Las cifras definitivas todavía pueden variar, pero hay una realidad que no admite matices: decenas de personas han muerto intentando alcanzar territorio europeo. “Detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una historia y una vida que no podrá continuar”, destacan desde el Movimiento Antirracista de Zaragoza
“No eran una invasión, un ejército ni una amenaza. Eran personas intentando llegar a un lugar donde poder vivir. Por eso rechazamos cualquier relato que convierta esta tragedia en un problema de orden público o que reduzca a quienes migran a una masa sin rostro. Lo ocurrido exige poner en el centro las vidas perdidas, los derechos de quienes llegaron y las decisiones políticas que condicionan estas rutas”, subrayan.
Las redes de tráfico de personas se aprovechan de la desesperación y de la falta de vías legales y seguras, pero no explican por sí solas lo ocurrido. “Cuando las posibilidades de entrada regular son insuficientes y las fronteras se refuerzan cada vez más, las personas no dejan de migrar: cambian de ruta, asumen mayores riesgos y quedan más expuestas a la explotación. Ceuta es también consecuencia de ese modelo”, recuerdan desde el colectivo antirracista aragonés.
El Estado español forma parte de la política europea de control y externalización de fronteras y mantiene acuerdos con Marruecos en materia migratoria. “Ante una tragedia como esta, la respuesta no puede limitarse a aumentar la vigilancia, los dispositivos policiales o la capacidad de devolución. Reforzar el control sin ampliar las vías seguras no evita la migración, la hace más peligrosa”, recalcan.
Una llegada colectiva no elimina los derechos individuales ni convierte la frontera en un espacio de excepción
Desde el Movimiento Antirracista de Zaragoza señalan que “toda persona que llega a una frontera mantiene sus derechos. Cualquier retorno debe respetar las garantías legales, la evaluación individual de cada caso y el acceso efectivo a la protección internacional. Una llegada colectiva no elimina los derechos individuales ni convierte la frontera en un espacio de excepción. Las fronteras no pueden ser lugares donde las garantías desaparezcan precisamente cuando las personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.
El colectivo también cuestiona que “ante cada crisis fronteriza, la prioridad vuelva a ser invertir más en vigilancia, equipamiento, infraestructuras y cooperación policial. Mientras tanto, las vías legales y seguras siguen siendo insuficientes y miles de personas viven en el Estado español en situación administrativa irregular, con dificultades para acceder a derechos básicos y con una mayor exposición a la precariedad y la explotación. La prioridad debe ser garantizar derechos y reducir los motivos que obligan a tantas personas a arriesgar la vida para migrar, pedir protección, trabajar o reunirse con su familia”.
Asimismo, recuerdan que “la política española y europea ha situado a Marruecos como un actor clave del control migratorio. Trasladar parte de ese control fuera de las fronteras europeas no traslada la responsabilidad. El Estado español y la Unión Europea siguen siendo responsables de las políticas que financian, coordinan y sostienen. La cooperación internacional no debería servir para alejar de la mirada pública posibles vulneraciones de derechos ni para convertir a terceros países en barreras de contención”.
El lenguaje que deshumaniza
El Movimiento Antirracista de Zaragoza rechaza también “el uso de las imágenes de Ceuta para alimentar discursos racistas. Hablar de ‘invasión, asalto o amenaza’ presenta a personas con historias, circunstancias y necesidades distintas como un enemigo colectivo. Ese lenguaje deshumaniza, favorece la discriminación y facilita la aceptación de respuestas cada vez más represivas. No hablamos de una masa: hablamos de personas, y muchas de ellas han muerto”.
“En Zaragoza conocemos además las consecuencias cotidianas de estas políticas. Las vemos en el trabajo sin contrato, la precariedad, las dificultades de acceso a la vivienda, los obstáculos administrativos, la discriminación racial y las situaciones de irregularidad que aumentan la vulnerabilidad frente a la explotación. La frontera no termina en Ceuta, también aparece dentro de nuestras ciudades cuando el origen o la situación administrativa condicionan el acceso real a derechos”, recuerdan desde el colectivo aragonés.
Una política migratoria basada en los derechos humanos
Por todo ello, defienden “una política migratoria basada en los derechos humanos y no en la militarización y la disuasión, vías legales y seguras para migrar y solicitar protección internacional, poner fin a las devoluciones en caliente y de cualquier retorno que no respete las garantías legales, una reducción del enfoque que trata la migración principalmente como un problema de seguridad, y el fin de la externalización del control fronterizo cuando esta implique convertir a Marruecos u otros países en barreras destinadas a impedir la llegada de personas a Europa”.
Consideran igualmente necesaria “una investigación independiente y exhaustiva sobre las muertes y sobre las actuaciones policiales y fronterizas en Ceuta, así como la determinación de responsabilidades políticas y, cuando corresponda, judiciales ante cualquier actuación ilegal o de vulneración de derechos. Defendemos también la regularización de las personas en situación administrativa irregular, la garantía efectiva de derechos laborales y sociales, el cierre de los CIEs y una revisión profunda de la Ley de Extranjería y del marco migratorio actual para situar la dignidad y los derechos por encima de la lógica de control”.
“Lo ocurrido en Ceuta no puede quedar reducido a un balance de víctimas ni desaparecer cuando deje de ocupar las portadas. Cada muerte en la frontera obliga a preguntarnos qué políticas estamos sosteniendo y qué alternativas estamos dejando fuera. Una sociedad que acepta que alguien tenga que arriesgarse a morir para buscar seguridad, trabajo o una vida digna tiene la responsabilidad de cambiar aquello que convierte ese trayecto en una amenaza para su vida”, enfatizan desde el Movimiento Antirracista de Zaragoza.
Finalmente, concluyen asegurando que desde Aragón, y su capital Zaragoza, seguirán denunciando “el racismo institucional, defendiendo los derechos de las personas migrantes y haciendo frente a quienes utilizan la desesperación de otras personas para sembrar miedo y odio. Ninguna persona es ilegal. Ninguna frontera vale una vida. Contra el racismo y el fascismo: derechos, solidaridad y justicia”.
