El PCTE cuestiona el modelo de implantación de centros de datos en Aragón

La organización sitúa la expansión de estas infraestructuras en el marco de un modelo económico orientado a la rentabilidad privada y advierte de sus consecuencias sobre el uso de la energía, el agua, el suelo y las posibilidades de desarrollo futuro del territorio. Frente a ello, defiende una planificación de la producción vinculada a las necesidades sociales y al control de los sectores estratégicos.

17 septiembre, 2026. 10:08
Foto: Brett Sayles, Pexels

El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) ha difundido un nuevo comunicado dentro de su campaña sobre el territorio y el modelo productivo en Aragón, en el que centra su análisis en la expansión de los centros de datos y en el papel que, a su juicio, desempeñan los grandes capitales privados en la orientación de los recursos productivos de la comunidad. La organización sostiene que el debate no debe limitarse al empleo generado o al consumo de agua y electricidad, sino abordar quién decide el destino de esos recursos y con qué objetivos.

"¿Quién está decidiendo qué se hace con los recursos productivos de Aragón y con qué objetivo?", plantea el PCTE, que vincula la expansión de estas infraestructuras con el desarrollo previo de las energías renovables y con la disponibilidad de suelo y capacidad eléctrica.

En este sentido, la organización comunista señala a empresas como Amazon, Microsoft y Blackstone, junto a capitales aragoneses como Forestalia o SAMCA, como actores que están tomando posiciones en un sector que considera "de rápido crecimiento". El comunicado pone como ejemplo la evolución de Forestalia, que "tras años acumulando proyectos, permisos y posiciones en el despliegue renovable" ha comenzado a promover grandes centros de datos vinculados a esas instalaciones y a sus derechos de acceso a la red.

El PCTE cita en concreto el proyecto Búfalo, que integra tres centros en Magallón, Botorrita y Alfamén, junto con instalaciones renovables asociadas y más de 540 MW de acceso y conexión para gestión de datos. También señala que SAMCA impulsa el proyecto Green IT Aragón, mientras que "las multinacionales tecnológicas y los fondos de inversión se están posicionando en el mismo mercado".

A juicio del PCTE, el elemento central es observar el movimiento de los capitales y no identificar a las empresas con una determinada actividad productiva. "No existe ningún compromiso de las empresas con las renovables, los centros de datos o cualquier otra actividad concreta", sostiene. Según explica, "el capital acumulado busca continuamente nuevos espacios en los que valorizarse en mejores condiciones, obtener rentabilidades superiores y apropiarse de una parte cada vez mayor de la riqueza social".

De producir energía a consumirla

El comunicado considera que Aragón reúne actualmente unas condiciones especialmente favorables para la implantación de industrias intensivas en energía. "La abundante producción renovable, el suelo disponible y la posición adquirida sobre la red eléctrica convierten ahora a Aragón en un lugar particularmente atractivo para una industria enormemente intensiva en energía", apunta el PCTE.

La organización interpreta este proceso como una nueva fase en el modelo de desarrollo territorial que viene analizando en anteriores textos de su campaña. "Aquello que se presentó como una transformación energética capaz de desarrollar el territorio se convierte también en la base de un nuevo ciclo de acumulación", afirma.

Para dimensionar el proceso, el comunicado recoge datos atribuidos al Ministerio para la Transición Ecológica, según los cuales Aragón tiene concedidos desde 2020 derechos de acceso para 5,1 GW de nueva demanda y la planificación eléctrica propuesta hasta 2030 podría permitir a las redes aragonesas atender una demanda equivalente a unas siete veces el consumo actual de la comunidad. El PCTE destaca especialmente que el propio Ministerio señala que "los centros de procesamiento de datos concentran el grueso de esa capacidad de acceso".

Para la organización, el dato resulta relevante porque muestra "la dimensión de la decisión que se está tomando", más allá de un debate exclusivamente técnico sobre megavatios.

"Qué producimos y quién lo decide"

El PCTE advierte de que recursos como "la energía, las redes de transporte, el agua, el suelo o las infraestructuras no son infinitos" y subraya que destinarlos a una determinada actividad condiciona necesariamente otros usos posibles.

En este sentido, plantea que "una gran capacidad eléctrica reservada durante décadas para un centro de datos puede dificultar que en esa misma zona se instale en el futuro otra actividad industrial". Una cuestión que, según el comunicado, puede tener consecuencias sobre el empleo, el asentamiento de población y el futuro económico de los municipios.

"No sabemos hoy qué actividades productivas necesitaremos dentro de veinte años", señala el PCTE, que considera por ello relevante que "una parte importante de esas posibilidades quede determinada por las decisiones presentes de grandes capitales privados".

El comunicado sitúa esta cuestión dentro de lo que denomina "la anarquía de la producción capitalista", aunque precisa que ello no significa que no exista planificación. "Amazon planifica sus inversiones; Forestalia planifica sus proyectos; Red Eléctrica planifica sus redes y el Gobierno de Aragón modifica la ordenación territorial para facilitar nuevas implantaciones", expone.

También señala el papel de las administraciones públicas en este proceso. Según el PCTE, el Estado "interviene activamente: declara y desarrolla proyectos de interés general (PIGA) e incluso habilita procedimientos expropiatorios para obtener los terrenos necesarios". Como ejemplo, menciona la ampliación de AWS, en la que, según recoge el comunicado, el Gobierno de Aragón ha reconocido la utilidad pública de los terrenos y la posibilidad de acudir a la expropiación urgente.

"Se planifican cuidadosamente las condiciones necesarias para que determinados capitales puedan invertir, pero no se planifica el conjunto de la producción en función de las necesidades de la población", sostiene la organización.

El PCTE afirma que actualmente no existe "una decisión previa sobre cuánta energía debe destinar Aragón a vivienda, transporte, industria, servicios públicos, producción de alimentos, investigación o infraestructura digital". En su análisis, "son los distintos capitales quienes concurren buscando oportunidades de beneficio y, a partir de sus decisiones, las instituciones adaptan redes, suelo e infraestructuras".

Por ello, la organización considera que el debate no puede reducirse a cuestionar las decisiones de un Gobierno concreto. "Su actuación tiene un contenido de clase perfectamente reconocible", afirma el comunicado, que acusa a las instituciones de convertir "la atracción de inversión privada en objetivo" y de reorganizar "recursos públicos y territorio para favorecerla".

El PCTE añade que este modelo "no comienza con el actual Gobierno de Aragón" y recuerda que en 2019, durante el Ejecutivo de Javier Lambán, el primer proyecto de AWS fue declarado inversión de interés autonómico y de interés general. También menciona la posterior promoción de "un polígono público de industrias tecnológicas en Villanueva de Gállego ligado a su implantación".

La organización considera que el Gobierno español mantiene actualmente "esa misma apuesta por convertir la expansión privada del sector en política de desarrollo", aunque introduzca requisitos destinados a limitar algunos de sus impactos ambientales y energéticos. Por ello, concluye que "no se trata, por tanto, de dos modelos productivos contrapuestos, sino de distintas formas de gestionar y acompañar un proceso cuya iniciativa y orientación fundamental siguen en manos del capital privado".

El PCTE cuestiona la identificación entre inversión y desarrollo

Otro de los ejes del comunicado es la crítica a la identificación entre inversión y desarrollo económico. "Que se acumulen miles de millones de euros en Aragón demuestra que existe una oportunidad rentable para el capital; no demuestra por sí mismo que se esté construyendo una estructura económica capaz de sostener a sus pueblos, generar un tejido productivo equilibrado o mejorar las condiciones de vida de quienes los habitan", sostiene.

"La reproducción ampliada del capital y el desarrollo social no son la misma cosa", concluye el PCTE.

La organización rechaza, al mismo tiempo, que la respuesta a la expansión de los centros de datos deba consistir en un rechazo genérico de estas infraestructuras. "Sería igualmente equivocado responder a este proceso rechazando los centros de datos en abstracto", afirma.

Según el comunicado, una sociedad socialista necesitaría "infraestructuras de cálculo, almacenamiento y comunicaciones para la industria, la ciencia, la sanidad, los servicios públicos y muchas otras actividades". Pero, añade, eso no implica mantener necesariamente las actuales dimensiones, localizaciones o usos: "No podemos tratar todo consumo informático existente como una necesidad social que simplemente haya que alimentar con más electricidad y más centros de datos".

El PCTE apunta así hacia los usos que considera vinculados al funcionamiento del capitalismo contemporáneo, mencionando "publicidad, especulación, vigilancia comercial, competencia entre plataformas, generación artificial de demanda y circulación incesante de contenidos cuyo objetivo fundamental es capturar nuestra atención y convertirla en beneficio".

"El territorio no debe obtener una compensación mejor por ponerse al servicio de la acumulación privada"

La organización también considera insuficiente una crítica centrada exclusivamente en la eficiencia energética o el consumo de agua. "Sus consecuencias ambientales son reales y deben tener un peso central en cualquier decisión sobre dónde y cómo se construyen estas infraestructuras", reconoce el comunicado.

Sin embargo, sostiene que "el problema no se resuelve sustituyendo una refrigeración por otra mientras permanece intacto el criterio que determina qué se produce". Tampoco considera suficiente exigir a las empresas "que dejen más impuestos o más empleos en Aragón".

"El territorio no debe obtener una compensación mejor por ponerse al servicio de la acumulación privada: debe dejar de organizarse en función de ella", afirma el PCTE.

El comunicado recoge asimismo la existencia de una oposición social a determinados proyectos. Señala que "plataformas vecinales, colectivos ecologistas y organizaciones en defensa del territorio se han coordinado para presentar alegaciones, impulsar movilizaciones y recurrir judicialmente algunos de estos proyectos".

Para el PCTE, aunque estas iniciativas parten de "sensibilidades y planteamientos diversos", expresan "una contradicción real": "cada vez más sectores de la población cuestionan que decisiones con consecuencias durante décadas sobre sus pueblos, sus recursos y sus condiciones de vida puedan presentarse como hechos consumados porque resulten rentables para unas pocas empresas".

Una propuesta basada en la planificación económica

Como alternativa al modelo que describe, el PCTE plantea una economía planificada que, según su propuesta, permitiría invertir el orden actual de las decisiones. "Primero, qué necesita la sociedad. Después, qué capacidad de cálculo y almacenamiento requiere para satisfacer esas necesidades, qué otras actividades productivas son necesarias, con qué recursos contamos y dónde pueden desarrollarse minimizando sus efectos ambientales y contribuyendo a un desarrollo territorial equilibrado", explica.

"Solo entonces tiene sentido decidir cuántos centros de datos construir, dónde situarlos y qué energía dedicarles", añade.

La organización considera que este planteamiento requiere "poner bajo propiedad social y control obrero los sectores estratégicos de la economía y articular de forma conjunta la política energética, industrial, tecnológica y territorial".

Según el PCTE, el objetivo no sería sustituir "las decisiones de un empresario por las decisiones aisladas de una administración", sino "poder organizar conscientemente la producción según las necesidades de la clase trabajadora y los límites materiales del territorio".

El comunicado concluye reivindicando un modelo territorial diferente al basado en la atracción de inversiones privadas. "Aragón no necesita convertirse en el mejor soporte posible para cada nuevo ciclo de acumulación que encuentre aquí suelo, agua o electricidad disponibles", sostiene. En su lugar, reclama "pueblos con futuro, una industria estable, servicios públicos y unas infraestructuras diseñadas para sostener la vida de quienes habitan el territorio".

"Hoy se decide una parte importante de ese futuro", concluye el PCTE, recuperando el eje que vertebra su campaña: "ellos ven recursos que valorizar; nosotros vemos las condiciones materiales para vivir y producir".

El comunicado termina con una consigna que resume la posición defendida por la organización: "Porque ellos quieren la tierra, no al pueblo".

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