El largo expediente del Tiro de Pichón vuelve a colocar bajo sospecha la gestión municipal de uno de los conflictos urbanísticos más controvertidos de Zaragoza. Zaragoza en Común (ZeC) ha reclamado explicaciones al Gobierno de Natalia Chueca (PP) después de comprobar, según ha denunciado este lunes en la Comisión de Urbanismo, que cuatro años después siguen sin resolverse expresamente cuestiones planteadas en 2022 y podría estar en riesgo la recuperación de millones de euros de las arcas municipales.
El concejal de ZeC Suso Domínguez ha centrado sus críticas en la actuación seguida por el área de Urbanismo tras el mandato del Pleno relativo a la revocación de la expropiación de los terrenos del Tiro de Pichón y en la posterior tramitación de las solicitudes y recursos presentados por la entidad.
En concreto, Zaragoza en Común denuncia que el Ayuntamiento no resolvió expresamente ni la solicitud de suspensión ni el recurso de reposición presentado por el Tiro de Pichón.
Una ausencia de resolución que no resulta inocua. ZeC recuerda que la Ley 39/2015 establece que, cuando transcurre un mes desde la entrada de una solicitud de suspensión sin que exista resolución expresa, la ejecución del acto recurrido se entiende suspendida.
Es precisamente lo que, según Domínguez, ocurrió en este expediente, colocando a la empresa en una situación ventajosa sin que tampoco se le exigiera una medida cautelar.
“La suspensión no fue una decisión motivada por razones de prudencia. Fue la consecuencia de que el Ayuntamiento no resolviera en plazo. El problema es que se dejó operar al silencio administrativo en lugar de tomar una decisión expresa que le correspondía al Pleno y ponderar los intereses públicos en juego”, denuncia el concejal.
Domínguez subraya, además, que esa suspensión producida por el transcurso del plazo no impedía necesariamente que posteriormente el Pleno adoptase una resolución expresa. La normativa permite igualmente adoptar medidas cautelares destinadas a proteger el interés público y garantizar la eficacia de la resolución definitiva.
El peligro de que corra el reloj
Aquí se encuentra uno de los aspectos que ZeC considera más preocupantes. Según explica Domínguez, el informe municipal confunde la suspensión de la ejecución del acuerdo con la interrupción de los plazos de prescripción de una eventual reclamación económica.
“Son cuestiones diferentes y en el expediente no aparece, según hemos podido comprobar, que se garantice que el plazo para reclamar haya quedado interrumpido”, advierte.
El propio informe municipal, añade Zaragoza en Común, plantea además dudas acerca del plazo de prescripción aplicable: cuatro o cinco años. Para ZeC, esa incertidumbre convierte la ausencia de actuaciones municipales durante los últimos cuatro años en algo especialmente relevante.
“Estamos diciendo que existe un riesgo que el Ayuntamiento tiene la obligación de gestionar y proteger. Y llevamos cuatro años sin resolver, sin reclamar y sin exigir garantías que permitan asegurar el cobro”, afirma Domínguez.
Según las cifras manejadas por Zaragoza en Común, está en juego la recuperación de aproximadamente 8,23 millones de euros de principal, además de una parte relevante de los 2,35 millones abonados en concepto de intereses. La formación utiliza también la cifra global de más de 12 millones vinculada al conjunto del expediente.
Un pelotazo que viene de la Expo
El conflicto tiene sus raíces en la operación urbanística vinculada a la Expo de 2008. El Ayuntamiento expropió terrenos junto al Ebro atribuidos al Tiro de Pichón. El litigio sobre el justiprecio terminó llevando al Tribunal Supremo a elevar hasta 9,6 millones el valor de unos 12.622 metros cuadrados, frente a los 2,34 millones inicialmente abonados por el consistorio.
Pero posteriormente apareció documentación que modificaba sustancialmente el escenario. Un documento de la Comisaría de Aguas del Ebro de 1976 señalaba que parte de esos terrenos habían sido ganados al cauce mediante el vertido de escombros y mantenían su condición de dominio público, pudiendo utilizarse para viales o jardines pero sin posibilidad de edificar.
El Gobierno de Zaragoza en Común trató de revisar judicialmente la operación y la Confederación Hidrográfica del Ebro terminó avalando la titularidad pública mediante el deslinde de una finca de 6.865,83 metros cuadrados creada artificialmente sobre el cauce del Ebro. Aquello abrió la puerta a que el Ayuntamiento intentara recuperar el dinero abonado.
La reclamación lleva desde entonces atravesando gobiernos municipales. En diciembre de 2023, vecinos y vecinas de L'Almozara todavía se concentraban ante las instalaciones del club para reclamar la devolución del dinero a las arcas municipales.
¿Quién decidió no resolver?
ZeC reclama ahora al Gobierno municipal que explique por qué en 2022 no se resolvieron expresamente ni la solicitud de suspensión formulada por el Tiro de Pichón ni su recurso de reposición.
La formación pregunta también por la ausencia en el expediente de informes de Asesoría Jurídica que avalen o rechacen expresamente tanto la resolución de la suspensión solicitada como el propio recurso.
“Queremos saber quién tomó las decisiones, por qué se decidió no resolver y por qué se permitió que el silencio administrativo produjera la suspensión cuando lo que estaba en juego eran los intereses económicos del Ayuntamiento”, reclama Domínguez.
El concejal cuestiona que una Administración pueda mantener durante años sin resolver un expediente de semejante trascendencia y recuerda que la obligación de sus responsables es defender el interés general y el patrimonio de la ciudad.
“Aquí no estamos hablando de un expediente cualquiera. Estamos hablando del patrimonio de Zaragoza y de más de 12 millones de euros cuya recuperación está en juego. El Ayuntamiento tiene que explicar qué ha hecho durante estos años para proteger ese dinero y quién va a asumir la responsabilidad de las decisiones adoptadas”, concluye Domínguez.
