El Centro Sira documenta en su última investigación “el impacto jurídico, físico, psicológico y psicosocial de movilizar a los servicios de bomberos en la ejecución de desahucios”. El estudio llega mientras casos como el desahucio de Maricarmen en Madrid y el debate sobre la objeción de conciencia vuelven a situar “los conflictos de roles y competencias en la agenda”.
Mientras la actualidad mediática vuelve a poner el foco en los desahucios, y también en el papel de quienes ‘se ven obligados a colaborar’ en su ejecución, tal y como adelanta la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios de Aragón, un nuevo informe del Centro Sira aporta una evaluación sistemática del impacto que estas movilizaciones tienen sobre los propios cuerpos de bomberos y bomberas. El informe, titulado ‘Tensar la línea del rescate. Impactos derivados de la colaboración de cuerpos de bomberos en intervenciones relacionadas con desahucios’, combina un análisis normativo comparado con una encuesta a 116 profesionales de distintos territorios del Estado español (24 con experiencia directa en desahucios y 92 sin ella).
Ninguna ley atribuye esta función a los bomberos y bomberas
El análisis jurídico constata que “ninguna de las legislaciones autonómicas (tampoco la legislación aragonesa) examinadas atribuye expresamente a los cuerpos de bomberos la ejecución material de lanzamientos”. El deber general de colaboración con juzgados y tribunales debe ejercerse dentro del ámbito de las competencias propias de cada cuerpo: “No crea una competencia nueva ni convierte la capacidad técnica para abrir un acceso en una obligación de garantizar el resultado del desahucio”, destaca el informe.
Los datos del informe del Centro Sira arrojan cifras contundentes: el 95,6% del personal no movilizado considera que los desahucios exceden las funciones del cuerpo, y destaca que un 70,8% de quienes intervinieron no fue informado previamente de que la activación estaba vinculada a un desahucio.
Además, el informe señala que el 79% desconoce si existe derecho a la objeción de conciencia, y el 72% ignora las consecuencias jurídicas de negarse a intervenir, mientras que un 89% percibe riesgos físicos relevantes, y el 76% carece de formación técnica específica para este tipo de intervenciones.
Otras cifras significativas son que el 70% señala un impacto personal alto o extremo, y el 98% cree que estas actuaciones afectan a la percepción social del cuerpo. Así como que el 95,8% no ha recibido ningún acompañamiento psicológico institucional, y el apoyo entre compañeros y compañeras aparece como el principal amortiguador disponible.
Un daño personal y colectivo que se suma al dolor provocado a quienes pierden su vivienda
El informe, adelantado por la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios de Aragón y que estará a disposición pública en la web del Centro Sira desde el martes 29 de septiembre, interpreta estos resultados “como una cadena de cuatro eslabones: la falta de cobertura legal expresa genera ambigüedad sobre el rol de los bomberos, esa ambigüedad se combina con una expectativa institucional de colaboración que las administraciones no aclaran, el conflicto resultante choca con la identidad profesional de rescate y protección, y, sin respuesta institucional, se cronifica como riesgo psicosocial”.
Así, un 50% de quienes intervinieron identifica “un conflicto ético o profesional directo”, y más de la mitad considera que estas actuaciones “cuestionan su proyecto profesional y su sentido de pertenencia al cuerpo”.
Por otra parte, el prólogo del informe, redactado por la Comisión Legal Sol, insiste en que “este informe no busca desplazar la atención de quienes pierden su vivienda, sino mostrar que unas mismas políticas de desahucio generan efectos que alcanzan también a quienes son movilizados para ejecutarlas”, y que ambas realidades pueden y deben abordarse “sin establecer competencia entre ellas”.
La objeción de conciencia no es la solución, es el síntoma
El informe advierte que centrar el debate “en la objeción de conciencia individual traslada a cada profesional la responsabilidad de resolver lo que es, en realidad, un problema colectivo de definición de funciones”. Por ello, una de las recomendaciones no es regular la objeción de conciencia, sino excluir expresamente a los bomberos de la ejecución material ordinaria de los desahucios, “dejando esa tarea en manos de la autoridad y los medios competentes”. Los desahucios no son entendidos como situaciones de emergencia ni de salvamento, “sino como procedimientos programados, alejados de la lógica de urgencia, rescate y protección que caracteriza la misión del cuerpo”, recalca el informe.
En este sentido, se establecen tres líneas de recomendaciones. La primera, una habilitación competencial: excluir a los bomberos de la ejecución material de lanzamientos y revisar los protocolos para que las comisiones judiciales recurran a medios ordinarios. La segunda, sobre información y prevención jurídica, para garantizar información previa y completa sobre cada activación y asesoramiento jurídico claro sobre las consecuencias de negarse a intervenir. Y una tercera, acerca de los recursos y bienestar, con el objetico de revisar equipos y protocolos de préstamo de material, y establecer apoyo psicológico institucional y sistemas de monitorización de los impactos a largo plazo.
El Centro Sira: malos tratos, tortura y otras vulneraciones de derechos humanos
Cabe destacar que el Centro Sira es una organización con más de diez años de experiencia especializada en la documentación médico-psicológica y psicosocial de situaciones de malos tratos, tortura y otras vulneraciones de derechos humanos, integrada por un equipo multidisciplinar de psicólogas, psiquiatras, médicas, abogadas y profesionales de las ciencias sociales.
