La Coordinadora Recuperando, integrada por más de una treintena de colectivos y asociaciones de todo el Estado, pide a los partidos políticos que concurran a las elecciones generales que incluyan en sus programas electorales compromisos para publicar una relación completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946, reclamar aquellos cuya titularidad no esté justificada y aprobar una nueva Ley de Patrimonio Histórico que priorice el interés público.
La entidad que trabaja por la denuncia, el estudio y la recuperación del patrimonio inmatriculado irregularmente por la Iglesia católica, reclama avances efectivos en transparencia y en la revisión de estas inscripciones. La organización recuerda que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 permitió a la institución eclesiástica registrar bienes mediante un procedimiento excepcional, vigente hasta su derogación por la Ley 13/2015.
Una relación completa y accesible de los bienes inmatriculados
La primera de las medidas que plantea Recuperando es elaborar y publicar una relación completa, detallada e inequívocamente identificable de todos los bienes inscritos a favor de la Iglesia católica mediante este procedimiento entre 1946 y 2015. Para ello, reclama recabar del Colegio de Registradores la información correspondiente a todo ese periodo, y no únicamente la relativa a las inmatriculaciones realizadas desde 1998.
La información, que debería remitirse al Congreso de los Diputados, tendría que incluir datos suficientes para identificar cada inmueble, como el municipio, el Registro de la Propiedad, el número de finca registral, la descripción del bien, la entidad eclesiástica beneficiaria, la fecha de inscripción y el título o procedimiento utilizado, con las únicas limitaciones derivadas de la protección legal de datos personales.
La Coordinadora también exige que estos datos se publiquen en formatos abiertos, descargables y reutilizables, de manera que puedan ser consultados por las administraciones públicas, los parlamentos, los ayuntamientos, la comunidad investigadora y la ciudadanía. A su juicio, conocer qué bienes se inscribieron, cuándo, a favor de quién y con qué fundamento resulta imprescindible para determinar si entre ellos existen propiedades que deban formar parte del patrimonio público o comunal.
Reclama cumplir la resolución aprobada por el Congreso en 2017
Recuperando pide, además, el cumplimiento íntegro de la Proposición no de Ley 161/001437, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 4 de abril de 2017. La iniciativa instaba al Gobierno a elaborar, en un plazo de seis meses, un estudio sobre los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia católica desde 1998 y a reclamar aquellos cuya inscripción se hubiera realizado sin un título material y previo que acreditara la titularidad, así como los que fueran o hubieran sido bienes de dominio público no susceptibles de propiedad privada, aunque no estuvieran formalmente catalogados como tales.
La Coordinadora considera que la publicación de una relación de bienes en 2021 no agota el contenido de aquel mandato parlamentario. Por ello, reclama completar el estudio, identificar de forma inequívoca los inmuebles afectados y analizar las inscripciones para determinar cuáles carecían de un título suficiente que acreditase la propiedad de la entidad eclesiástica.
También plantea identificar los bienes que pudieran tener naturaleza demanial o comunal, o cualquier otra condición incompatible con su apropiación privada, e iniciar las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para reclamar su titularidad pública. Para avanzar en estos objetivos, propone establecer mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas e informar periódicamente al Congreso sobre los bienes examinados, las conclusiones alcanzadas y las actuaciones emprendidas.
Una nueva Ley de Patrimonio Histórico que priorice el interés general
La tercera propuesta de Recuperando es impulsar una nueva Ley de Patrimonio Histórico que actualice la normativa vigente y responda a las necesidades actuales de protección, conservación y gestión del patrimonio cultural.
La organización defiende que la nueva regulación refuerce la cooperación entre administraciones, la transparencia y la corresponsabilidad en la gestión patrimonial, especialmente en el caso de los bienes de titularidad pública o gestionados por entidades privadas. Asimismo, reclama que prevalezcan los criterios científicos, el interés general y el uso y disfrute del patrimonio por parte de toda la ciudadanía frente a los intereses particulares.
