El conflicto abierto en torno a la Inspección Educativa de Uesca da un nuevo salto. Alrededor de un centenar de docentes y representantes de familias, de la escuela pública y de sindicatos se reunieron este lunes, 14 de septiembre, en una asamblea que acordó impulsar nuevas movilizaciones para denunciar las actuaciones de la jefatura de Inspección en el Alto Aragón.
El detonante ha sido la propuesta de sanción de diez meses sin empleo y sueldo contra un delegado sindical. Según explican desde la asamblea, el expediente llega después de dos años denunciando unas intervenciones de la jefatura de Inspección que consideran “abusivas”.
Las personas reunidas consideran que se trata de un hecho de “extraordinaria gravedad”, tanto por la magnitud de la sanción propuesta como porque, según sostienen, se produce “en el contexto del cumplimiento de la actividad sindical de un delegado de la Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Huesca”. Aseguran además que, según la información de la que disponen, sería una de las mayores sanciones impuestas a un funcionario público en la provincia.
“Denunciar, preguntar, cuestionar y criticar”
La asamblea sitúa así el conflicto en el terreno de la libertad y la acción sindical. “Denunciar, preguntar, cuestionar y criticar las actuaciones de la administración forma parte inseparable de la acción sindical”, sostiene, antes de reivindicar estas funciones como “elementos imprescindibles en una administración democrática”.
El malestar viene de lejos. Ya en noviembre de 2025, la Junta de Personal Docente de Uesca exigió la dimisión de la entonces directora provincial de Educación si no cesaba al inspector jefe, cuya destitución había solicitado formalmente meses antes. El órgano de representación del profesorado denunciaba entonces la “inacción” de la Dirección Provincial, así como la “presión burocrática” y un “clima de temor” entre el profesorado.
Las denuncias continuaron durante este año. En junio, CGT Enseñanza Uesca denunció “prácticas autoritarias y de amedrentamiento” desde la Inspección Educativa y alertó del “clima de malestar y temor por la presión que están generando algunos miembros” de este servicio.
El expediente eleva el conflicto
La propuesta de sanción contra el delegado sindical ha elevado ahora un conflicto que volvió a hacerse público hace apenas unos días. El pasado 11 de septiembre, CGT mostró su “preocupación” por las declaraciones del actual director provincial de Educación, Carlos Oliván, sobre la Inspección y el expediente abierto al representante sindical.
El sindicato reclamó entonces que las actuaciones de la Inspección pudieran ser examinadas “con transparencia, objetividad e independencia”. Cuatro días después, el asunto trasciende la respuesta de una organización sindical y desemboca en una asamblea con alrededor de un centenar de participantes y un calendario de movilización.
Cese del inspector jefe, anulación de la sanción y revisión de expedientes
La asamblea ha acordado elaborar un manifiesto y desarrollar diferentes movilizaciones, cuyas fechas se irán anunciando próximamente. Además, las personas participantes decidieron adherirse a las convocatorias ya previstas para este martes 15 y el próximo 21 de septiembre.
Las reivindicaciones son tres: el cese del inspector jefe, la anulación de la propuesta de sanción contra el delegado sindical y la revisión de todos los expedientes y apercibimientos abiertos durante los últimos dos años a propuesta de esta Inspección Educativa.
Frente al modelo que denuncian, reclaman “una inspección que acompañe, y no sancione, y asesore, y no imponga”, basada en el respeto y capaz de fomentar “un ambiente sano en los centros educativos”. La nota que recoge los acuerdos de la asamblea termina con un mensaje inequívoco: “Basta ya del abuso de Inspección”.
