El grupo municipal de Teruel Existe en Calamocha ha presentado en el Ayuntamiento información relativa a las condiciones ambientales, socioeconómicas y de adecuación a la normativa municipal de la planta de biometano proyectada en el término municipal por Casiopea Green Gas, S.L.
A su vez, solicitan al Ayuntamiento de Calamocha “que informe al INAGA de todos estos condicionantes según lo previsto en la Ley de Prevención Ambiental que establece que, una vez concluido el trámite de información pública, el órgano ambiental competente solicitará al ayuntamiento un informe sobre la adecuación de la instalación a las ordenanzas municipales y sobre cualquier otro aspecto ambiental de competencia municipal en relación con la normativa sectorial que resulte de aplicación”.
El ayuntamiento también se pronunciará en dicho informe sobre la sostenibilidad social de la instalación, de conformidad con el artículo 9.4, y notificará el inicio del trámite de información pública a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento a los efectos de que puedan alegar. La legislación establece que “en el plazo máximo de treinta días hábiles, el Ayuntamiento remitirá dicho informe al órgano ambiental, el cual continuará con la tramitación del procedimiento si no hubiera recibido el informe en el plazo indicado. No obstante, el informe emitido fuera de plazo, pero recibido antes de dictar resolución, deberá ser valorado por el órgano ambiental”.
Ante esta posibilidad, Teruel Existe ha resumido las alegaciones presentadas al proyecto y las ha entregado al consistorio, dado que “su consideración obligaría al promotor a reformular íntegramente el proyecto: reubicación, capacidad productiva viable, distancia prudencial de seguridad, y a no comprometer la viabilidad socioeconómica, sanitaria y ambiental de la localidad”.
Teruel Existe considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha no permite por norma general la instalación de usos de tipo energético en suelo no urbanizable genérico pero la Declaración de Interés Público de la instalación, que el voto favorable de 3 de las 4 fuerzas políticas del Ayuntamiento (PSOE, PAR y PP, 8 de 11 concejales), hizo posible. Indican que “los elementos de juicio de los que disponía la corporación municipal en aquel momento eran escasos, situación que motivó también la abstención de Teruel Existe, tal y como se expuso en el pleno”.
Movilización ciudadana “sin precedentes” en Calamocha
Recuerdan que el proyecto ha desencadenado una movilización ciudadana “sin precedentes” en Calamocha, que se han presentado alegaciones formales y se han recogido más de mil firmas que muestran un “rotundo rechazo social”. Por ello, Teruel Exite demanda a la administración “que priorice el interés general y rechace la autorización ambiental: Calamocha no puede convertirse en un territorio de sacrificio extractivo donde los vecinos carguen con los impactos sanitarios y ambientales mientras los beneficios se concentran en un mercado energético externo”.
Principales alegaciones al proyecto
La formación informa de que la autorización de este tipo de instalación a poco más de 400 metros del polígono de nueva planta en el Antiguo Aeródromo y a menos de 900 metros del Polígono Agroalimentario supondría una modificación sustancial de las previsiones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha, en vigor desde hace más de veinte años.
Señalan que la ubicación de esta macroplanta plantea una “amenaza existencial” para la industria cárnica y agroalimentaria local: “la proximidad a una instalación que procesa materias fecales, SANDACH de origen orgánico y restos biológicos altamente putrescibles eleva al extremo el riesgo de contaminación sanitaria y bacteriológica. Un solo brote sanitario o la percepción de pérdida de higiene alimentaria en la zona podría arruinar la reputación comercial y los canales de exportación del sector”. A juicio de Teruel Existe también amenaza “el relevo empresarial del comercio en la zona a causa de la introducción de impactos olfativos continuos y la consiguiente devaluación paisajística y de la habitabilidad del casco urbano”.
Por otra parte, “la selección del emplazamiento responde a criterios puramente económicos del promotor, ignorando por completo la ordenación del territorio de Calamocha”. Por ello, transmiten que la parcela se halla a 807 metros del casco urbano consolidado y la distancia sería inferior a los sectores de suelo urbanizable previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calamocha de 2003.
“La mancha de olores calculada por el propio estudio de dispersión del promotor solapa estos terrenos. Aprobar la planta anularía la principal reserva de suelo ordenado destinada al crecimiento residencial de Calamocha, hipotecando un desarrollo urbano ordenado, de evidente interés público”, subrayan.
Asimismo, añaden que “las tres opciones planteadas para su ubicación son inviables, lo que por ley anula de raíz la validez del estudio de alternativas exigido por la Ley 11/2014, demostrando que la ubicación elegida estaba predeterminada artificialmente”.
Recalcan que “mientras el promotor promete un desarrollo favorable”, Teruel Existe valora que el proyecto “revela que solo se crearían en torno a 4 puestos de trabajo en fase de explotación. En contraposición, se ponen en juego cientos de empleos existentes del sector agroalimentario, de servicios y hostelero entre otros, actuando como un catalizador de la despoblación, reduciendo drásticamente la calidad de vida y empujando a familias y profesionales a emigrar o a frustrar su vuelta al pueblo”.
Basándose en el estudio científico internacional ‘Impact of biogas plants on rural residential property values and implications for local acceptance’, Teruel Existe estima “una pérdida de valor aproximada del 15% en viviendas y fincas. Este mismo estudio fija en 3,1 km la distancia mínima necesaria a una planta de biogás para lograr la aceptación de la población. Un último ejemplo mencionado es el de Llutxent, donde se estima una caída en los precios de la vivienda superiores al 50%”.
Igualmente, aseguran que “la eliminación del nitrógeno es una falsa promesa: según el proyecto, el digestato líquido evacuado mantendrá una concentración de nitrógeno amoniacal de 5,06 g/kg, lo que representa el 98% del nitrógeno amoniacal total original. Es decir, que el residuo que saldrá de la planta no está libre de olores ni estabilizado. Se cifra en cerca de 4.500 hectáreas la superficie necesaria para su vertido”.
No se ha presentado un Plan Agronómico de Gestión de Digestatos: “La planta generará un volumen descomunal de digestatos brutos. No obstante, el expediente carece de un plan que identifique parcelas reales del SIGPAC, análisis de suelos receptores de nitratos, balances analíticos de N-P-K o contratos firmes con agricultores. La aplicación masiva de este subproducto en suelos de la zona expone a los cultivos y al acuífero de abastecimiento humano a un riesgo incalculable de contaminación irreversible”, alertan desde Teruel Existe.
En este sentido, hacen hincapié en que para la puesta en funcionamiento de una instalación ganadera “es imprescindible acreditar que se dispone de parcelas en las que verter de forma segura el purín o los estiércoles generados”. En el caso del Jiloca, afirman, “ las instalaciones ya han acreditado un destino para sus residuos y subproductos. Por ello, la supuesta solución que se plantea, no es tal. Quizás sí podría serlo para las macroinstalaciones que empresas del sector cárnico pretenden promover directamente, sin asociación con ganaderos de la zona, perjudicando gravemente el interés de ganaderos locales y sus explotaciones familiares”.
“Una industria en competencia desleal y un agravio comparativo respecto a los ganaderos locales”
El Estudio de Dispersión de Olores asume “que se aplicará una medida preventiva consistente en la cubrición del digestato sólido para estimar una reducción teórica del 80% en los impactos olorosos”. Sin embargo, el Proyecto define explícitamente la plataforma de digestato sólido (de casi 9.000 m 2) “como una estructura no cubierta”.
“Esta discrepancia invalida por completo el modelo de olores presentado ante la administración”, afirman, y añaden que “este estudio se asienta sobre bases meteorológicas deliberadamente sesgadas y que se han subestimado los riesgos de inundabilidad (una avenida torrencial súbita desbordaría con facilidad la laguna abierta proyectada para almacenar el digestato líquido, vertiendo miles de toneladas de fango y lixiviados de nitratos directamente al subsuelo, provocando la contaminación irreversible de la masa de agua subterránea Monreal - Calamocha, de la que dependen el abastecimiento de los hogares de la comarca. Lo mismo sucede con la valoración de riesgos por descarga de rayos, siendo que la provincia de Teruel registra una de las densidades de descargas eléctricas (rayos) más elevadas de la Península Ibérica. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto también minimiza y oculta las repercusiones del complejo industrial sobre la fauna protegida de la comarca, e incluso sobre el entorno de la la ZEPA Laguna de Gallocanta (a escasos 10 kilómetros)”, enfatizan desde Teruel Existe.
“Irregularidades procedimentales y administrativas e incoherencia documental”
Teruel Existe denuncia que “el expediente del proyecto de Casiopea Green Gas, S.L. incurre en vicios sustanciales que vulneran los principios de transparencia y seguridad jurídica”. Entre otros, señalan “la reducción ilegal del plazo de información pública a 15 días para la presentación de alegaciones (la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón exige un periodo mínimo de un mes y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental a nivel estatal fija un plazo no inferior a 30 días hábiles para garantizar la participación pública). Dicha reducción es nula de pleno derecho, puesto que las directivas de la Unión Europea y la jurisprudencia consolidada impiden reducir los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluso bajo declaraciones de simplificación administrativa o interés para Aragón”.
“La documentación técnica aportada incurre en un fraude de ley al omitir la evaluación de infraestructuras esenciales para la viabilidad de la planta, indicando expresamente que tanto el ducto de conexión con la red de gas para la inyección de biometano como la línea eléctrica de evacuación serán objeto de proyectos independientes. Esta fragmentación deliberada del proyecto impide evaluar el impacto ambiental acumulado y sinérgico de todo el complejo industrial, lo que contraviene la legislación estatal y la doctrina de los tribunales”, destacan desde Teruel Existe.
Finalmente, recuerdan que “El BOA del pasado 24 de junio publicó el anuncio del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), por el que se daba inicio al proceso de exposición pública. Se iniciaba así el trámite de información al público del estudio de impacto ambiental y el proyecto básico de Autorización Ambiental Integrada de planta. Se establecía un periodo de 15 días para el estudio de la documentación y, en su caso, la presentación de alegaciones. Dicha planta había sido declarada de utilidad pública en el pleno del Ayuntamiento de Calamocha celebrado el 25 de julio de 2025 y, posteriormente y junto a otras instalaciones, de interés para Aragón en noviembre de ese mismo año por el Gobierno de Aragón”.
