CERMI Aragón ha reclamado este viernes ante las Cortes de Aragón ocho garantías para "reforzar los derechos de las personas con discapacidad" en la futura Ley de Vivienda de Aragón y conseguir que la accesibilidad universal se traduzca en medidas concretas y efectivas.
El presidente de CERMI Aragón, Jesús Carlos Laiglesia, ha comparecido ante la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial durante el proceso de tramitación del Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón para trasladar las principales propuestas del movimiento asociativo de la discapacidad al texto normativo. Ha estado acompañado por Pablo Escanero, vicepresidente de Servicios Sociales de CERMI Aragón.
Durante su intervención, Laiglesia ha reconocido "los avances que incorpora el proyecto, entre ellos la consideración de las personas con discapacidad y en situación de dependencia como destinatarias prioritarias, el reconocimiento de la accesibilidad como condición de una vivienda adecuada o su inclusión en los procedimientos de adjudicación".
Sin embargo, CERMI Aragón considera que estos avances "deben concretarse en garantías jurídicas y recursos suficientes para que el derecho a una vivienda accesible pueda ejercerse en igualdad de condiciones". La organización reclama avanzar desde un enfoque que califica de todavía muy asistencialista hacia un modelo basado en los derechos humanos, la inclusión social, la autonomía personal y la vida independiente. "La accesibilidad universal no puede ser un elemento complementario o meramente declarativo", ha subrayado.
Por ello, CERMI Aragón reclama que la futura ley incorpore expresamente los principios de accesibilidad universal, diseño universal, ajustes razonables y no discriminación por razón de discapacidad en los principios rectores de la política de vivienda.
CERMI Aragón pide asimismo mantener y recoger expresamente en la nueva Ley la reserva mínima del 4% de viviendas adaptadas en todas las promociones protegidas, públicas o subvencionadas, garantía ya contemplada en la legislación aragonesa sobre discapacidad. La organización reclama también que, cuando existan viviendas de este cupo que queden inicialmente sin adjudicar, la administración realice una difusión directa y suficiente, en colaboración con las entidades del Tercer Sector, antes de que puedan reincorporarse al régimen general.
CERMI Aragón recuerda que muchas personas con discapacidad viven en edificios construidos antes de las actuales exigencias de accesibilidad y solicita que la ley establezca ayudas garantizadas, subvenciones específicas, procedimientos preferentes y líneas estables de financiación para realizar obras de adaptación y rehabilitación accesible.
Más alternativas para poder elegir dónde y cómo vivir
La entidad reclama además que la vivienda se aborde desde la perspectiva de "la vida independiente, incorporando expresamente modelos como las viviendas con apoyos, las viviendas supervisadas, el cohousing inclusivo o la vivienda colaborativa", así como "la vinculación de la asistencia personal con el entorno residencial". "El objetivo es ampliar las alternativas y evitar que la falta de apoyos obligue a modelos de institucionalización no deseados", han recalcado.
CERMIN Aragón propone también cambios en los procedimientos para que el grado de dependencia y las necesidades acreditadas de accesibilidad tengan de forma real un carácter prioritario en la baremación y adjudicación. Y reclama además excepciones al requisito de no disponer de otra vivienda cuando la persona sea propietaria de un inmueble que haya devenido inaccesible y que no pueda reformarse para responder a sus necesidades funcionales.
Laiglesia ha reclamado igualmente que la futura normativa tenga en cuenta de forma expresa a las personas jóvenes con discapacidad en los procesos de emancipación, incorporando incentivos y medidas específicas dentro de los programas de vivienda.
Igualmente, CERMI Aragón plantea incorporar obligaciones en materia de accesibilidad cognitiva, comunicación, lectura fácil, lengua de signos y sistemas alternativos de comunicación, además de garantizar la accesibilidad de los portales y trámites digitales y contratos.
La organización considera necesaria que la nueva ley contemple la formación obligatoria en accesibilidad universal para todos los agentes implicados, desde profesionales de las administraciones públicas hasta promotores, arquitectos y constructores, para "evitar que continúen generándose barreras que posteriormente sea necesario eliminar".
Finalmente, CERMI Aragón ha pedido que se cuente de forma estable con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda y que se garantice expresamente su presencia en el futuro Foro de la Vivienda de Aragón previsto en el proyecto normativo.
