Este próximo martes, 29 de septiembre, Esmeralda y su hija de 11 años tienen señalado un desahucio en Zaragoza. Según relatan a AraInfo amistades y activistas conocedoras de la situación, la familia lleva ocho años residiendo en una vivienda del número 65 de la calle Orense, en el barrio de Torrero. Madre e hija afrontan el lanzamiento sin una alternativa habitacional, después de que los endebles mecanismos de protección ante situaciones de vulnerabilidad no hayan evitado que el procedimiento de desahucio y la situación precaria de la familia sigan adelante. Esta situación se produce en un contexto marcado por la conmoción social provocada por el desahucio de Maricarmen y por la oleada de movilizaciones que, estos días, reclama medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.
La situación de Esmeralda evidencia algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas con ingresos insuficientes para hacer frente al alquiler. Durante los ocho años que lleva en la vivienda ha tenido que asumir, entre otros gastos, las reparaciones derivadas de una inundación provocada por una enorme tormenta que causó importantes daños en el inmueble y de los que, según relatan fuentes cercanas a la familia, el propietario no se hizo cargo.
A esta situación se suma una trayectoria personal marcada por la violencia machista. En 2019, Esmeralda fue declarada víctima de violencia de género y, desde entonces, ha atravesado un proceso que le ha provocado depresión y ansiedad. En la actualidad, además, afronta otro problema de salud importante.
Durante los últimos años también ha tenido que hacerse cargo de su hija mayor, que vivía con ella junto a sus dos hijos, nacidos en 2024 y 2025. Las cinco personas convivían con los ingresos procedentes de un trabajo temporal de limpieza, complementados con el ingreso mínimo vital. Posteriormente, cuando Esmeralda se quedó en paro, los ingresos procedían del subsidio de desempleo y del ingreso mínimo vital, que sumaban alrededor de 1.200 euros mensuales.
En 2025, su hija se marchó de la vivienda junto a sus dos hijos. Cuando Esmeralda comunicó este cambio de circunstancias en julio de ese año, el ingreso mínimo vital le fue retirado. El expediente continúa sin resolverse.
Una valoración de vulnerabilidad que no evitó el desahucio
Ese mismo año, tras recibir la notificación del juzgado sobre el desahucio, Esmeralda acudió al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para que se valorara su situación de vulnerabilidad y poder solicitar la suspensión del lanzamiento y una alternativa habitacional a través del convenio existente entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el Consejo General del Poder Judicial.
En aquel momento, sus ingresos rondaban los 1.200 euros mensuales. Sin embargo, según explican activistas por el derecho a la vivienda, en Aragón los criterios establecidos para considerar una situación de especial vulnerabilidad fijan el límite en una o una vez y media el IPREM, alrededor de 900 euros mensuales. Un límite sonrojante y alejado de la realidad socioeconómica actual. El informe emitido por el IASS concluyó que “no cumplía los requisitos para ser considerada vulnerable”, dejando en total desprotección a la unidad familiar.
La situación económica de Esmeralda empeoró poco después. Al mes siguiente de aquella valoración dejó de percibir el ingreso mínimo vital y pasó a contar únicamente con el subsidio de desempleo, que sigue cobrando actualmente y que no alcanza los 600 euros mensuales.
Ante este cambio de circunstancias, su abogado solicitó una nueva valoración de vulnerabilidad. Sin embargo, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales respondió que Esmeralda ya había sido valorada.
Con este informe, el procedimiento judicial continuó adelante y el desahucio quedó señalado para el próximo martes, 29 de septiembre, a las 10.00. Esmeralda y su hija afrontan así el lanzamiento de la vivienda en la que llevan ocho años viviendo sin que, según el relato del caso, se haya articulado una alternativa habitacional.
Un desahucio más en plena oleada de movilizaciones
El caso de Esmeralda llega en un momento en el que el desahucio de Maricarmen, una octogenaria madrileña desalojada de su vivienda, ha provocado una fuerte respuesta social y una oleada de movilizaciones por el derecho a la vivienda. A la acampada instalada en la Puerta del Sol y a las movilizaciones celebradas en distintas ciudades se suman estos días nuevas convocatorias en Aragón.
Teruel, Uesca, Chaca y Zaragoza tienen previstas concentraciones y movilizaciones durante los próximos días, mientras los Sindicatos de Inquilinas reclaman al Gobierno español medidas urgentes para frenar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda.
El próximo martes, mientras tanto, Esmeralda y su hija tienen señalado su desahucio. Un caso que vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre los mecanismos existentes para acreditar situaciones de vulnerabilidad y la realidad material de quienes, aun viendo reducidos sus ingresos por debajo de los límites establecidos, afrontan un lanzamiento sin alternativa habitacional. Amistades de la familia y activistas por el derecho a la vivienda están haciendo un llamamiento en redes sociales y aplicaciones de mensajería para que la ciudadanía acuda este martes al domicilio de la familia con el objetivo de detener el desahucio.
