Las familias de los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik han vuelto a lanzar una alerta sobre la situación de sus seres queridos, encarcelados en distintas prisiones marroquíes desde hace casi dieciséis años. En un comunicado difundido tras una rueda de prensa organizada por Équipe Media este pasado 15 de octubre, denuncian el progresivo deterioro de su estado de salud, las restricciones de visitas y comunicaciones, la dispersión penitenciaria y las dificultades para conocer su paradero, y reclaman su liberación inmediata.
La preocupación se ha agravado desde el pasado 23 de septiembre, cuando nueve presos iniciaron una huelga de hambre indefinida para exigir el respeto de sus derechos fundamentales, atención médica adecuada, el fin del aislamiento y el cese de los traslados que los mantienen alejados de sus familias y de su territorio. Según la información recopilada por sus allegados hasta el 14 de octubre, cinco continúan en huelga y cuatro la han suspendido por diferentes circunstancias, entre ellas el empeoramiento de su salud.
“Tememos seriamente por la vida de nuestros familiares”, advierten las familias, que describen una situación marcada por la enfermedad, el debilitamiento físico y la incertidumbre. También denuncian que algunas personas presas permanecen incomunicadas de facto con sus allegados, mientras madres de avanzada edad y familiares recorren cientos de kilómetros y esperan durante jornadas enteras frente a las cárceles sin conseguir una visita ni información fiable sobre su estado.
“No queremos que el silencio, la indiferencia y la falta de una intervención urgente terminen convirtiendo esta situación en una tragedia irreparable”, subrayan.
Gdeim Izik, el campamento que marcó un antes y un después en la lucha saharaui
En octubre de 2010, miles de personas saharauis levantaron el campamento de Gdeim Izik en las proximidades de El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado. La movilización, una de las mayores protestas sociales protagonizadas por la población saharaui, reclamaba empleo, vivienda, justicia social, dignidad y respeto a los derechos fundamentales, en un territorio que Naciones Unidas sigue considerando pendiente de descolonización y cuyo pueblo tiene reconocido el derecho a la libre autodeterminación.
El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas marroquíes desmantelaron el campamento y detuvieron a numerosos participantes. Los procesos judiciales posteriores fueron objeto de graves cuestionamientos internacionales por las vulneraciones de derechos denunciadas durante su desarrollo.
En 2013, varios de los detenidos fueron juzgados por un tribunal militar pese a su condición de civiles. Tras la anulación de aquellas sentencias, un nuevo juicio ante la jurisdicción civil marroquí confirmó en 2017 duras condenas, incluidas cadenas perpetuas y penas de veinte, veinticinco y treinta años de prisión.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron deficiencias en ambos procedimientos, especialmente por la falta de investigaciones adecuadas sobre las denuncias de tortura y la utilización de confesiones que los acusados aseguraban haber firmado bajo coacción.
“Dieciséis años durante los cuales hemos visto crecer a nuestros hijos sin sus padres, envejecer a nuestras madres sin sus hijos y deteriorarse la salud de nuestros familiares en prisión”, recuerdan las familias, que advierten de que las condiciones actuales pueden poner en peligro la vida de algunos de los presos.
Cinco presos continúan en huelga de hambre y su salud preocupa a las familias
Según la información recopilada por sus allegados hasta el miércoles 14 de octubre, los cinco presos que mantienen la huelga de hambre indefinida iniciada el 23 de septiembre son Hassan Dah, Sidi Abdallah Abbahah, Mohamed Bachir Boutenguiza, Hussein Zaoui y Ahmed Sbaai.
Los otros cuatro participantes iniciales —Mohamed Lamin Haddi, Naâma Asfari, Mohamed Bani y Bachir Khadda— han suspendido sus respectivas protestas por diferentes motivos, entre ellos el deterioro de su salud y las condiciones penitenciarias. Las familias subrayan que el fin de la huelga no significa que se hayan atendido las reivindicaciones que la motivaron.
La situación de Hassan Dah es especialmente preocupante. Según denuncia su familia, el preso fue trasladado desde la prisión central de Kenitra hasta la de Ben Guerir, cerca de Marrakech, sin que las autoridades informaran de ello a sus allegados. Durante aproximadamente dos días, estos desconocieron su paradero pese a sus reiteradas peticiones de información.
Cuando finalmente consiguieron visitarlo, lo encontraron en un estado de salud muy delicado. Además, según el testimonio que recibieron del propio preso, fue trasladado desnudo y sometido a torturas y malos tratos durante el desplazamiento. La familia exige una investigación inmediata e independiente y garantías para proteger su vida e integridad física.
También es alarmante la situación de Hussein Zaoui, que, según sus familiares, padece enfermedades crónicas, entre ellas problemas renales, asma e hipertensión arterial, desarrolladas o agravadas durante su encarcelamiento. Después de que su esposa consiguiera visitarlo al comienzo de la huelga, sus hijas acudieron a la prisión de Kenitra y se les impidió verlo. Desde entonces, han pasado varios días esperando ante las puertas de la cárcel sin obtener respuestas sobre su estado de salud.
Las familias relatan una situación igualmente preocupante en el caso de Ahmed Sbaai, condenado a cadena perpetua y aquejado, según sus allegados, de enfermedades cardíacas y renales. Su hermana, que había conseguido visitarlo en pocas ocasiones desde el inicio de la protesta, constató su importante debilitamiento físico. El 14 de octubre volvió a acudir a la prisión de Kenitra y, tras una larga espera, las autoridades le comunicaron que su hermano había sido trasladado a un hospital, pero se negaron a facilitarle el nombre del centro sanitario.
“Consideramos extremadamente grave que un preso con enfermedades cardíacas y renales, en huelga de hambre, sea hospitalizado sin que su familia pueda conocer su paradero”, denuncian. Por ello, reclaman información inmediata sobre su situación y garantías de acceso a la atención médica necesaria.
Una madre anciana presencia cómo su hijo vomita sangre
El testimonio sobre Mohamed Bachir Boutenguiza refleja hasta qué punto las familias temen que la situación desemboque en una tragedia. Su madre, de edad muy avanzada, y sus hermanas pasaron numerosos días intentando visitarlo en la prisión central de Kenitra, sin conseguir autorización. Finalmente, tras una movilización de protesta, pudieron acceder al encuentro.
Según denuncian, el preso se encontraba tan debilitado que no podía caminar por sus propios medios y tuvo que ser sostenido por dos funcionarios penitenciarios para llegar al lugar de la visita. Durante el encuentro, aseguran, vomitó sangre delante de su madre y sus hermanas. Las familias consideran que estas circunstancias exigen una evaluación médica urgente e independiente y reiteran su temor por la vida del preso.
Por su parte, la hermana de Sidi Abdallah Abbahah lleva días intentando visitarlo sin éxito. El 14 de octubre permaneció toda la jornada frente a la prisión donde se encuentra recluido, reclamando que le permitieran verlo. Ante la negativa de las autoridades, decidió permanecer allí como forma de protesta.
Los familiares denuncian que estos casos no son hechos aislados, sino que reflejan una realidad de sufrimiento, incertidumbre y dificultades continuas para mantener el contacto con las personas presas.
Naâma Asfari, Mohamed Lamin Haddi y otros presos que también sufren las consecuencias del aislamiento
La preocupación se extiende a quienes han suspendido la huelga de hambre. Naâma Asfari, condenado a treinta años de prisión, fue trasladado contra su voluntad a la cárcel de Loudaya, en Marrakech, en el contexto de las actuales movilizaciones.
Su esposa, Claude Mangin, ciudadana francesa y defensora de los derechos humanos, intentó viajar a Marruecos el pasado 12 de octubre acompañada por Philippe Bouyssou, alcalde de Ivry-sur-Seine, y Claire Delmotte, concejala de la localidad francesa. Las autoridades marroquíes impidieron la entrada al país de Mangin. Aunque los dos representantes municipales pudieron acceder a Marruecos, tampoco consiguieron autorización para visitar a Asfari.
Las familias denuncian esta nueva separación familiar y las restricciones que impiden conocer directamente las condiciones de encarcelamiento del preso. Recuerdan, además, que una huelga de hambre anterior de Asfari terminó después de que las autoridades penitenciarias asumieran determinados compromisos que, según su entorno, posteriormente incumplieron.
También alertan de los prolongados periodos de aislamiento que ha sufrido Mohamed Lamin Haddi y del deterioro de la salud de Mohamed Bani, que se vio obligado a suspender la huelga de hambre al empeorar su estado físico. En el caso de Bachir Khadda, trasladado finalmente a una prisión de El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado, también se ha suspendido la protesta.
Las familias insisten en que los cuatro siguen necesitando garantías para su salud, integridad física y derechos fundamentales.
La dispersión penitenciaria multiplica el sufrimiento de las familias
Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik permanecen repartidos entre distintas cárceles marroquíes, muchas de ellas situadas a cientos de kilómetros de sus hogares. Esta dispersión obliga a sus familiares a afrontar largos desplazamientos y gastos económicos considerables, sin garantías de que finalmente puedan realizar las visitas.
“Hay madres que han envejecido esperando el regreso de sus hijos”, explican. “Hay esposas que llevan casi dieciséis años viajando de una cárcel a otra y hay niños que crecieron viendo a sus padres únicamente durante visitas penitenciarias”, recalcan.
Las familias consideran que esta situación plantea graves cuestiones de derecho internacional humanitario y recuerdan que el artículo 76 del IV Convenio de Ginebra establece garantías específicas para las personas protegidas detenidas en territorios ocupados, entre ellas las relativas al lugar de reclusión, la atención médica y las condiciones de detención.
Por ello, reclaman el fin de la dispersión penitenciaria, el respeto a las garantías internacionales y el cese de las medidas de aislamiento injustificadas. Sin embargo, subrayan que su reivindicación principal va más allá de trasladar a sus seres queridos a cárceles próximas a sus hogares: “Nuestra exigencia fundamental es su liberación”.
Naciones Unidas ha considerado arbitraria la detención y reclama su puesta en libertad
Las familias recuerdan que la situación de los presos de Gdeim Izik ha sido examinada durante años por mecanismos internacionales de derechos humanos y que existen pronunciamientos expresos de Naciones Unidas que las autoridades marroquíes siguen sin aplicar.
En noviembre de 2016, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas adoptó una decisión sobre el caso de algunos presos, correspondiente a la comunicación número 606/2014. El organismo constató vulneraciones de la Convención contra la Tortura y reclamó medidas de reparación, una investigación independiente y garantías frente a posibles represalias.
Posteriormente, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria examinó la situación de dieciocho integrantes del grupo mediante su Opinión número 23/2023. El mecanismo concluyó que su privación de libertad era arbitraria, debido a graves vulneraciones de sus derechos, y consideró que la medida adecuada era su puesta en libertad inmediata, acompañada de reparación conforme al derecho internacional.
“¿De qué sirve que Naciones Unidas examine estos casos, constate violaciones de derechos fundamentales y reclame medidas concretas si, años después, nuestros familiares continúan encarcelados en estas condiciones?”, cuestionan las familias.
En este sentido, el pasado 12 de octubre, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), junto con otras organizaciones internacionales, publicaron una declaración conjunta para expresar su profunda preocupación por la huelga de hambre y reclamar la aplicación de las decisiones y recomendaciones de Naciones Unidas, así como la liberación de los presos políticos saharauis.
Las familias agradecen estos pronunciamientos, pero consideran que la gravedad de la situación exige pasar de las declaraciones a actuaciones urgentes de protección.
Denuncian detenciones tras la protesta de Rabat y reclaman la libertad de siete activistas
El comunicado también denuncia la represión sufrida durante la manifestación celebrada el 12 de octubre en Rabat, en la que familiares de los presos políticos saharauis reclamaban información sobre sus seres queridos y el respeto de sus derechos fundamentales.
Numerosos ciudadanos y activistas saharauis acudieron para expresar su solidaridad y acompañar a las familias. Sin embargo, la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes terminó con la detención de varias personas. Las familias aseguran que siete activistas saharauis permanecen encarcelados a la espera de juicio.
“Condenamos estas detenciones y denunciamos que quienes acuden a solidarizarse pacíficamente con unas familias que temen por la vida de sus seres queridos terminen también privados de libertad”, señalan. Por ello, exigen su puesta en libertad y el pleno respeto del derecho de reunión y manifestación pacífica.
Siete exigencias para proteger a los presos y garantizar sus derechos
Ante la gravedad de la situación, las familias de los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik dirigen siete exigencias a las autoridades marroquíes y a la comunidad internacional: la liberación inmediata de sus familiares, de acuerdo con la Opinión 23/2023 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y los demás pronunciamientos internacionales aplicables.
Atención médica urgente, independiente y especializada para evaluar el estado de salud de todos los presos, especialmente de quienes mantienen la huelga de hambre y padecen enfermedades crónicas.
El fin de las restricciones arbitrarias a las visitas y las comunicaciones, junto con información inmediata y transparente sobre el paradero y el estado de salud de los presos, especialmente en los casos de hospitalización y traslado.
Investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y malos tratos, en particular las relacionadas con el traslado de Hassan Dah a la prisión de Ben Guerir.
El fin del aislamiento injustificado y de la dispersión penitenciaria, con pleno respeto a las garantías establecidas por el derecho internacional humanitario.
La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, dentro de su mandato humanitario, para acceder a los presos y contribuir a garantizar su protección y el mantenimiento del contacto con sus familias.
Y una actuación urgente de los mecanismos de Naciones Unidas, incluidos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y los relatores especiales competentes, para que soliciten información inmediata a las autoridades marroquíes.
Llamamiento a la Unión Europea para la liberación de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik
Finalmente, las familias hacen un llamamiento a los gobiernos, las instituciones europeas y las organizaciones internacionales de derechos humanos para que intensifiquen sus gestiones y garanticen tanto la protección de sus seres queridos como la aplicación efectiva de los pronunciamientos de Naciones Unidas.
Su mensaje es claro: después de casi dieciséis años de encarcelamiento, denuncias de vulneraciones de derechos y sufrimiento familiar, consideran que la comunidad internacional no puede seguir limitándose a expresar preocupación mientras sus seres queridos continúan entre rejas y su salud se deteriora.
