadas. La organización denuncia que la Policía desplegó un amplio operativo y terminó cargando y utilizando gas pimienta contra manifestantes, entre quienes, asegura, había menores de edad.
También acusa al dispositivo policial de proteger a quienes acudieron a provocar y de permitir que Quiles pronunciara un discurso en la plaza San Francisco, fuera del recinto universitario, antes de abandonar la zona escoltado por agentes.
Contracorriente rechaza expresamente las versiones que presentan lo ocurrido como un enfrentamiento entre dos grupos equivalentes. A su juicio, esa interpretación desdibuja el carácter antifascista de la movilización y oculta las responsabilidades de la actuación policial.
“Ninguna provocación ni incidente justifica una intervención de semejante violencia”, sostiene.
Dimisiones en Delegación, Interior y Rectorado
La organización estudiantil responsabiliza al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y al Gobierno español del PSOE y Sumar del despliegue policial que rodeó la protesta. Denuncia que, desde horas antes de la concentración, el campus estuvo sometido a controles, registros e identificaciones de estudiantes.
Por ello, exige la dimisión de la persona titular de la Delegación del Gobierno en Aragón, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la rectora Rosa María Bolea y su equipo. También reclama responsabilidades políticas y penales a los mandos policiales que dirigieron el operativo.
“Una universidad pública no puede convertirse en un espacio militarizado donde se golpea a estudiantes por movilizarse contra la extrema derecha”, afirma Contracorriente.
La organización recuerda que las cinco personas detenidas afrontan acusaciones penales y advierte de que no quiere que se repita un caso como el de los conocidos como los “Seis de Zaragoza”. Reclama su absolución y la retirada de todos los cargos.
Una denuncia que trasciende Zaragoza y enlaza con la huelga general del 11N
Contracorriente sitúa los acontecimientos de Zaragoza dentro de un contexto más amplio de movilizaciones juveniles contra la ultraderecha y de actuaciones policiales en distintas ciudades.
En su comunicado menciona protestas en Barcelona, Iruñea y A Coruña, y denuncia detenciones de jóvenes durante las movilizaciones de Barcelona del pasado sábado. Según las cifras que aporta la organización, se produjeron 128 detenciones, 72 de ellas de menores de edad.
La formación estudiantil cuestiona que el Gobierno español se presente como garantía frente a la extrema derecha mientras, según denuncia, reprime a quienes se movilizan contra ella. También vincula estas protestas con las luchas estudiantiles y juveniles de Francia, Alemania, Portugal y Albania, entre otros territorios, contra la precariedad, el militarismo y las guerras.
“Ni las cargas, ni los gases, ni las amenazas de la extrema derecha van a detenernos”, advierte Contracorriente, que llama a reforzar la autoorganización estudiantil y su vinculación con las reivindicaciones de la clase trabajadora.
Finalmente, la organización emplaza a participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre, que presenta como una oportunidad para unir las luchas por una vivienda digna, contra la precariedad y la represión policial, contra el racismo y en defensa de los servicios públicos, así como para rechazar el militarismo y los presupuestos de guerra.
