El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha llamado a la ciudadanía a movilizarse el jueves, 17 de septiembre, para tratar de impedir el desahucio de Yolanda y su familia de una vivienda gestionada por Zaragoza Vivienda. El lanzamiento está previsto a las 12:00 horas en el número 38 de la calle Alejandro Casona.
En una rueda de prensa celebrada este viernes, el Sindicato denunció la “falta de voluntad” de la sociedad municipal dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza —al mando del PP con el apoyo de Vox— para alcanzar una solución y aseguró que sus reiteradas peticiones para abrir una negociación han sido rechazadas o han quedado sin respuesta.
“No ha ofrecido otra salida que no sea la expulsión”, denuncia el colectivo, que reclama la paralización del procedimiento y un nuevo contrato de alquiler que permita a Yolanda y su familia permanecer en su vivienda.
Una segunda amenaza de desahucio
No es la primera vez que Yolanda se enfrenta a un procedimiento de estas características promovido por Zaragoza Vivienda. Según relata el Sindicato, la sociedad municipal ya interpuso en 2019 una demanda para desahuciar a la familia. Aquel lanzamiento terminó paralizado por la moratoria antidesahucios aprobada durante la pandemia de covid.
La protección decayó este año después de que PP, Vox y Junts sumaran sus votos en el Congreso para rechazar el decreto que prorrogaba el denominado escudo social, incluida la moratoria para los desahucios de familias vulnerables.
Ahora, el procedimiento contra Yolanda vuelve a ponerse en marcha. “En junio nos prometieron una reunión que nunca llegó, pese a múltiples intentos de concertarla. Exigimos la paralización del proceso judicial y una negociación real que garantice nuevos contratos para Yolanda y para Rocío”, sostiene el Sindicato.
El colectivo recuerda que el pasado 30 de junio ya se movilizó ante la sede de Zaragoza Vivienda para reclamar una solución para ambas familias. En el caso de Rocío, ha conseguido paralizar provisionalmente el lanzamiento, aunque denuncia que la entidad municipal continúa sin responder a sus peticiones de negociación.
“Las políticas públicas de vivienda no sirven para proteger a la clase trabajadora”
El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza sitúa ambos casos dentro de una crítica más amplia al modelo de vivienda pública que están desarrollando las distintas administraciones.
Según denuncia, personas residentes en vivienda pública se encuentran con reparaciones básicas pendientes —desde ascensores hasta calderas— y, en algunos casos, con procedimientos de desahucio sin alternativa habitacional o con propuestas que las obligarían a alejarse de su trabajo, su entorno y sus redes familiares.
La organización cuestiona especialmente que las administraciones recurran a fórmulas de colaboración público-privada mientras una parte de la población con menores ingresos continúa sin poder acceder a una vivienda asequible.
En Zaragoza, el Ayuntamiento gobernado por el PP, con el apoyo de Vox, desarrolla promociones sobre suelo municipal mediante derechos de superficie cedidos durante décadas a entidades privadas para construir, mantener y explotar viviendas destinadas al alquiler asequible. El propio Ayuntamiento cifra en miles las viviendas previstas mediante diferentes programas y fórmulas de colaboración público-privada.
La denuncia se produce, además, cuando el precio de oferta del alquiler en Zaragoza ha alcanzado un nuevo máximo. Según los últimos datos de idealista correspondientes a agosto, se sitúa en 12,3 euros por metro cuadrado, un 11,1% más que hace un año.
El Sindicato de Inquilinas también dirige sus críticas hacia el Gobierno estatal de PSOE y Sumar y su nuevo modelo de Casa 47. Entre los requisitos generales para acceder a sus alquileres se establece un mínimo de ingresos de 16.800 euros netos anuales, un umbral que, advierte la organización, deja fuera precisamente a parte de las personas con menos recursos.
“Esto solo demuestra que a día de hoy las políticas públicas de vivienda no sirven para proteger los intereses de la clase trabajadora, sino de los que se lucran con el negocio de la vivienda”, sostiene el Sindicato.
Negociación y nuevos contratos para Yolanda y Rocío
Ante esta situación, el Sindicato de Inquilinas exige a Zaragoza Vivienda que abra una “negociación real” con las familias afectadas y afronte las conversaciones con voluntad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a los procedimientos.
También reclama la paralización de los procesos judiciales contra Yolanda y Rocío y la firma de nuevos contratos de alquiler que eviten, señala, que la permanencia de las familias en sus hogares dependa de la renovación discrecional por parte de Zaragoza Vivienda.
La primera urgencia tiene ya fecha. El lanzamiento de Yolanda está previsto para el jueves 17 de septiembre a las 12:00 horas en la calle Alejandro Casona 38. El Sindicato de Inquilinas llama a acudir a la puerta de la vivienda para tratar de impedirlo bajo una reivindicación: “La clase trabajadora por el derecho a la vivienda”.
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