Berta Cáceres fue asesinada en 2016 debido a la resistencia del pueblo lenca y del COPINH a la construcción de una represa que la empresa DESA pretendía instalar en el río Gualcarque.
La noche del 2 de marzo de ese año, un grupo de sicarios ingresó a su casa y, con tres impactos de bala, acabaron con su vida. Desde entonces, Berta se convirtió en un icono mundial de la lucha feminista y su crimen en uno de los más emblemáticos de los periodos presidenciales de Juan Orlando Hernández (2014-2022), señalado por Estados Unidos de convertir al Estado de Honduras en un "Narcoestado".
Investigación del crimen
El décimo aniversario estuvo marcado por la entrega del informe del GIEI Honduras, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes creado en octubre de 2024 tras el acuerdo entre el Estado de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el COPINH para investigar a fondo la autoría intelectual, los delitos conexos y trazar un plan integral de reparación.
El GIEI-Honduras entregó su informe final el 12 de enero de 2026, antes del cambio de Gobierno en el país. El documento concluyó, entre otras cosas, que el asesinato de Berta fue una operación planificada y vinculada a DESA y al proyecto Agua Zarca; que hubo participación de agentes estatales; que existió obstrucción deliberada de la investigación, y que quedaron sin indagar niveles superiores de responsabilidad.
La participación de integrantes de la familia Atala Zablah en la estructura empresarial y en espacios de coordinación de seguridad de DESA, así como sus fluidas comunicaciones con los condenados, quedó constatada. Los expertos recomendaron profundizar la investigación sobre la autoría intelectual y las responsabilidades penales de los altos directivos de DESA.
Después del cambio de Gobierno, en marzo de 2026, durante una audiencia ante la CIDH, la representación del Estado hondureño cuestionó elementos de la investigación del GIEI relativos a la familia Atala. Según el COPINH, el Estado reprodujo argumentos de la defensa utilizados por Daniel Atala para desacreditar las conclusiones del grupo de expertos.
En febrero de 2026, un tribunal de Siguatepeque declaró culpable al policía Miguel Arcángel Rosales por manipulación de pruebas en la investigación inicial; otro acusado, Juan Carlos Cruz, fue absuelto.
En septiembre de este mismo año comenzó un nuevo juicio contra ocho acusados por el asesinato de Berta y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Entre ellos se encuentran personas vinculadas a la seguridad de DESA y su gerente ambiental, Sergio Rodríguez. El juicio fue suspendido el 17 de septiembre después de que la representación de la familia y el COPINH recusaran al tribunal de tres juezas por negarse a exigir que la Fiscalía entregara todas las pruebas disponibles.
Del reconocimiento a la censura
El anterior Congreso de Honduras, mediante el Decreto 62-2022, aprobado en 2022 y reformado dos años después, adoptó varias medidas por las que elevó a Berta Cáceres a la categoría de Heroína Nacional. Asimismo, instruyó a la Secretaría de Educación para que su vida fuera incluida dentro de los contenidos programáticos y el Plan de Refundación del Sistema Educativo Hondureño, así como en la galería de próceres nacionales en actos cívicos y de conmemoración a la Patria.
Además, creó el Premio Bertha Isabel Cáceres Flores como máximo galardón para los defensores del medio ambiente, reconocimiento que anualmente se otorgaría por el Congreso Nacional, y dispuso que el Banco Central de Honduras (BCH) incluyese su imagen en las nuevas emisiones del billete de denominación de doscientos (200) lempiras, junto a la frase "Despertemos Humanidad, ¡Ya no hay tiempo!".
La figura de Berta Cáceres, crítica de la discriminación, el racismo y la falta de consulta a las comunidades, no forma parte de la política con la que se está tratando de devolver el control de los recursos del país a un grupo pequeño de familias empresariales de Honduras, explica Carmelo Bermúdez, del COPINH: "Berta y otras figuras no se concilian con esa nueva política económica, estamos evidenciando un intento de borrar desde el inicio de este Gobierno la historia del pueblo hondureño y de sus símbolos de resistencia".
El billete de Berta
Aunque el anterior Gobierno no implementó todas las medidas anunciadas en tributo a la figura de Berta Cáceres, el BCH puso en circulación el billete de 200 lempiras el pasado 20 de enero, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña. La emisión se realizó una semana antes de que Nasry Asfura tomase posesión del cargo de presidente. Además del rostro de Berta, el diseño incluía una representación artística del río Gualcarque, símbolo de su lucha por la conservación de los recursos naturales, y la imagen de un telar tradicional del pueblo lenca, en homenaje a la herencia cultural de esta comunidad nativa.
En marzo de 2026, mes del nacimiento de Berta y cuando se conmemoraban diez años de su asesinato, comenzaron las informaciones sobre el retiro del billete.
El BCH no ha confirmado expresamente la retirada, tampoco la ha negado en sus respuestas a consultas periodísticas. No existe constancia oficial respecto a una retirada progresiva de los billetes cuando estos regresan al sistema bancario, tampoco un comunicado oficial del BCH que declare su pérdida de curso legal.
Sin embargo, en las calles y comercios es cada vez más difícil encontrar estos billetes nuevos, después de que el Estado hondureño gastara más de 1,2 millones de dólares en la emisión de 20 millones de estos billetes.
"No es posible por parte del Gobierno o del BCH sacar de circulación un billete que acaba de entrar en circulación por los costos que implica a la economía del país", señala Camilo Bermúdez; añade que presionaría más el uso de otros billetes y haría necesarias reimpresiones con un costo que no podría justificar.
"Hemos visto que mucha gente utiliza el billete como un artículo de colección con la imagen de Berta Cáceres para guardarlo y regalarlo a familiares o personas que vienen de afuera de Honduras", dice el integrante del COPINH.
Borrado de memoria
La controversia respecto al billete estaría relacionada con la desaparición de la figura lenca en otros ámbitos. Este año 2026, a pesar de haber sido incluida en la Galería de Próceres mediante el mismo Decreto 62-2022 del Congreso Nacional y de aparecer en la guía de símbolos, próceres, heroínas y héroes patrios del año 2025, Berta no figuró en los carteles, vídeos, manuales, publicaciones de redes ni documentos oficiales del actual Gobierno.
Visitación Padilla
También habría desaparecido Visitación Padilla, reconocida como la primera Heroína Nacional de Honduras en 2008 por su activismo social y político. Su liderazgo se consolidó en 1924 al movilizar a las mujeres en protestas antiimperialistas contra la ocupación de los marines estadounidenses. Además, combatió la dictadura del general Tiburcio Carías Andino, participando activamente en las protestas de 1944 para exigir democracia y la liberación de los presos políticos, y en la histórica lucha por los derechos civiles de las mujeres, un esfuerzo que culminó con la conquista del sufragio femenino el 25 de enero de 1955.
Negacionismo y espacios públicos
También en marzo de este 2026 se retiraron del Centro Cívico Gubernamental el busto y un retrato de Berta, instalados de forma permanente en marzo de 2022 en la denominada Plaza de las Etnias, lo que ha generado acusaciones de censura política.
Esta situación se sumó a otras controversias reportadas en el país por la alteración o eliminación de murales y espacios públicos dedicados a mantener viva la memoria de la ambientalista. Los murales de la Secretaría de Finanzas en Tegucigalpa fueron cubiertos con pintura blanca en febrero por trabajadores de esta institución, ocultando escenas sobre la Huelga Bananera de 1954, próceres y otros episodios de la historia hondureña.
En la Plaza Isy Obed Murillo, ubicada en el Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa, la Alcaldía eliminó el nombre que rendía tributo a Isy Obed, primer manifestante que perdió la vida en los alrededores del aeropuerto durante la crisis política de 2009.
En junio de 2026, medios hondureños informaron de que había sido borrado un mural dedicado a Berta Cáceres en la Dirección Departamental de Educación de Valle. Asimismo, el 25 de mayo de 2026, El Heraldo informó de que el proyecto denominado Bosque Berta Cáceres estaba siendo renombrado como Bosque Urbano Berlín.
Reivindicación popular
Camilo Bermúdez recuerda cómo el pueblo rescató la figura de Berta en la última fiesta patria: "Vimos cómo muchas escuelas salieron a desfilar con vestidos o pancartas en las que se menciona a Berta, hay siempre un pueblo que rescata sus símbolos a pesar de que hay un interés de borrar esta parte de la memoria y obviamente la figura de Berta es incómoda para estos grupos económicos y de poder que ahora están en el Gobierno, pues no lo pueden hacer de manera tan abierta. Existe una ley que establece que es heroína, por más de que no lo quieran implementar ahí está y no hemos visto ninguna propuesta para derogarla y lo mismo pasa con el billete de doscientos lempiras".
Impunidad vs. persecución
Aunque el procedimiento penal por el caso de Berta acreditó la existencia de una estructura criminal vinculada a la familia Atala Zablah y fuerzas de seguridad estatales, Daniel Atala Midence se fugó en 2023 al enterarse de que el Ministerio Público había emitido un requerimiento fiscal con orden de captura en su contra por el asesinato de Berta. Atala Midence es miembro de la poderosa familia Atala Zablah, accionista mayoritaria de DESA, empresa impulsora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y vinculada al Banco Ficohsa, BAC Honduras, equipos de fútbol, empresas de alimentación y medios de comunicación.
En cambio, desde la entrada del nuevo Gobierno de Asfura, la policía y la justicia hondureña se han lanzado a perseguir a las comunidades campesinas, indígenas y garífunas, conforme a las nuevas normas que el Congreso —de mayoría conservadora— está aprobando para satisfacer intereses privados y extranjeros. Entre estas normativas destacan la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y la Ley Especial para el Combate de Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
El 4 de septiembre, expertos independientes de Naciones Unidas pidieron al Gobierno de Honduras suspender inmediatamente más de 1.000 órdenes de desalojo que afectan a miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes. La criminalización iniciada al amparo de la nueva Ley de Protección del Sector Agroindustrial se verá acrecentada con la más reciente Ley de Combate contra Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
El 17 de septiembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación por las medidas, incluida la eventual declaración de determinadas estructuras criminales como asociaciones terroristas, y recordó que cualquier respuesta de seguridad debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.
El riesgo latente es que las nuevas disposiciones sobre terrorismo se utilicen políticamente para perseguir a campesinos, pueblos indígenas y garífunas por su defensa de los derechos humanos y la tierra.
Además del caso de Berta Cáceres, otras decisiones judiciales indican que el marco de impunidad para empresarios y políticos involucrados en casos de despojo y corrupción prevalece sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales de Honduras en materia de derechos humanos.
El 1 de septiembre de 2026, un juez hondureño sobreseyó definitivamente a Juan Orlando Hernández en el proceso por fraude y lavado de activos relacionado con el caso Pandora II, solo dos meses después de que Hernández regresara a Honduras tras haber recibido un indulto de Donald Trump, después de su condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico.
En el caso del asesinato del líder ambiental Juan López, ocurrido hace dos años, el 14 de septiembre de 2024, dos de los presuntos autores materiales e intelectuales se encuentran bajo arresto domiciliario, y Lenir Pérez, señalado como responsable intelectual de este crimen, permanece en libertad después de que se revocara la orden de captura en su contra, en un procedimiento que no avanza.
Desafíos, conflictividad social y movilización
Entre los desafíos del COPINH y la familia de Berta se encuentra combatir la impunidad de quienes ordenaron y se beneficiaron de los crímenes amparados por una institucionalidad racista y patriarcal que ha demostrado su voluntad de borrar de la memoria del pueblo hondureño el legado de mujeres como Berta Cáceres y Visitación Padilla.
No es casual que se revoquen medidas memorialistas —concebidas como garantías de no repetición— al mismo tiempo que se aprueban políticas públicas que amenazan la defensa de los derechos.
El retroceso que significan estas decisiones, al negar la reparación simbólica y la dignificación de las víctimas, plantea un reto para el pueblo hondureño en un momento de alta conflictividad social, caracterizado por el aumento de protestas y marchas en el país.
