El juicio rápido previsto para este viernes contra José Antonio Ramos, cabeza visible del grupo parapolicial OkupAcción, por un presunto delito de lesiones contra una vecina de Zaragoza, ha terminado con la suspensión de la vista y la inhibición del tribunal en favor del Juzgado de Instrucción nº10.
Los hechos por los que se abrió esta actuación, contados por AraInfo en su momento y de los que también se ha hecho eco elDiario.es este viernes, ocurrieron el 29 de junio, cuando cuatro integrantes de esta organización, conocida como una "empresa de desokupación", acosaron a la mujer —que en ese momento se encontraba en casa con sus tres hijos mientras su marido trabajaba— con el objetivo de amedrentar a la familia para que abandonara el domicilio por la vía extrajudicial. Una estrategia de acoso que, según la denuncia, se remontaría al mes de abril.
Cabe recordar que la familia, según ha recalcado este viernes su representación letrada, se encuentra al corriente del pago de las rentas de alquiler y dispone de un contrato al que aún le quedan varios años de vigencia.
El abogado de la familia, residente en la Margen Izquierda de la capital aragonesa, Fernando Rodríguez Burgués, ha explicado que el motivo de la inhibición es que el tribunal "ha visto que con los mismos denunciantes, los mismos denunciados, los mismos hechos o hechos similares y el mismo lugar de comisión de los hechos que los que constaban es una denuncia anterior presentada en el mes de abril".
La denuncia mencionada —por coacciones— recayó en el Juzgado de Instrucción nº10 y, aunque fue sobreseída inicialmente, se encuentra recurrida por el letrado de la familia. Precisamente, uno de los motivos del recurso es la reiteración de los hechos denunciados a lo largo del tiempo. Rodríguez considera que existe una "conexión clara" entre los hechos denunciados en abril y los de junio.
Esta inhibición reforzaría la tesis de la acusación, ya que "estamos pasando de un delito leve a unas diligencias previas" y, además, apuntalaría lo que considera un probable "delito continuado". La presencia de integrantes de OkupAcción en el vecindario ha sido recurrente desde abril: "Esto lleva ocurriendo muchas veces", ha sentenciado el letrado.
Uno de los aspectos más llamativos ha sido que la petición del abogado de la acusación para que el tribunal se inhibiera ha sido respaldada por la representación legal de José Antonio Ramos, que habría asegurado desconocer el contenido de la denuncia anterior, probablemente debido a su archivo inicial.
Así, todo queda por ahora en manos de la decisión de la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº10, que deberá estudiar, entre otras cuestiones, el contenido del vídeo grabado por la víctima del acoso el 29 de junio y al que tuvo acceso AraInfo. Este documento audiovisual refuerza la versión de la familia, ya que las imágenes muestran el acoso de cuatro hombres corpulentos en la puerta del domicilio hacia la madre de la unidad familiar, tal y como describimos en anteriores informaciones. Durante los escasos segundos de grabación se viven momentos de gran tensión y violencia. Los hechos se produjeron en presencia de los tres hijos menores de la familia, lo que añade un agravante a los efectos del acoso.
"En este caso se están pasando mucho"
"En este caso me parece que se están pasando mucho. Hay un contrato en vigor y cumplen todos los meses con el pago de la renta", recalca el letrado. A su juicio, "aquí se está cometiendo un delito, una coacción", añade. Además, sostiene que la presunta comisión de coacciones es "de ellos y de la que los ha contratado", en referencia a la propietaria.
Rodríguez, aunque puede entender que existen casos en los que pequeños propietarios sienten indefensión ante determinados procedimientos por impago de rentas y, desesperados, pretendan "atajar" la situación contratando este tipo de empresas, cree que el caso que afecta a sus representados está muy alejado de esa realidad.
"En este caso concreto lo que pasa es que a esta señora se le pasó el plazo para rescindir el contrato y se ha vuelto a ampliar cinco años más". Rodríguez explica que esto impidió su pretensión de recuperar el uso de la vivienda alegando necesidad para un familiar de primer grado. El burofax enviado con posterioridad carecería de validez, según sostiene el letrado.
Este sería el motivo, según el abogado, que ha empujado a la propietaria a ligar su suerte a un grupo que vende soluciones extrajudiciales. De hecho, ha llamado la atención sobre que el burofax fuera enviado de forma paralela a la aparición en la finca del grupo liderado por José Antonio Ramos, lo que demostraría que no se esperaba resultado alguno por la vía legal cuando fue remitido.
Presiones sobre los informadores
En la mañana de este viernes, dos componentes del Consello d’AraInfo se desplazaron a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para cubrir la vista, coincidiendo con otro profesional de elDiario.es en el seguimiento del procedimiento a las puertas del tribunal.
Los profesionales de la información realizaron con normalidad su trabajo, aunque fueron interpelados en distintas ocasiones por José Antonio Ramos e, incluso, fotografiados en varias ocasiones.
Poco después de las 14:00 de este viernes, poco tiempo después de concluir las actuaciones judiciales, el perfil de Facebook de OkupAcción publicó una entrada acompañada de una fotografía de Pablo Híjar, redactor de AraInfo, tomada durante su labor profesional en los juzgados.
En esa publicación se aseguraba que "hace unas horas se celebraba la primera vista contra Pablo Híjar Bayarte y el medio digital AraInfo. Tal y como se informó en dos comunicados, OkupAcción no podía quedarse quieta ante tanta mentira y falsa acusación en numerosos artículos del citado medio". Como resulta evidente, el contenido de la publicación nada tenía que ver con lo acontecido en la Ciudad de la Justicia y su único objetivo era el señalamiento de los informadores, una práctica reiterada en el perfil de esta empresa.
La publicación ha sido eliminada aproximadamente una hora después, aunque AraInfo ya había podido certificar su contenido. Posteriormente, el perfil difundió una nueva actualización con un texto distinto en referencia al procedimiento judicial, muy alejado de los hechos conocidos por este Diario Libre d'Aragón, acompañada nuevamente de una fotografía de nuestro redactor.
