El sindicato de Enseñanza de CGT Aragón, segundo en la enseñanza pública aragonesa, asegura que “la inseguridad jurídica en la que se encontraba el profesorado, que ha permitido que dos docentes se enfrenten a una denuncia por homicidio por imprudencia profesional, sigue siendo exactamente la misma con la nueva normativa impuesta por el Gobierno de Aragón”.
Desde CGT Enseñanza recuerdan al profesorado aragonés que la nueva normativa impuesta por la DGA para regular las actividades extraescolares “no cambia la inseguridad jurídica en la que el profesorado se encuentra cuando realiza actividades extraescolares, es decir, lo sucedido con los docentes que se enfrentan sin apoyo de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón a una demanda penal podría volver a pasar con esta normativa, lo cual es indignante cuando la administración sabe desde hace mucho tiempo que solucionar esta indefensión es la principal demanda del profesorado en este tema, y el principal escollo para que estas actividades se puedan realizar con normalidad en todos los centros”.
Desde la organización sindical rechazan la nueva normativa “porque ni recoge ninguna de las reivindicaciones principales del profesorado, ni soluciona ninguno de los problemas que el profesorado enfrenta cuando sale del centro con el alumnado. La escuela pública lleva décadas preparando y realizando miles de actividades extraescolares de todo tipo, no se necesita que lo que ya se hace nos lo pongan por escrito, sino que se nos de una cobertura jurídica de la administración en todos los casos, y que se compense el esfuerzo adicional que estas actividades suponen”, ya que, según CGT “la nueva orden es mero recopilatorio de normativa ya existente, en el que para más inri, se anima a privatizar estas actividades con empresas colaboradoras y seguros privados a contratar por los centros, y que como viene siendo habitual, traslada el trabajo y la responsabilidad a los equipos directivos y al profesorado exigiendo más burocracia innecesaria”.
Para CGT Enseñanza es “absolutamente desolador” que una administración pública aconseje a sus trabajadores y trabajadoras contratar pólizas que incluyan asistencia jurídica para tener protección durante su actividad laboral “además, que los centros tengan que contratar por su cuenta seguros de viaje y de accidentes, y contar con empresas colaboradoras, aumentaría los costes de estas actividades para las familias y dejaría a buena parte del alumnado sin poder realizarlas, algo que no parece importar a esta administración”.
Asimismo, el sindicato señala que “a CGT nos preocupa enormemente que el profesorado tenga seguridad de que la administración le va a proteger ante posibles denuncias que le lleguen producto de su actividad laboral, y a día de hoy ni hay una cobertura real jurídica y administrativa para el profesorado, ni hay unas condiciones laborales y organizativas dignas para este tipo de actividades, que por otra parte, son tan necesarias para el desarrollo integral del alumnado y que todos los cursos y en todos los centros se desarrollan gracias a la voluntariedad del profesorado”.
“Estas actividades se hacen fuera del horario lectivo, con horas extras sin remunerar y con una falta de asistencia jurídica real de la administración que está llevando a dos docentes a asumir unos costes económicos elevadísimos para poder defenderse de una acusación de homicidio, docentes que no van a contar con el apoyo ni la asistencia jurídica de la administración educativa aragonesa, y que si el texto presentado estuviera en vigor tampoco la tendrían”, por ello exigen al Departamento de Educación de la DGA “que negocien de verdad una normativa que afronte lo que los centros educativos están demandando”.
