La entidad SOS Ribagorza considera que la aprobación definitiva del servicio público de transporte por cable, o telecabina, entre Benás y Sarllé (Benasque y Cerler en castellano) “no resuelve las dudas sobre el proyecto, sino que las agrava. El Ayuntamiento ha aprobado un servicio que nace sin reglamento de funcionamiento, sin plan de salvamento conocido, con dudas económicas relevantes, sobre una infraestructura declarada ilegal en primera instancia, pendiente de sentencia firme por el TSJA, y con 2,4 millones más de subvención de la DGA concedidos por PP y Vox”.
A juicio de la entidad la cuestión principal “ya no es que la telecabina está construida, sino si tiene sentido poner ahora en marcha un servicio deficitario, con cargo a nuevas subvenciones públicas, cuando una sentencia de primera instancia ha cuestionado aspectos esenciales del proyecto, viabilidad económica, inundabilidad y suficiencia técnica, y la resolución definitiva podría llegar en un plazo razonable”.
SOS Ribagorza recuerda que si el estudio de viabilidad inicial se hubiera realizado correctamente antes de impulsar la obra, “esta infraestructura no se habría iniciado. Ahora se pretende convertir el hecho de que esté construida en una obligación de explotarla, aunque ello suponga cargar al Ayuntamiento y al conjunto de los aragoneses con un servicio no esencial cuyo déficit se estima inicialmente en torno a 5.500 euros por día de funcionamiento”.
“El propio alcalde reconoció en el Pleno una cuestión clave: los fondos europeos no financiaban su puesta en marcha. Esa frase desmonta la idea de que la telecabina deba explotarse inmediatamente para no perder fondos europeos. Si los fondos Next Generation financiaban la construcción y no la puesta en marcha, el Ayuntamiento debe explicar qué obligación concreta de explotación sigue pendiente y por qué no sería más prudente esperar a la sentencia firme antes de comprometer nuevos contratos y nuevos gastos”, subrayan desde la entidad ribagorzana.
Para SOS Ribagorza, la alternativa más prudente “es esperar a la sentencia definitiva y conservar la instalación en condiciones”. Pues , recuerdan que el propio expediente reconoce “riesgos jurídicos, técnicos y patrimoniales, por tanto, “lo responsable no es iniciar una explotación deficitaria, sino evitar compromisos irreversibles hasta aclarar las dudas legales, hidráulicas, económicas y de seguridad”, afirman.
En ese sentido, proponen que “si las administraciones no quieren esperar, podría estudiarse el traslado para el aprovechamiento de la telecabina dentro de la estación de esquí de Cerler, donde estaría directamente vinculada a la actividad que genera la mayor parte de la demanda. Con el dinero que todavía requerirían las infraestructuras pendientes, prescripciones de la CHE frente a inundabilidad, aparcamientos, drenajes, accesos, conexión con pistas y otros elementos auxiliares, junto con el déficit anual previsto, podría financiarse ese traslado, restituir la zona dañada y evitar seguir comprometiendo subvenciones públicas en un servicio municipal deficitario y de dudosa rentabilidad social”.
“Por otro lado, el Ayuntamiento presenta la telecabina como un transporte público urbano entre Benasque y Cerler, pero el servicio aprobado será estacional: 188 días y 1.908 horas anuales. Si la finalidad pública declarada es conectar dos núcleos de población, debería justificarse por qué no se plantea una solución anual, flexible y proporcionada a la demanda real”, enfatizan.
Alternativas más razonables a la telecabina Benás – Sarllé
Desde SOS Ribagorza aseguran que “hay alternativas más razonables: mejorar la carretera actual, implantar autobuses eléctricos desde aparcamientos disuasorios, reforzar el servicio en fechas punta, ampliar horarios de acceso en días de máxima afluencia y mantener una conexión adaptada el resto del año. Un sistema de autobuses permitiría ajustar la oferta a la demanda real sin trasladar al Ayuntamiento y a Aragón el coste fijo de una telecabina sobredimensionada para la mayor parte del año”.
Además, a todo ello, recuerdan desde la entidad, se suma un problema jurídico esencial: “El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el servicio sin que exista todavía el Reglamento regulador del régimen jurídico y del estatuto de las personas usuarias. Ese Reglamento debe definir horarios, derechos y obligaciones, interrupciones, emergencias, responsabilidades, reclamaciones, accesibilidad y condiciones de uso. Sin embargo, en la misma sesión plenaria se acordó iniciar la contratación de la gestión integral, operación, explotación, conservación y mantenimiento”.
“La pregunta es evidente: ¿cómo puede contratarse la explotación de un servicio público de transporte de viajeros si todavía no existe el Reglamento que debe definir su funcionamiento básico? ¿Qué interés justifica asumir ahora ese riesgo con dinero público?”, se cuestionan.
También preocupa en la comarca “la ausencia de un plan de salvamento y evacuación conocido y aprobado. Una telecabina no es un simple atractivo turístico: es un transporte de personas suspendido sobre una traza compleja, en este caso con grandes pendientes, masa forestal, riesgos por fenómenos meteorológicos o incendios y dificultades de evacuación. Antes de autorizar su funcionamiento debería saberse cómo se rescataría a los pasajeros, medios, tiempos, accesos, coordinación externa y coste real”, recalcan.
En materia hidráulica, SOS Ribagorza afirma que “no se ha cumplido en su totalidad la prescripción de la Confederación Hidrográfica del Ebro vinculada a la Modificación Puntual 23 del PGOU, relativa a la estación inferior, accesos, aparcamiento y afección por zona inundable de flujo preferente. Mientras no se acredite completa y fehacientemente ese cumplimiento no puede darse por resuelta la implantación legal y funcional del servicio”.
En definitiva, a juicio de la entidad, en una val, como la de Benás, y en un país, como Aragón, “con necesidades urgentes en sanidad, educación, vivienda, carreteras, transporte público, servicios sociales, apoyo al sector primario, y despoblación , resulta difícil justificar que se destine alrededor de un millón de euros anuales a cubrir el déficit de una telecabina de uso estacional, jurídicamente discutida y con alternativas más proporcionadas”.
Por todo ello, SOS Ribagorza solicita al Ayuntamiento de Benás y al Gobierno de Aragón “que no avancen en la puesta en funcionamiento ni en compromisos económicos irreversibles hasta que se resuelvan, como mínimo, la situación judicial definitiva, el reglamento del servicio, el plan de salvamento, el cumplimiento íntegro de las prescripciones hidráulicas y la verdadera sostenibilidad económica del sistema”.
Finalmente, SOS Ribagorza anuncia que continuará estudiando y promoviendo las acciones administrativas y judiciales necesarias “para impedir que se despilfarre más dinero público. Entendemos que la movilidad entre Benás y Sarllé necesita soluciones rigurosas, seguras y proporcionadas. Esperar a la sentencia firme, mejorar la carretera, implantar autobuses eléctricos ajustados a la demanda o estudiar el traslado de la telecabina a la estación de esquí de Cerler son alternativas más prudentes que cargar al Ayuntamiento de Benasque y a los aragoneses con un servicio deficitario y jurídicamente discutido”, concluyen.
