Hay imágenes que parecen hechas para provocar ternura. Familias y docentes entrando en pleno verano al CEIP Jerónimo Blancas y Tomás de Zaragoza, brocha en mano, arreglando desperfectos del colegio para que en septiembre sus hijos e hijas encuentren un centro un poco mejor. "Lo hacemos por nuestros hijos", explican.
Y claro que hay algo hermoso en esa implicación. Hay comunidad, compromiso y una defensa de la escuela pública que merece todo nuestro reconocimiento. Pero precisamente por respeto a esas familias y a esos docentes, no deberíamos romantizar lo que está ocurriendo.
Porque no les corresponde.
Las familias deben poder participar en la vida de un colegio, organizar actividades, construir comunidad, acompañar proyectos. El profesorado debe enseñar, educar y cuidar. Lo que ninguno de ellos debería tener que hacer es suplir con su tiempo, su dinero o sus manos aquello que las administraciones no han hecho.
El Jerónimo Blancas no es un edificio nuevo al que de repente le haya aparecido una grieta. Tiene más de medio siglo y su comunidad educativa lleva años reclamando mejoras. Hace apenas unos meses, desde el propio centro se denunciaban techos que gotean cuando llueve y se reclamaba más inversión en mantenimiento. Ahora vemos a familias arreglando desperfectos durante las vacaciones.
Eso no es participación. Es abandono institucional compensado por buena voluntad.
Y resulta todavía más difícil de aceptar cuando el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de presentar su Operación Coles, anunciando 1,7 millones de euros y 116 actuaciones en 58 colegios públicos. Las cifras quedan estupendas en una nota de prensa. Pero la política educativa no se mide por el número de anuncios, sino por si una familia tiene que coger una brocha porque nadie ha llegado antes.
La responsabilidad del mantenimiento de los colegios públicos de Infantil y Primaria corresponde al Ayuntamiento. Y el Gobierno de Aragón tampoco puede mirar hacia otro lado cuando hablamos de las condiciones en las que estudia su alumnado y trabaja su profesorado. Mucho menos en un momento en el que se exige cada vez más a la escuela pública mientras se toman decisiones políticas que desvían recursos hacia la enseñanza privada concertada.
Defender la escuela pública no es hacerse una foto con ella. Es financiarla, mantenerla y cuidarla.
A las familias del Jerónimo Blancas hay que darles las gracias. Pero después de darles las gracias hay que hacer algo bastante más importante: pedirles disculpas. Porque su generosidad no puede convertirse en la coartada de ninguna administración.
Nuestros colegios no pueden depender de que haya madres y padres con tiempo para pintar, reparar o adecentar. Porque además eso abre otra brecha: habrá centros con comunidades capaces de movilizar recursos y otros que no. Y los derechos de un niño o una niña no pueden depender del código postal, del bolsillo de su familia ni de cuántas personas puedan dedicar sus vacaciones a arreglar un aula.
La escuela pública se sostiene entre todas y todos. Pero sostenerla colectivamente significa pagar impuestos y exigir que quienes gobiernan cumplan con su obligación. No sustituirlos con una caja de herramientas.
La imagen de estas familias debería emocionarnos, sí. Pero sobre todo debería indignarnos.
