La Unión de Consumidores de Aragón (UCAragón) ha presentado alegaciones al proyecto de modificación del Decreto 35/2023, regulador de los establecimientos de alojamiento turístico al aire libre y de los alojamientos turísticos singulares. La organización considera que la reforma propuesta reduce la protección de consumidores y empresarios, debilita la seguridad jurídica y otorga a la Administración "un margen de discrecionalidad excesivo sin criterios objetivos que lo justifiquen".
El principal motivo de preocupación para UCAragón es la supresión de la actual prohibición de instalar este tipo de alojamientos a menos de 500 metros de actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. Según la organización, con esta modificación "desaparece el único criterio objetivo que actualmente permite determinar de forma clara la compatibilidad entre actividades turísticas y actividades susceptibles de generar molestias o riesgos para las personas usuarias".
Para UCAragón, "la principal preocupación no radica únicamente en la eliminación de la distancia mínima, sino en que la nueva regulación no incorpora ningún parámetro alternativo que permita garantizar decisiones homogéneas, transparentes y previsibles".
Una modificación "insuficientemente justificada"
La memoria justificativa de la reforma sostiene que la distancia mínima está dificultando la implantación de determinados proyectos turísticos considerados estratégicos. Sin embargo, la Unión de Consumidores de Aragón considera que esta afirmación carece de una motivación suficiente, ya que en la documentación sometida a información pública no figuran estudios técnicos, informes de impacto, análisis estadísticos, expedientes afectados ni evaluaciones comparativas que permitan acreditar la necesidad real de la medida.
"UCAragón entiende que cualquier reducción de garantías regulatorias debe sustentarse en una justificación rigurosa y verificable, especialmente cuando afecta a aspectos directamente relacionados con la calidad ambiental, la seguridad y las condiciones de disfrute de los servicios turísticos", señala la organización.
La entidad considera que la consecuencia más preocupante de la reforma es que sustituye una regla objetiva por decisiones administrativas basadas en valoraciones individuales sin criterios previamente definidos. En la práctica, advierte, ello podría provocar que situaciones similares recibieran respuestas distintas según el órgano competente, el territorio o la interpretación aplicada en cada expediente.
Esta situación, según UCAragón, afectaría tanto a consumidores como a empresarios, que perderían capacidad para conocer de antemano cuáles son los requisitos efectivos para la implantación de establecimientos turísticos.
"Una regulación moderna debe proporcionar flexibilidad cuando sea necesario, pero sin renunciar a los elementos objetivos que garantizan la igualdad de trato, la previsibilidad y la transparencia administrativa", apunta la organización.
Proponen sustituir la distancia por criterios técnicos objetivos
UCAragón considera que, si el Gobierno de Aragón entiende desproporcionada la distancia uniforme de 500 metros, la solución no debería pasar por suprimir cualquier referencia objetiva.
Por el contrario, propone que la compatibilidad entre actividades se determine mediante parámetros técnicos verificables, entre ellos los niveles máximos de ruido, las emisiones contaminantes, la generación de olores, la intensidad del tráfico asociado, los riesgos para la salud y la seguridad y otros indicadores ambientales o técnicos medibles.
Según la organización, "este modelo permitiría adaptar las decisiones a las características reales de cada proyecto sin generar incertidumbre ni riesgos de arbitrariedad".
Los consumidores, "ausentes del proceso de elaboración"
La Unión de Consumidores de Aragón también expresa su sorpresa por la afirmación del propio proyecto normativo de que la reforma fue consultada con organizaciones y asociaciones representativas. La entidad señala que no ha participado en ningún proceso de consulta previa ni ha sido requerida para formular observaciones durante la elaboración de la norma.
"Tampoco nos consta que haya sido consultado el Consejo de Consumidores de Aragón, órgano consultivo del Gobierno para temas relacionados con los consumidores", añade UCAragón.
La organización recuerda que se trata de una modificación con efectos directos sobre la calidad de los servicios turísticos y sobre los derechos de las personas usuarias, por lo que considera "imprescindible reforzar los mecanismos de participación de las asociaciones de consumidores en este tipo de procedimientos regulatorios".
Asimismo, solicita que se hagan públicas las entidades efectivamente consultadas, las observaciones presentadas y el modo en que dichas aportaciones han sido consideradas en la redacción definitiva del texto.
Las peticiones de UCAragón
A través de las alegaciones presentadas, la organización solicita mantener la actual distancia mínima de 500 metros prevista en la normativa vigente.
En caso de continuar con la reforma, reclama incorporar criterios técnicos objetivos que sustituyan adecuadamente la protección existente, así como reforzar la transparencia y la participación de las asociaciones de consumidores durante la tramitación de la norma.
También pide informar públicamente sobre las organizaciones consultadas y las aportaciones recibidas durante la elaboración del proyecto.
"La Administración no puede sustituir una garantía objetiva por decisiones discrecionales sin explicar cómo se tomarán esas decisiones. Eliminar reglas claras sin aportar criterios alternativos supone aumentar la incertidumbre y reducir la protección tanto de los consumidores como de los propios empresarios turísticos", concluye UCAragón.
