La Asociación Lobo Aragón, ha iniciado una campaña “para impulsar la denuncia del posible fraude en la administración de los fondos de la PAC y FEDER” en Asturies y Cantabria. A juicio de la entidad, “la caza de lobos es incompatible con unas buenas prácticas ambientales que se pretenden implementar desde la política de la PAC”.
“Aquellas explotaciones que no implementan medidas de protección al ganado y por ese motivo sufren ataques, presionan al gobierno autonómico a que proceda a la eliminación de lobos al amparo de una ley que es improcedente para dicho objetivo, ya que se incluye en la redacción la elimianción y descatalogación de una especie protegida cuya valoración del estado biológico de la especie no era parte de la documentación a valorar. Cuando se produjo legítimamente la valoración de la población de lobo, se produjo la inclusión del lobo en el LERSPE”, subraya la entidad aragonesa.
La inclusión de dichas disposiciones en la ley de desperdicio animal, “podrían ser constitutivas de abuso de derecho, al utilizar elementos legales para ejercer el derecho subjetivo de eliminar a los lobos de forma aparentemente legal, pero sobrepasando los límites del objetivo de dicha ley causando un daño injustificado debidamente al patrimonio natural común, que es el lobo, en contra de todos los dictámenes científicos”, recalca Lobo Aragón.
Del mismo modo, la entidad entiende que “aquellas personas que adquieren medios de protección con la ayuda de los fondos FEDER y sufren ataques sin que se deje constancia fehaciente de que dichos medios se han usado y de cual es el motivo de que no hayan sido eficaces, estarían haciendo un uso indebido de dichos fondos, y podría darse el caso incluso de que se estuvieran entregando fondos sin la correspondiente prestación del bien subvencionado a cambio”.
Es por ello, que solicitan que se investigue desde Europa “la documentación de la concesión de dichas medidas comparada con las indemnizaciones y la verificación de cumplimiento de las mismas, ya que la muerte de los lobos es un recurso de última hora, cuando se constata la ineficacia de las medidas”.
Asimismo, Lobo Aragón señala que “el pago de ayudas en casos en los que no se han implementado medidas protectoras en otras comunidades está en el objetivo de Lobo Aragón. No puede ser de ningún modo aceptable la petición de eliminación del patrimonio natural común tras invertir dinero público de toda Europa en su protección, por decisión de una determinada comunidad autónoma”, concluye la entidad aragonesa.
